El 24 de abril de este año, las mujeres en México salimos a las calles a manifestarnos en contra de las violencias machistas. El mensaje fue contundente. Salimos a denunciar que vivimos una violencia cotidiana: que nuestra vida diaria se construye bajo el supuesto de que somos potenciales víctimas de violencia sexual cada día que ocupamos el espacio público; que cada mañana debemos planear nuestro día con base en los lugares públicos que atravesaremos y las horas a las que lo haremos. Dependiendo de eso, algunas limitan su vestimenta pensando en que así tendrán mayor seguridad.

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El día siguiente a la marcha, en respuesta a las demandas que le hicieron 6,500 personas en las calles, al menos el gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de medidas en contra de la violencia sexual en espacios públicos. El gobierno hizo cambios que ahora vemos en espacios como el metro, designando personal específico en el cuerpo de policía para atender la violencia contra las mujeres.

A esta colocación en la agenda pública y gubernamental del tratamiento de la violencia en el espacio público le antecedía en el país el momento cuando se pretendió sancionar las “miradas lascivas” en 2008 en la Ciudad de México. En México se actualmente se piensa en una iniciativa de ley contra el acoso callejero y la violencia sexual en el espacio público. En América Latina también hay interés por legislar el asunto. Este año el congreso chileno aprobó por unanimidad la “Ley de respeto callejero”. La ley fue apoyada por ONU Mujeres, mismo organismo que está interesado en la iniciativa en nuestro país. Es decir, la protesta no pasó desapercibida. 

El ámbito de la seguridad pública es un campo interesante en relación con el género debido a que los cuerpos de hombres y de mujeres están expuestos a violencias distintas y que, por lo tanto, requieren de estrategias diferentes para atacarse. Un elemento importante a considerar en este rubro es, entonces, la relación entre la violencia y el género. En ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿qué tanto es esto valorado por los organismos públicos de seguridad en la prevención del delito? Hasta ahora en México el género es una dimensión ignorada en el espacio de la seguridad pública.

El ejercicio de la violencia entre hombres, que lleva a delitos como las lesiones y los homicidios, está íntimamente relacionado con las masculinidades.1 La forma predominante de ser hombre se vincula con el ejercicio de la violencia como manera de manejar conflictos y de controlar situaciones, a diferencia de la feminidad: a las mujeres se nos entrena emocionalmente para desarrollar habilidades para cuidar a las y los otros; es decir, culturalmente se nos enseñan formas distintas de resolver conflictos, y somos nosotras quienes desarrollamos habilidades emocionales para una resolución no violenta. De acuerdo con la especialista en seguridad y género Tara Denham, otra de las violencias a las que ellos están mayormente expuestos es a la violencia de pandillas.2 Las mujeres, según la misma especialista, estamos más expuestas a la violencia sexual: violaciones, acoso callejero, la trata.

Miremos algunas estadísticas que ubican la exposición a la violencia sexual según el sexo. De las víctimas de delitos sexuales en México, 72% son mujeres y 28% hombres. Más de la mitad de las agresiones registradas por la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 51.9%, ocurren en el espacio público. En este espacio, del conjunto de usuarios del metro de la Ciudad de México, 63% son mujeres. Aunque en 2014, según esta encuesta, hubo 625,070 personas de entre 12 y 29 años de edad víctimas de agresión sexual –460 mil 904 de acoso y 164 mil 166 de violación, se denunciaron tan sólo 32,148 delitos (violación, violación equiparada—antes estupro—y otros) por ese concepto. En la Ciudad de México el porcentaje de mujeres víctimas por tipo de agresión sexual se distribuye de la siguiente manera:

Considerando este estado de la problemática, ¿de qué manera las políticas de seguridad pública contemplan y combaten o no la violencia específica contra las mujeres?, ¿cómo se legislan violencias de género como el acoso callejero?

Es un hecho que, en general, el ámbito de la seguridad es uno de los más masculinizados y que los tomadores de decisiones son en su enorme mayoría hombres. Las mujeres ocupan alrededor de 26% de todos los cargos de seguridad pública en el país.3 En el Estado de Fuerza mexicana, de los diez cargos de mandos superiores en jefe, sólo la Secretaría General es dirigida por una mujer.
En los gabinetes estatales, de los 604 cargos presentados en portales electrónicos
gubernamentales en el conjunto de los estados 21% es ocupado por mujeres.4 ¿Esto implica que las decisiones de estos varones tengan un sesgo significativo de género?

Al menos en el ámbito del acoso callejero, parece que sí. Un estudio realizado por J. Manuel Contreras-Urbina, que revisó un número importante de políticas de combate a la violencia contra las mujeres a lo largo del mundo, concluyó que una de las problemáticas más desatendidas es el acoso callejero.5 Esta violencia es la que reporta menos número de políticas dirigidas a combatirla o prevenirla. El primer problema es que existen una serie de problemáticas en la medición de este tipo de violencias. De acuerdo con Rainero,

…es posible observar que tanto los debates públicos sobre la inseguridad…como las acciones y políticas públicas que intentan responder a la misma, se basan en indicadores que reducen la violencia a tipologías delictivas que por lo general excluyen la violencia que se ejerce hacia las mujeres.6

En el caso de México, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), apoyada por herramientas como la videovigilancia, concentra sus esfuerzos en los delitos de alto impacto, que comprenden robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a casa, robo a negocio, robo a cuentahabiente, robo a transportista, homicidios, lesiones (con arma de fuego) y violación. ¿De qué manera, entonces, estas estructuras pueden contribuir a abatir la violencia contra las mujeres? Aterrizando la observación de Rainero a México, se ve que las mediciones y estrategias con las que cuenta la seguridad pública son muy poco sensibles al género.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cifra negra de delitos por violencia sexual es de 94%, 9% más que la cifra negra del conjunto de los delitos, la cual ronda un 85%. Seguramente la diferencia entre la cifra negra de los delitos por violencia sexual y el resto se debe, además del estigma que se tiene como víctima, a que especialmente las personas que sufrieron estos delitos suelen ser nuevamente víctimas, esta vez de violencia institucional, al acercarse a denunciar.

