Fue un gran error que el presidente Peña Nieto propusiera a Paloma Merodio para integrar la Junta de Gobierno del INEGI. El INEGI es una institución sólida, que requiere refrescarse, pero que podría ser debilitada con un nombramiento inadecuado. El Senado debe detener su comparecencia en las comisiones de gobernación y población para considerar con detenimiento si su nombramiento cumple con las normas legales, corresponde al mejor perfil posible y garantiza la autonomía de esa respetada institución. En ello, el foco de atención debe ser la salvaguarda de la legalidad y el fortalecimiento institucional del INEGI y no la persona en sí misma.

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El INEGI es relativamente joven, apenas rebasa los 33 años. Sin embargo, su trayectoria lo ha convertido en una institución que decenas de países quisieran tener. Por ejemplo, al cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en 2015, el INEGI se convirtió en modelo de sistematización de estadísticas para otras naciones. Ésta no es obra de la casualidad ni resultado de la improvisación. Además de su excepcional capital humano, formado a lo largo de una sobresaliente historia, otros factores han hecho posible esto. El respeto a su marco legal ha sido uno de sus pilares.

El apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía especifica que para pertenecer a la Junta de Gobierno se deberá “Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”. La candidata propuesta por el presidente no cuenta con todos los requisitos de ley, notoriamente los cinco años de experiencia de alto nivel, aún acumulando los de su paso por la SEDESOL y diversas consultorías intermitentes. Tampoco tiene una trayectoria académica que caiga en el supuesto de la ley habiendo sido profesora de asignatura y asistente en un curso de posgrado.

Además de la legalidad, otra fortaleza del INEGI ha sido la sólida trayectoria de quienes han conformado su Junta de Gobierno. Ésta no se basa en lo anecdótico, como el lugar donde han vivido. El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República documenta que “los perfiles profesionales de las personas que han sido presidentes y vicepresidentes del INEGI desde 1983 arroja que al tomar posesión en su responsabilidad pública en el instituto promediaron 49 años de edad, 20.9 años de experiencia laboral, 8.3 años en puestos de mando superior y 11.3 años de docencia”. Si hay algo que garantiza la candidata del presidente Peña es que, si se integra al INEGI, tendrá un perfil de escasa experiencia laboral, insuficiente antigüedad en puestos de mando superior y limitada docencia.

Si hay algo que requiere el INEGI en quien vaya a integrarse a su Junta de Gobierno es independencia de criterio. Es necesario que exista alguien que muestre al interior del instituto situaciones que en ocasiones pueden ser adversas a la posición gubernamental. Sin embargo, la frescura de planteamientos no debe confundirse con juventud, aunque no está reñida con ella. Esta posición crítica puede encontrarse, principal aunque no exclusivamente, en un perfil que no esté ligado a la función pública. La candidata del presidente proviene de la SEDESOL y, en la actualidad, sólo un miembro de la Junta de Gobierno ha tenido una trayectoria predominantemente académica. Prácticamente, no existe alguno proveniente de ámbitos ajenos a la administración pública.

Al INEGI no le vendría mal un miembro de la Junta de Gobierno que lo acerque, aún más, a los cambios tecnológicos en materia de información, tanto de dispositivos como de sistemas; no obstante, su deuda histórica más importante es la falta de balance de género en sus puestos de alto nivel. Es importante que sea una mujer quien se integre a la Junta de Gobierno, y que lo haga sin la menor sombra de duda sobre la legalidad de su nombramiento, su idoneidad para el puesto y su independencia de criterio. Es por ello que se requiere enviar otra mujer al INEGI.

Hay muchas candidatas con perfiles inobjetables, muchas de ellas en el sector público, por si hubiera reticencia a buscarlas en otro lado. Por ejemplo, Lorenza Martínez Trigueros, quien ha sido Directora General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México y Subsecretaria de Industria y Comercio; Marcela Eternod Aramburu, Secretaria Ejecutiva del INMUJERES y ex Directora General de Estadística en el INEGI; Nelly Aguilera, también, quien fue Titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud e Investigadora Senior de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Todas ellas cumpliendo los requisitos de ley, con trayectorias distinguidas en materias relacionadas con la estadística y clara independencia de criterio. Pero habría más.

Es triste ver que la grilla política sustituya la defensa de las instituciones por la de las personas. Pensando en las instituciones, es necesario que personas técnica y sólidamente formadas eleven el nivel del servicio público en México. El INEGI puede recibir un golpe a su credibilidad porque a ciertos funcionarios, al asesorar al presidente en relación a nombramientos, no les interesa que se fortalezcan las instituciones sino sus círculos de poder. No hacer un llamado a que el Senado aquilate cuidadosamente esta decisión raya también en la complicidad. El daño que pueden hacer con ello al país es inmenso. Ojalá el Presidente Peña Nieto reconsidere su nominación y la sustituya por la de otra mujer con el perfil idóneo.

En caso de no ser así, y precisamente para defender la fortaleza de las instituciones, es necesario que los senadores Armando Ríos Píter y Cristina Díaz, titulares de las comisiones que evaluarán el nombramiento, detengan una ratificación apresurada. Pero no sólo ellos. El nombramiento no podrá proceder sin el acuerdo de los senadores del Partido Acción Nacional. Conocedores de la materia, como los senadores Ernesto Cordero o Juan Carlos Romero Hicks, en su momento críticos del desaguisado de las cifras de ingreso del INEGI en 2016, tienen ahora una responsabilidad política mayor. Ya no está en juego el dato de un año, sino las decisiones sobre las estadísticas futuras.

Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Que los avances en equidad de género no pierdan credibilidad permitiendo se asocien a transgresiones a la ley. Buen momento para buscar otra mujer para el INEGI.

Rodolfo de la Torre es Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.