“ Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”

Getulio Vargas

Este sexenio se ha caracterizado por un sinnúmero de casos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Desde fraudes carreteros hasta escándalos por conducir en estado inconveniente, en donde no se ha visto ningún tipo de acción legal para las personas involucradas. La aplicación selectiva de la ley generalmente se refleja en estos casos donde se exime de consecuencias legales a personas pertenecientes a élites económicas o políticas que infringen la ley. Sin embargo, poco se habla de esta aplicación selectiva de la ley cuando la incidencia recae en las personas más pobres que, a pesar de ser la misma inacción, responde a distintos incentivos y funciona de distinta forma. La investigación de la politóloga Alisha Holland se ciñe a este último punto.

1

Holland acuña el término “forbearance”, que se traduce como abstención o aplicación selectiva de la ley de forma deliberada a estratos poblacionales pobres, con el fin de proveer bienestar social que bajo esquemas “formales” no se da, maximizando al mismo tiempo resultados electorales. Esta abstención, cuando se aplica a los más ricos, implica corrupción o “amiguismo” mientras que para los más pobres es un mecanismo de distribución informal de bienestar.

Hay vasta literatura que sitúa la existencia de estos fenómenos, que van desde el ambulantaje hasta el crimen organizado, como consecuencias de la limitada capacidad del Estado para actuar, ya sea por un aparato burocrático engorroso o por altos costos monetarios que devienen del monitoreo de actividades. Sin embargo, existen políticas redistributivas detrás de estas instituciones endebles en democracias desiguales donde abundan votantes pobres.

Holland establece que este término debe cumplir con la condición de revocabilidad; es decir, que puede que las concesiones que da el político se renueven o no a lo largo del tiempo. Este horizonte temporal resulta ser ventajoso para los políticos ya que en circunstancias cambiantes como choques económicos (que permitan dar beneficios a la población más vulnerable en esquemas no costosos para el Estado) permite negociaciones informales cuando cambia el panorama político y también propicia una fuerte conexión clientelar.

Esta aplicación selectiva de la ley puede proveer de forma particular o universal a individuos o a grupos, beneficios contingentes a la colaboración que tengan con el Estado. Ejemplos de lo anterior, es la tolerancia a asentamientos irregulares en la periferia de las ciudades o la permanencia del ambulantaje. También podemos observar la condición de revocabilidad ya mencionada al presenciar la desocupación de predios y en el desalojo de ambulantes.

Otra ventaja que ofrece esta aplicación selectiva de la ley, es que distribuye beneficios sin tocar los intereses de otros estratos socioeconómicos. Cabe recordar que bajo este marco teórico, en contextos políticos y económicos desiguales, los políticos prefieren optar por esta distribución informal de bienestar en lugar de alguna acción impositiva progresiva porque puede ser costoso para las élites políticas y económicas.

La aplicación selectiva de la ley puede traer consecuencias funestas, como el deterioro de bienes públicos y de los derechos de propiedad, entre otros, pero que de cierta forma se entienden pero no se justifican, en un contexto donde de una población estimada de 117.3 millones de personas (INEGI, 2013) hay 53.3 millones (45.5%) que viven en algún nivel de pobreza, según datos del CONEVAL.

Además de lo anterior, México está situado, de acuerdo a la Standardized World Income Inequality Database, dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y donde la idea de que no importando el patrón distributivo que tuviese el crecimiento económico, eventualmente éste se derramaría a lo largo de la distribución de ingresos (trickle down economics) ha quedado más que desmitificada. Además del reto empírico que implica reconocer el fenómeno de la aplicación selectiva de la ley, apremia reconocer que no todo comercio informal o asentamiento irregular o cualquier otra forma en la que hay una aparente falla de monitoreo puede corresponder más a un paliativo que a un vacío de poder.

Fernanda Gutiérrez Amaros es economista y politóloga por el ITAM, donde estudia la maestría en Ciencia de Datos.


Referencias

Esquivel, Gerardo. Desigualdad extrema en México. Concentración del poder político y económico.

Holland, Alisha C. “Forbearance.” American Political Science Review (2016): 1-15.