Cuando, en la actualidad, hablamos sobre el aborto, o sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) —concepto más políticamente correcto y menos hiriente de susceptibilidades—, depende de dónde surja la conversación para la forma en que se construye el debate. Mientras que muchas veces —en espacios tanto normativos como en charlas de café— la discusión gira en torno a la pertinencia de la interrupción del embarazo en función de las causas de éste, los movimientos feministas han abogado por construir, pertinentemente, el discurso en torno a la interrupción legal del embarazo como el de la lucha de las mujeres por el derecho a elegir qué hacer con su cuerpo; precisamente, eso es sobre lo que deberíamos hablar.

embarazo

¿Por qué tenemos que hablar del derecho a elegir en lugar de la interrupción legal —en función de ciertas circunstancias—del embarazo? ¿Cuál es el punto de cambiar este enfoque? O, mejor aún, ¿cuál es el peligro de enfocarse en la abogacía de la ILE, en las causas del embarazo en lugar de la posibilidad de una mujer de interrumpirlo prescindiendo de la razón por la que se embarazó en un principio? La pregunta que yo quiero hacer es: ¿por qué dar un trato diferenciado en el acceso a servicios de salud a una víctima de violación de alguien a quien se le rompió el condón? ¿Por qué otorgarles diferentes posibilidades de decidir sobre su vida, diferentes derechos? En ambos casos debería existir el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo y con su vida, y no debemos perderlo de vista.

El tema del aborto siempre es espinoso en este país, pero se renueva con lo recientemente sucedido en Veracruz. Gracias a la reforma propuesta por Duarte, suman ya 18 estados de la República en los que se penaliza la interrupción del embarazo. La reforma de este estado especificó en el artículo 4 de la constitución local “garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte” —lo cual, admitámoslo, es una gran ironía considerando la inseguridad que se vive en Veracruz.

Ello nos recuerda que en México el aborto es un delito en la mayor parte del territorio, salvo que éste se realice cuando el embarazo es producto de algunas causas o tiene ciertas características. La regulación de esta práctica es de carácter estatal, por lo que cada entidad federativa establece cuándo el aborto es delito y cuándo no, los trámites que se deben hacer para llevarlo a cabo y la forma en que se presta el servicio. Ello, evidentemente, deriva en discriminación jurídica, ya que el derecho a decidir sobre su cuerpo para las mujeres está dado en función de dónde viven y de su calidad de víctimas.

El aborto cuando el embarazo es resultado de una violación sexual está permitido, teóricamente, en todo el país. Sin embargo, la legislación con respecto de las causales para la no punibilidad del aborto varía en todos los estados: en 24 estados cuando hay peligro de muerte; en 29 estados cuando es imprudencial o culposo; en 13 cuando es producto de una inseminación artificial no permitida; en 16 cuando hay alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto; en 14 cuando hay riesgos para la salud, y en 2 por causas económicas. En uno (la CDMX) por voluntad de la mujer —hasta las 12 semanas de gestación (GIRE, 2015).

Hay todo un aparato normativo para el caso de la ILE producto de una violación sexual, el cual se especifica en la Norma Oficial Mexicana 046–SSA2-2005 (NOM 046). Ésta es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadoras de servicios de salud de los sectores público, social y privado que lo componen. Su incumplimiento, en teoría, da origen a sanciones penales, civiles o administrativas según corresponda. Ello, sin embargo, no ha garantizado la aplicación fiel y total de la misma. 

En su numeral 6.4, la NOM 046 especifica que “en caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán, de acuerdo a la norma oficial mexicana aplicable, ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.” Asimismo, indica que “en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.”

La NOM 046 garantizaría, teóricamente, que en el peor de los escenarios imaginables para un embarazo, en el cual la mujer es retratada como una víctima, se pudiera tener acceso seguro y garantizado a la ILE. Sin embargo, ello no sólo es insuficiente —puesto que ni siquiera se garantiza en todos los casos, en todos los espacios, en todos los estratos socioeconómicos—, sino que perpetúa la idea de que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo a menos que sea víctima de algo ajeno a ella, en cuyo caso nada más se estaría atendiendo una circunstancia contingente producto de una inseguridad y perpetua violencia contra las mujeres que el Estado no ha logrado resolver. ¿Habrá cierto grado de culpa consiente en la NOM? Lo dudo.

El argumento que últimamente se ha difundido a raíz de lo aprobado en Veracruz, es que las mujeres (víctimas), al no saber que tienen derecho de abortar con las causales ya mencionadas, pondrán en riesgo su vida al pretender abortar clandestinamente aun cuando técnicamente tengan derecho a la ILE, derivando en algunos casos incluso en la muerte de las mujeres. Sin embargo, las mujeres acuden al aborto clandestino no sólo en Veracruz sino en el resto de los estados cada que se ven en una situación en la que no les es permitido decidir si continuar con un embarazo o no; las mujeres mueren como consecuencia de esta práctica llevada a cabo sin las atenciones médicas necesarias porque no se les deja decidir el curso que quieren que lleve su vida.

