Computadoras que harán tareas contables y administrativas, automóviles que no requieren un conductor humano, ingeniería genética, supermercados sin cajas ni cajeros. Una tras otra, las noticias de nuevas tecnologías disruptivas abarcan encabezados y nos recuerdan que ese futuro de ciencia ficción que parecía distante nos alcanza a una velocidad que no esperábamos. Ésta es una nueva revolución industrial que se mueve a velocidades no vistas en las anteriores, con nuevos cambios surgiendo casi a diario que aceleran aún más el proceso. Se espera que el mayor impacto de sus principales catalizadores a escala global ocurra durante los próximos cinco años, resaltando la urgencia de adaptarse y responder a estos cambios. Para poner estos horizontes temporales en perspectiva, la primera revolución industrial –la de la máquina de vapor y el ferrocarril– tardó cerca de 120 años en llegar a todo el mundo.

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Los cambios disruptivos que esta nueva revolución ya está provocando en los modelos de negocio tendrán, además, un impacto profundo en los mercados globales de trabajo, con cambios significativos entre industrias y funciones laborales. Solamente en las principales 15 economías desarrolladas y emergentes –donde se incluye a México–, se espera que el impacto en el empleo sea una pérdida neta de 5.1 millones de puestos por cambios tecnológicos y de mercado entre 2015 y 2020, donde el mayor sector perdedor entre estos países será el administrativo y de oficina, con una pérdida de 4.8 millones de empleos en ese período.

Esto ha sentado el precedente para un acalorado debate en las economías desarrolladas, especialmente dado que aún se resienten las consecuencias económicas y sociales de la gran recesión de finales de la década pasada, que parece no haber terminado. Dos de los temas de este debate que vale la pena rescatar, por sus implicaciones para las personas y para las políticas a escala global, son la naturaleza cambiante de las relaciones laborales como las conocemos y la propuesta cada vez más aceptada del ingreso básico universal como nueva protección social, tras las políticas del Estado de bienestar de la posguerra.

Casi la mitad de los empleos existentes corren el riesgo de desaparecer dentro de los próximos 20 años gracias a la computarización.1 Ante esta potencial reducción de la demanda laboral tras la destrucción de empleos durante la Gran Recesión, se ha puesto en duda la naturaleza misma de las relaciones laborales e, incluso, la noción de que el trabajo construye carácter y da propósito, significado y estructura a la vida.2 A estas presiones se suman la mayor precarización del trabajo –malas condiciones de trabajo, sin seguridad social, y con ingresos cercanos a, o por debajo de, la línea de pobreza– y la creciente desigualdad de ingresos, que hacen que, incluso, la presión política de incrementos a los salarios en los países desarrollados parezca ya insuficiente. En otras palabras, se pone en duda el sentido mismo del trabajo.

Estas condiciones han catalizado la discusión del ingreso básico universal o no condicionado como nueva forma de seguridad social. Esta propuesta de política forma parte ya del programa de partidos de todo el espectro político en los países desarrollados –desde la izquierda en España, Japón y Estados Unidos, a la derecha en Finlandia y Suiza–, y plantea que todos los ciudadanos o residentes de un país, región o ciudad, reciban de manera regular una suma de dinero no condicionada, adicional a cualquier otro ingreso. Es decir, recibir un ingreso fijo por el hecho de vivir en un lugar. Con proyectos piloto en Finlandia, Canadá y el estado de California en Estados Unidos, el ingreso básico universal ha salido del campo de la utopía para volverse un experimento que parece valer la pena probar ante las actuales tendencias en los mercados laborales en las economías ricas. Sin embargo, detractores de esta medida, como Thomas Piketty, insisten en que la batalla contra la desigualdad aumenta la presión para garantizar salarios justos.

Pero, mientras esta revolución y sus implicaciones sociales se mueven a pasos agigantados en el mundo desarrollado, cientos de millones de personas en el resto del mundo –e incluso en estas economías ricas– siguen viviendo fuera de las anteriores revoluciones industriales: 15.4% de la población global no tiene acceso a la electricidad y 60% no cuenta con conexión a Internet, aunado a la persistencia de un muy limitado acceso a educación de calidad y condiciones de vulnerabilidad. A pesar de la velocidad de cambio de esta revolución industrial, más de la mitad de la población global se encuentra fuera de sus alcances.

Estas desigualdades globales entre regiones y países, y dentro de los países, han permitido al actual sistema económico y social sostenerse, gracias además a la creciente precarización del trabajo en los países en desarrollo con abundante mano de obra barata, como México, Vietnam y China, donde también se mantiene una alta desigualdad económica con la persistencia de altos niveles de pobreza. Dichas condiciones han permitido y sostenido la actual función de estos países en la estructura de la producción y el consumo globales, con pocas oportunidades de movilidad social para sus habitantes más allá de la migración hacia las economías ricas. Sin embargo, incluso la actual crisis global de migración puede también verse exacerbada ante la caída dramática en el número de empleos de menor sofisticación en esos países, por ser fácilmente reemplazables con la automatización, lo que disminuiría las oportunidades para los inmigrantes con menor nivel educativo.

Los cambios disruptivos de esta nueva revolución industrial ya ocurren. Por ello, el desafío para los gobiernos no sólo pasa por intentar mejorar las condiciones de vida de miles de millones de personas, sino también por su capacidad para adaptarse y responder a estos cambios tecnológicos vertiginosos y a los abruptos giros de política económica y social que provocarán en las economías desarrolladas. Con ello, las presiones a la capacidad y habilidad de gobiernos, individuos y empresas de anticiparse a los nuevos trabajos, los cambios en las industrias y perfiles laborales, y los cambios en la naturaleza misma del trabajo serán cada vez mayores. A esto se suma la discusión sobre cómo la tecnología está afectando nuestras vidas y redefiniendo casi todos los aspectos económicos, sociales y culturales en nuestro entorno.

Es momento de sumarnos a este debate global. Ante una revolución industrial que automatiza y robotiza, debemos pensar en su otra cara: el futuro que estamos creando deberá poner primero a las personas.

Carlos Brown Solà es economista e internacionalista.


1 Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). “The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?.” Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.
2 Para conocer una perspectiva más amplia sobre esta discusión, ver: Livingston, J. (2016). No More Work: Why Full Employment is a Bad Idea. UNC Press Books.