A esto se suma que la desconfianza hacia quienes tendrían que ser nuestros protectores, los policías, es grande. Ellos son agresores de violencias machistas y, al estar armados y protegidos por el sistema judicial del que son parte, se convierten en una amenaza aún mayor. También, algunas de las críticas a la promoción de la denuncia hecha por el Gobierno de la Ciudad posterior a la marcha vienen de víctimas como la activista y periodista Catalina Ruiz-Navarro y una estudiante, que denunciaron a un policía que fotografió su trasero y a un trabajador de la SSP que la agredió con tocamientos, ambos en el metro, y cuyas denuncias, según ellas mismas, desincentivadas y obstaculizadas.

Digamos aun que resolvemos los problemas para medir el asunto y que conseguimos que se denuncie. Pensemos entonces, ¿cómo penar a los agresores en una ley contra el acoso callejero y la violencia sexual en el espacio público?: ¿agregándolos como uno más a las saturadas cárceles?, ¿multándolos?

Únicamente 16 estados mexicanos (Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México) consideran dentro de sus ordenamientos legales (códigos penales) penas por acoso sexual.7 Éstas van de uno a tres años de cárcel y multas de cuatro a 10 mil pesos. Ahora, 20% de los denunciados por acoso sexual en el país no tienen dinero para pagar la multa, por lo que continúan el proceso acusatorio en detención.8

Es interesante hacerse estas preguntas a la luz de la experiencia internacional. Desde el ámbito legislativo, experiencias como la chilena hacen propuestas no contempladas hasta ahora en la ley mexicana. La legislación chilena es interesante porque tiene un enfoque de “reparación del daño.”9 Por ejemplo, en las agresiones tipificadas como acoso sexual en actos verbales y no verbales, se otorga la elección de reemplazar la multa por disculpas públicas.   

Actualmente las propuestas gubernamentales en México retoman sobre todo las recomendaciones provenientes de organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial, que tienen iniciativas como las Ciudades Seguras para las mujeres. Este programa se implementará en los próximos años en tres ciudades mexicanas: Puebla, Torreón y la Ciudad de México. Asimismo, en febrero está programado un encuentro global en esa ciudad para tratar el asunto, al que asistirán funcionarias como la directora de ONU Mujeres. 

Como se ha criticado fuertemente, las medidas anunciadas por el gobierno no atacan las condiciones estructurales que permiten la impunidad ni otras medidas revictimizantes como el estudio sicológico que luego de 6 horas de la denuncia se hace a las víctimas. Un principio elemental del “pacto” por el que le otorgamos al gobierno la legitimidad del monopolio de la violencia es que garantice nuestra seguridad. Medidas como el silbato propuesto por el Gobierno de la Ciudad responsabilizan a la sociedad civil de perseguirse su propia seguridad, revirtiendo ese pacto primario.

El combate a la violencia contra las mujeres implica un reto importante para la seguridad pública porque requiere cambios en las mentalidades que se consiguen a largo plazo y la coordinación con diversas agencias desde un enfoque de prevención. Como hemos revisado, los instrumentos actuales con los que diseñan y se mide la efectividad de las estrategias de seguridad están pensados desde una mirada androcéntrica, poco sensible a la dimensión de género.

La tarea más difícil es hallar soluciones. Las sugerencias se han planteado mucho y ejecutado casi nada, debido a que las causas de la problemática son estructurales; entre ellas, los tomadores de decisiones no están sensibilizados en materia de género. Preliminarmente podría proponer que tiene que caminarse hacia estos lugares: un enfoque integral de prevención, atención y evaluación que incluya la dimensión de género y, en concreto, la promoción de formas no violentas de masculinidad, que las medidas provengan desde diversos ámbitos, incluyendo la planeación del espacio público con equidad de género, la justicia restaurativa y de manera elemental, así como el involucramiento de la sociedad en las estrategias que se propongan.

Marina Freitez Diez es maestra en Género por El Colegio de México.


1 “Masculinidades” es un término usado en los análisis de género para referirse a las diversas formas de ser hombre.
2 Denham, Tara,  “Police Reform and Gender” (2008). En M. Bastick, y K. Valasek, Gender and Security Sector Reform Toolkit. DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, Génova, p.3.
3 Jasso, Margarita, “ESPECIAL: Mujeres en la Policía Federal”, El financiero, 08 de marzo de 2013, Ciudad de México. Última actualización 2014.
4 Comunicación social LXIII legislatura de la Cámara de Diputados, Propone diputada Orantes López que 30 por ciento de Mandos Superiores de seguridad los encabecen mujeres (2015), Boletín N°. 0748., Ciudad de México.
5 Evidence Brief: School-Based Interventions to Prevent Violence against Women and Girls, Global Women’s Institute (2016), George Washington University, Washington.
6 Rainero, L.  et al., Herramientas para la promoción de ciudades seguras desde la perspectiva de género (2006), CICSA, Córdoba, p. 7.
7 Dávalos, Tomás, “Por un espacio urbano libre de acoso”, Agencia Informativa Conacyt, Aguascalientes, 6 de mayo de 2016.
8 Ídem.
9 Enfoque promovido por la titular de INMUJERES CDMX, Teresa Incháustegui.

Otras fuentes:

Merino, José y Alexis Cherem, “Violencia contra la mujer en datos: El silencio de 332 mil acosos”, Animal Político, El plumaje, 13 de abril de 2016.