Como ya mencionamos, en la —ahora— CDMX, la interrupción voluntaria (sin causal estipulada) del embarazo es legal y puede solicitarse por cualquier mujer antes de que se cumplan las 12 semanas de gestación presentando una identificación oficial, comprobante de domicilio y acudiendo con un acompañante. El proceso para aprobar dicha disposición no fue fácil, puesto que una vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara las reformas al Código Penal del DF que lo permitieran, éstas todavía tuvieron que ser sometidas al escrutinio constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, abrió la posibilidad a las mujeres del país a trasladarse a la Ciudad de México para someterse al procedimiento, aunque ello, además de los gastos de traslado, implique un costo adicional (las mujeres que no son residentes de la CDMX son sometidas a un estudio socioeconómico para determinar el costo de la ILE).

¿Por qué sólo en la capital del país el acceso a la interrupción legal del embarazo está dado prescindiendo de las causas del mismo? ¿Por qué quienes no residen en la CDMX tienen que superar un filtro socioeconómico evidente para poder decidir sobre su cuerpo? Porque es un procedimiento voluntario sin causas de fuerza mayor. Porque actualmente en prácticamente todos los espacios en donde se llevan a cabo debates sobre el aborto o sobre la ILE —sean mediáticos o académicos—, se alude a los causales que justifican que se interrumpa el embarazo en cualquier caso, sea que se mencionen como referencia o sea que se procure defenderlos y construir el argumento alrededor de dichos casos contingentes. 

En 2008, el 41% de los embarazos en el mundo fueron no deseados, siendo los países menos desarrollados en los que se presentaban la mayoría de los casos; asimismo, la mayoría de los abortos (aproximadamente el 84%) ocurren en países en vías de desarrollo, y la mayoría de éstos se hacen en la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida de las mujeres (Russo, 2014). La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro.

Considerando que actualmente lo más cercano que estamos a despenalizar el aborto a nivel federal es la intención de disminuir la pena que se impone —proponiendo que en lugar de cárcel, las mujeres acusadas de haber interrumpido voluntariamente su embarazo, cumplan de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad— es pertinente replantearnos por qué somos tan renuentes a dejar a las mujeres decidir sobre qué hacer con su cuerpo en un espacio teóricamente democrático y garante de derechos a sus ciudadanos y ciudadanas.

Si ello fuera tal, el concepto de ciudadanía implicaría el conjunto de derechos y obligaciones que cada persona tiene y debe a la sociedad. Sin embargo, ésta se ha construido como la noción básica de representación y participación política, pero en la práctica la ciudadanía siempre resulta incompleta. Una vez más nos damos cuenta de que la representación, así como la enunciación de derechos, no se ha construido de manera incluyente. Como Joan Scott señala, “gran parte del edificio arquitectural de la modernidad se vertebra, de manera consciente, sobre la exclusión femenina…”. Sobre el cuerpo femenino operan exclusiones cotidianas y estereotipos que marcan el tipo de representación política al que la mujer accede y el ejercicio de sus derechos fundamentales. El sujeto que la ley describe y aquel al que exhorta, es masculino, es el humano completo. La mujer, las mujeres y todos los “otros”, se presentan como una carencia constante en lo público y en lo político (Faure, 2015).

La construcción del cuerpo femenino se da como un espacio abierto sobre el que  puede decidir todo el mundo, menos la portadora del mismo. Se plantea casi como si no fuera un campo de derechos, sino un instrumento que mantiene las estructuras que equilibran al heteropatriarcado. Un cuerpo para gestar y cumplir con las expectativas de otros (Faure, 2015).

¿Por qué cuesta tanto trabajo abogar por el derecho a elegir? La maternidad (tanto la reproducción como el ejercicio de la madre) se configura como el elemento central de la identificación femenina, lo que estabiliza el rol de la mujer en el sistema familiar heteropatriarcal de occidente. Otorgar al sujeto de dicha estabilidad el derecho a elegir sobre su principal rol social rompe entonces con los parámetros de funcionalidad del sistema. Es por ello que la ILE en casos de contingencia se concede a la mujer, más que otorgársele el permiso (sic) de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.

La misión del feminismo, en este caso, va mucho más allá de procurar garantizar a las mujeres el acceso a la ILE cuando lo tienen permitido; se erige sobre la reivindicación de la ciudadanía femenina, sobre el replanteamiento de las relaciones de poder que siguen condescendientemente negando a las mujeres el acceso a los mismos derechos que tienen los hombres.

Sofía Mosqueda
Estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es asesora legislativa.


Referencias

GIRE (2015). Niñas y mujeres sin justicia: derechos reproductivos en México.

Faure Bascur, Eyleen (2015). Ciudadanía y cuerpos femeninos: el aborto como práctiva performativa. En: Revista Nomadías. No. 20, pp. 41-49.

Russo, Nancy Felipe (2014). Abortion, unwanted childbearing, and mental health. En: Salud mental. Vol. 37, No. 4