A mediados del mes pasado –el 17 de mayo- organizaron en Los Pinos un evento en conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, en el que el presidente Enrique Peña Nieto anunció dos iniciativas de reforma para combatir la discriminación a las personas LGBTTTI. La primera, una reforma constitucional que modifique el artículo 4, de tal suerte que indique que toda persona mayor de 18 años tiene derecho a contraer matrimonio sin ningún tipo de discriminación. La segunda, una reforma al Código Civil Federal que redefina el matrimonio como “la unión entre dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común”, incorporando, igualmente, la posibilidad de divorciarse sin causales, la no discriminación en el proceso de adopción de menores en función de la orientación sexual o la identidad de género, y finalmente, la posibilidad de cambiar el género en las actas de nacimiento.


matrimonio

El problema con dicho desplante de solidaridad frente a “la diversidad” no versa sólo en el hecho de que lo planteado por el presidente fuera algo ya previsto por la Constitución o por criterios emitidos por la SCJN –a partir de que en el 2009 se aprobara la reforma al Código Civil del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo–, sino en la forma de asumir que con ello se salda una deuda con la comunidad LGBTTTI y con la parte de la sociedad que está ávida de justicia social en temas de diversidad.

Más allá de que aún haga falta que ambas iniciativas sean aprobadas por el Congreso, así como la primera también por los estados para “cantar victoria”, vale la pena usar el momento para reflexionar sobre lo que implica la forma en que se ha construido el discurso y la discusión alrededor de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Son, hasta el día de hoy, 16 los países en los que las personas del mismo sexo pueden casarse. Aun cuando en proporción parezca no ser mucho, la medida en que se ha avanzado es, para muchos, indicador de una tendencia que parece ser objetivo de moda para las democracias. En nuestro país se aprobó, primero, en 2006 la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal y en el 2009 la reforma al Código Civil –también del DF– que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además de la Ciudad de México, en nuestro país te puedes casar con alguien de tu mismo sexo si vives en Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco y Campeche; pero, si vives en cualquier otro estado, tienes que tramitar un amparo para poder hacerlo gracias a la resolución de la SCJN del año pasado.

¿Y qué opinamos los mexicanos al respecto? Hoy, de acuerdo con datos arrojados por una encuesta llevada a cabo por el Gabinete de Comunicación Estratégica, 64%1 de los mexicanos aprueba el reconocimiento del matrimonio igualitario. Curiosamente, en la misma encuesta, el 78% de las personas consideró que la discriminación en contra de las personas LGBTTTI “es muy grave”, pero para el 18% de los encuestados la medida sería aceptable siempre y cuando tuvieran menos derechos que las parejas heterosexuales (sic), mientras que para el 25% la acción es inadmisible porque “afecta los valores morales de la familia” (GCE, 2016).

Pero, además de las encuestas de opinión pública, los mexicanos opinamos mucho, Hay varias escalas en el debate respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. En la parte más básica (y donde más gente se siente con el derecho a opinar) se encuentra la más cliché y retrógrada sobre la pertinencia, o legitimidad, del acceso a la institución matrimonial por parte de las familias que no son “las tradicionales”, acerca de la que en este espacio no voy a ahondar puesto que lo considero un despropósito; en la parte media se encuentra la discusión más técnica sobre la calidad de las reformas y la necesidad de mejorarlas o de complementarlas con otro tipo de iniciativas;2 por último, en el otro extremo –el más abstracto– de la discusión, la pertinencia de la figura per se del matrimonio en la actualidad. Es alrededor de esta última que reflexionaré a continuación.

¿Por qué situar al matrimonio como la batalla principal de la diversidad sexual y genérica? Ésta no sólo es insuficiente, sino que perpetúa un esquema de relaciones familiares en el que no tienen cabida, ni protección, el resto de las formas de hacer familia que no se adscriban a tal.

El acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo se ha celebrado, desde hace aproximadamente una década, por mucha gente que se considera progresista. Sin embargo, ello se ha debido en gran medida a que la lucha en pro de la legalización de las parejas del mismo sexo ha terminado por volverse sinónimo de la anti-homofobia, de la tolerancia y de la inclusión; aún más, se ha planteado como la solución o atención ante cualquier problemática LGBTTTI.

No obstante, el matrimonio se ha configurado como una forma de regulación de la sexualidad y de la conformación de la familia al establecer una serie de beneficios (entre los que se encuentran, por ejemplo, la seguridad social y el estatus migratorio) que privilegian a las personas que se casan en comparación a las que no lo hacen. Otras formas de hacer familia no sólo no gozan de los mismos beneficios, sino que son estigmatizadas.

Gayle Rubin (1984) elabora sobre la forma en que se jerarquiza a las sexualidades como un mecanismo de control y explica cómo la sexualidad es dividida en función de lo aceptable (lo natural/normal) y lo que se considera malo o anormal.3 La homosexualidad –cuando es monogámica, y más cuando hay matrimonio–, así como las parejas que no están casadas pero viven juntas, pueden entrar dentro del círculo de lo aceptable; sin embargo, estos cambios no eliminan la jerarquía de los comportamientos sexuales, ni cuestionan la existencia de la misma.

