La reciente discusión de un posible impuesto a la herencia sacó a la superficie una vez más un hecho usualmente olvidado: México vive a la fecha un tórrido romance con las políticas económicas del goteo, que ha durado cerca de 40 años desde su último resurgimiento, a pesar de que el mundo las cuestiona fuertemente en la actualidad. La economía del goteo o del lado de la oferta, llamada comúnmente trickle-down economics, se refiere a políticas económicas que suelen favorecer a quienes “generan riqueza” bajo la noción del laissez-faire, donde beneficiar a empresarios ayudará a generar empleos y mejorará consecuentemente las condiciones de vida de toda la población. Es la idea detrás del aforismo repetido constantemente por John F. Kennedy en sus discursos: “una marea alta levanta todos los barcos”.

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El romance ya estaba ahí hace muchas más décadas, como cuando hizo fracasar la reforma fiscal de 1961, propuesta por el equipo liderado por Víctor Urquidi y Leopoldo Solís, pero la crisis de la deuda que estalló en 1982 logró que se satanizaran todas las políticas alternativas a la moderación tras el fracaso del populismo de Luis Echeverría y José López Portillo; con ello, que la más reciente etapa del romance llegara para quedarse. Pareciera que la visita a México de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, promotores acérrimos de este tipo de políticas, trajo consigo la bendición para este idilio durante la Cumbre de Cancún en 1981.

Los resultados económicos de México, 35 años después, dan cuenta del fracaso de las políticas desde el lado de la oferta. La economía mexicana ha crecido 2.5 por ciento anual en promedio durante ese período –de acuerdo con cifras del Banco Mundial, una tasa insuficiente cuyos factores y consecuencias ya ha discutido en este espacio Diego Castañeda, y que Luis Monroy Gómez Franco y Raymundo Campos han mostrado que no ha servido para disminuir la incidencia de la pobreza; dejando además de lado la discusión nacional sobre la distribución de los beneficios de dicho crecimiento, que se ha retomado apenas recientemente.

Dos propuestas actuales del presidente Peña sirven como claro ejemplo de que las políticas económicas de goteo siguen tan vigentes en México como hace 20 años, y que sólo se han puesto nombres renovados a una vieja agenda económica. La primera de ellas es la recientemente aprobada Ley de Zonas Económicas Especiales, que establece la formación de zonas económicas con facilidades regulatorias, fiscales y laborales para la inversión, que iniciará con tres proyectos: Puerto Chiapas, en Tapachula; Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y en el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

Todas estas ubicaciones comparten algo en particular: son zonas con un desarrollo de infraestructura productiva y de servicios básicos superior, por mucho, a la del resto de los territorios donde están ubicadas, donde se encuentran algunos de los municipios con mayor incidencia de pobreza –incluida la extrema– del país. La lógica detrás de esta ley es que estas zonas serán delimitadas y administradas por una entidad privada, y las empresas decidirán si invertir o no su capital en esta región, por lo que su desarrollo se dará por derramas (o goteo), gracias a la generación de empleos, y con un programa de desarrollo del área de influencia de la zona económica. Sin embargo, dicho programa no cuenta con lineamientos mínimos para su correcta implementación y seguimiento, y la contratación de personal no garantiza que los empleos de calidad se queden para la población local, lo cual se ve afectado por el actual nivel de capital humano en estas regiones. En resumen, la lógica de desarrollo parte principalmente de las decisiones de inversionistas privados.

La segunda propuesta es la entrada de México al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP en inglés) y los supuestos beneficios económicos y sociales esperados en el mediano y largo plazo. Las zonas económicas especiales previamente mencionadas se insertan en la lógica de las cadenas globales de producción, donde se aprovechan las ventajas de la globalización respecto al abaratamiento de los costos de transporte y de las telecomunicaciones para sacar provecho de las ventajas competitivas de cada país para repartir las etapas del proceso de producción en distintas ubicaciones alrededor del mundo. La manufactura de los productos de Apple, por ejemplo, se realiza en su totalidad en China, aunque su diseño, investigación y desarrollo, almacenaje y distribución se realizan en los Estados Unidos.

Fuera de los cambios controvertidos en las reglas del comercio y la inversión internacionales y de los derechos de propiedad a escala global, el TPP propone modificar las reglas para instrumentar en mejor medida estas cadenas globales de valor. El rol que juegan entonces los países en desarrollo con mano de obra barata, como China, México o Vietnam, es el de armadores de los bienes que se venderán posteriormente en el mundo desarrollado. Así, las inversionistas que decidan llevar su capital a estos países lo harán esperando una regulación laboral laxa, una lógica muy similar a la de los beneficios económicos y sociales que se esperaban con el TLCAN. Una vez más, los principales beneficios para la población dependen del sector privado: favorece a quien ‘genera riqueza’ para que el resto de la población se vea beneficiado.

Sin embargo, esta lógica ha mostrado alrededor del mundo que resulta insuficiente para promover crecimiento por sí sola, ya no digamos que éste sea incluyente. El resultado de lo anterior ha sido una exacerbación de la desigualdad económica y social, especialmente en los países en desarrollo como México. Entonces, si las políticas económicas de goteo no han sido efectivas para revivir a la aletargada economía mexicana, ¿por qué los últimos seis gobiernos mexicanos las han utilizado repetidamente?, ¿por qué no hemos cuestionado el modelo económico actual?

Alex Andreou propone, en una columna en el periódico The Guardian, que esto ocurre ya sea por hábito—innovar en políticas económicas tiene costos y fricciones políticas y resulta más sencillo mantener la inercia actual—o porque el progreso humano sigue estando medido por la cantidad de riqueza generada, la capacidad de gasto o los ingresos en lo agregado, sin poner atención a otras mediciones como su distribución. Pero, además de estos motivos, recurrentemente se defiende que la agenda económica global ha estado dominada por esta teoría gracias al respaldo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Mundial.

Sin embargo, hasta el mismo FMI ha confirmado que la economía de goteo es insuficiente y que la filosofía monetarista sólo ha servido para justificar la creciente desigualdad durante las últimas décadas, a pesar de que en México esta teoría persiste como dogma entre las tomadoras de decisiones. Este reporte de 2015 del FMI encuentra que la distribución del ingreso importa para el crecimiento y que, “específicamente, si la proporción del ingreso del 20 por ciento más rico se incrementa, el crecimiento del PIB de hecho decrece en el mediano plazo, sugiriendo que los beneficios no se derraman”. Así, recomienda que los países que busquen detonar el crecimiento económico deberían concentrar sus esfuerzos en los segmentos más bajos de la sociedad, en vez de impulsar a los así llamados “creadores de empleos” con exenciones fiscales.

Sin duda, no se trata de llanamente rechazar este tipo de políticas de arriba hacia abajo, sino de acompañarlas con las políticas apropiadas bajo un enfoque de desarrollo equitativo e incluyente como prioridad, que incluya políticas específicas a los contextos locales con un enfoque de abajo hacia arriba. Dicho de otra manera, sin las políticas apropiadas, una marea alta levantará todos los barcos… pero muchos de ellos encallarán.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.