El feminismo ha percibido desde hace tiempo al matrimonio como una herramienta de control social y explotación laboral, por lo que en un esfuerzo por desmitificarlo, las feministas4 se han esforzado en desmantelar la idealización del romance, del matrimonio, de la crianza de los niños y el cuidado, revelándolos como fantasías culturales que insertan a la mujer en trabajos no remunerados y cultivan la violencia sexual. Incluso, en varias corrientes feministas y decolonialistas, el matrimonio ha sido considerado como una herramienta de racismo, colonialismo, xenofobia y medidas antiinmigrantes, de la protección de la propiedad privada y fomento de la mala distribución de la misma. Bajo estas perspectivas, la defensa del matrimonio igualitario busca la inclusión por parte de un sector de la población históricamente excluida en un aparato estatal violento y controlador (Spade & Wilse, 2013).

La crítica contra el matrimonio no se basa en promover una cultura relacional sobre otra, ni en juzgar a quienes deciden casarse, sino en apelar a la posibilidad de poder elegir la forma familiar que se prefiera sin los constreñimientos que la sociedad nos impone –y que reproducimos– desde que, por ejemplo, vemos películas de Disney. El punto es que no debería haber recompensas estatales ni sociales en función de la forma en que se elige vivir. La meta última tendría que ser construir un mundo en el que toda persona obtenga lo que necesita sin condicionantes que dependan de su sexo, género, clase social, estatus migratorio o modelo familiar; y en ese sentido, un acercamiento más integral a los problemas que atañen a las personas con orientación sexual o identidad de género diversa implicaría un esfuerzo por desvincular el acceso a ciertos derechos en función del estado civil, y un análisis sobre cómo las personas LGBTTTI sufren por, entre otras cuestiones, el acceso a servicios de salud.

Hemos asumido que estar a favor del matrimonio igualitario es necesario para no ser homofóbico porque se nos ha vendido la idea de que ello va a resolver problemas importantes de las personas LGBTTTI; sin embargo, valga la ocasión para replantearnos la pertinencia de la institución no sólo en su versión igualitaria, sino en general, en una época en la que hasta a las mentes más brillantes de nuestra generación sufren el estigma y el desamparo de no casarse, en una época en la que la industria de las bodas en EEUU asciende a 40 mil millones de dólares al año, en una época en la que el éxito se mide según el tamaño del diamante de compromiso. Incluso, en una época en la que el matrimonio sigue siendo una fuente de violencia contra las mujeres.5

Mientras tanto, si vamos a abogar por derechos igualitarios reconociendo la diversidad en nuestras sociedades, es importante hacer un esfuerzo por apoyar y difundir la justicia social, económica y de clase por las que varios frentes de activismo han luchado durante años y para la que nunca se ha visto el matrimonio como su solución.

Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es asesora legislativa.


1 Según un estudio hecho por BGC Excélsior, es el 65% de los mexicanos quienes afirman estar de acuerdo en el tema del matrimonio igualitario.

2 La discriminación laboral o en la vivienda, el acceso a tratamientos de salud –sobre todo relacionados con el VIH–, el acoso policíaco. Parejas del mismo sexo con hijos en las que no son reconocidas como padres o madres ambas partes; acceso a las licencias de paternidad y maternidad: no hay licencias para padres que adoptan, ni para madres que no lo son ni pariendo ni adoptando; la necesidad de reformar el régimen de amparo para que proteja los derechos humanos, tanto para el caso del matrimonio como para cualquier caso de derechos humanos (Vela, 2013, 2016).

3 Dentro de las primeras se encuentra la heterosexualidad, el matrimonio, la monogamia, la procreación, estar en una relación, ser de la misma generación, mantener la sexualidad privada, no ver pornografía, etcétera; lo que está fuera de los límites es: la homosexualidad, la soltería, la promiscuidad, las relaciones que no procrean, las relaciones casuales, la sexualidad pública, las relaciones intergeneracionales, la pornografía, los juguetes sexuales, el sadomasoquismo, etcétera.

4 Léase, para ahondar en la relación entre el feminismo y el amor romántico, entre otras, a Alexandra Kollontai, a Simone de Beauvoir, a Betty Friedan para aproximaciones más clásicas al tema, o a Coral Herrera para una sistematización contemporánea del tema.

5 Piénsese en los matrimonios de niñas y adolescentes, la exigencia de la virginidad, las violaciones maritales, la violencia doméstica, etc.

Referencias

Rubin, Gayle (1984). “Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”. En: Vance, Carol. Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. Boston: Routledge and Kegan Paul.

Spade, Dean y Craig Wilse (2013). “Marriage will never set us free”, Organizing Upgrade, 6 de septiembre de 2013.

Vela, Estefanía (2013). “Matrimonio gay, una victoria no definitiva”, El Juego de la Corte, Nexos, 18 de julio de 2013.

Vela, Estefanía (2016). “Las reformas de EPN: más allá de lo LGBT”, Pornucopia, El Universal, 20 de mayo de 2016.