Estados Unidos es el país con más prisioneros en el mundo (Gráfica 1). En la última década ha encarcelado a una proporción más grande de su población que en cualquier otro momento de su historia. También es la nación con la mayor infraestructura de detención de inmigrantes del planeta: cada año pone tras las rejas a entre 380,000 y 442,000 migrantes, incluyendo residentes permanentes, desplazados solicitando refugio y víctimas del tráfico de personas.1

Gráfica 1

La persecución por crímenes de migración superó por primera vez la de crímenes relacionados con drogas en 20042 y se ha mantenido en esa posición: en 2012 los delitos de inmigración representaron el 49.9% del total de arrestos federales, según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El gobierno más poderoso del mundo ha hecho de los inmigrantes el blanco prioritario de sus fuerzas punitivas, y su nuevo líder, Donald Trump, tiene la intención de aumentar el número de cautivos.

carcel

Estos planes, ya en marcha, proveerán de presos a una amplia red de lucrativas cárceles privadas que ya empezaron a percibir ganancias: desde el triunfo electoral de Trump, las dos compañías carcelarias más grandes del país, Geo Group y CoreCivic, han visto crecer el valor de sus acciones en 80 y 120 por ciento respectivamente.3 Actualmente, estos dos corporativos son los principales proveedores de servicios de detención para las tres agencias involucradas en la regulación migratoria: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Más de dos terceras partes de los inmigrantes detenidos se encuentran en este tipo de prisiones, que no son supervisadas por ninguna institución independiente y que no cumplen con los estándares oficiales del ICE, donde los internos no reciben la atención médica y legal estipulada, y donde sufren abusos de autoridad, golpizas, violaciones, tortura y confinamiento.

De Obama a Trump

Las políticas implementadas hasta ahora por Trump siguen cierta continuidad con administraciones anteriores (las recientes redadas de captura y deportación de inmigrantes fueron más pequeñas que otras llevadas a cabo durante la administración de Obama, campeón de la deportación de latinos). Pero hay algunas diferencias que, valga la redundancia, hacen la diferencia en cuanto a política migratoria.

La administración de Obama priorizaba la captura y deportación de inmigrantes indocumentados que hubieran incurrido en crímenes graves, especialmente violentos. Las órdenes ejecutivas de Trump han ampliado el espectro hacia aquellos con antecedentes delictivos de bajo nivel y no-violentos, e incluso aquellos que, no habiendo cometido ningún crimen, han incurrido en alguna falta o incumplimiento. Además, estas órdenes permiten a los agentes migratorios arrestar a cualquiera que, a su juicio, ponga en peligro la seguridad pública o nacional.4 Con esta ampliación desmedida del crimen migratorio, inicia un periodo no ya únicamente de deportaciones, sino también de encarcelamientos masivos, pues los detenidos, considerados criminales, pasan una temporada tras las rejas antes de ser trasladados (usualmente menos de seis meses, pero hay casos en que la detención rebasa los cinco años).5

Hay otro aspecto donde el rumbo ha cambiado radicalmente. En agosto de 2016 se inició un proceso para la eliminación gradual de los contratos entre el Departamento Federal de Prisiones y las cárceles privadas con el fin de desaparecerlas del sistema penitenciario federal. La decisión se basó, en parte, en la pobre calidad de los servicios y condiciones de las cárceles lucrativas, pero también en la reducción de la población carcelaria gracias a la revisión de pautas de sentencia y otras reformas en el sistema penal y penitenciario. A partir de 2010, y por primera vez en más de 30 años, el número de presos en Estados Unidos comenzó a descender de manera sostenida (en 2013 hubo un leve aumento que no modificó la tendencia del periodo).6

Pues bien, el 23 de febrero de este año el Departamento de Justicia anunció que dará marcha atrás al plan de Obama para eliminar las prisiones privadas del sistema penitenciario. No parece coincidencia: tanto CoreCivic como Geo Group contribuyeron monetariamente a la campaña de Trump.7 Así que el negocio de las cárceles seguirá floreciendo y las celdas que se habían ido vaciando volverán a llenarse de cautivos, como los bolsillos de sus propietarios de dólares.

Gráfica 2

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Fuente: Carson, E. Ann. Bureau of Justice Statistics, National Prisoner Statistics Program. 23 septiembre 2016.

La época dorada de las cárceles (1970 en adelante)

Si ampliamos nuestro análisis a un periodo histórico más amplio, podemos apreciar que la reducción en el número de prisioneros en los últimos seis años no es más que una ligera depresión en la época dorada de las cárceles estadounidenses (ver Gráfica 2). Hasta principios de los setenta, la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos se había mantenido estable: alrededor de 100 presos por cada 100,000 habitantes. En 2010 esta tasa llegaba a 756 presos por cada 100,000.8

Gráfica 3

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Fuente: Carson, E. Ann. Bureau of Justice Statistics, National Prisoner Statistics Program. 23 septiembre 2016.

El boom carcelario comenzó tras el fin del Programa Bracero a mediados de los años 60, que convirtió el flujo constante de trabajadores que por más de 20 años entraron y salieron de Estados Unidos en el problema de los illegal aliens. El tema cobró fuerza en el discurso de Reagan, quien lo trató como asunto de seguridad nacional. Entonces aparecieron las primeras prisiones con fines de lucro en 1983, y entre 1985 y 1995 su número se quintuplicó, sumándose a una industria en pleno crecimiento: entre 1990 y 1995 se construyeron 168 prisiones estatales y 45 federales (alcanzando un total de 1,500), además de 3,300 cárceles locales y 5,000 correccionales.9En 1996 se aprobaron la Ley Anti-Terrorismo y la Reforma de Inmigración Ilegal (IIRIRA), que expandieron los motivos de deportación y duplicaron el número de inmigrantes detenidos en sólo dos años.

En 2005 comenzó la Operación Streamline en Texas y en 2008 fue adoptada por el resto de los distritos fronterizos (a excepción de California del Sur). Bajo esta operación se procesaban grupos de hasta 80 migrantes capturados por la patrulla fronteriza, compactando en sesiones de entre una y tres horas todas las fases de lo que sería un proceso adecuado: audiencias, lectura de cargos, declaración de culpabilidad o juicio y determinación de la pena para cada individuo. Además, lo que solía ser un proceso civil de traslado se convirtió en un proceso criminal con prisión previa a la deportación.10 En diez años de Operación Streamline más de 730,000 personas fueron procesadas en cortes federales por crímenes de inmigración.11 Y para garantizar los encarcelamientos, en 2009 el Congreso aprobó una cuota que requiere al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tener diariamente ocupadas al menos 34,000 camas en centros de detención.

A lo largo de estas décadas, la cárcel ha traspasado las rejas, influyendo fuertemente en las vidas de numerosas familias y en la cultura nacional. En 2012 se calculaba que las prisiones encerraban a los padres de 2.5 millones de niños.12 Baste como indicio del impacto la creación de un nuevo personaje de Plaza Sésamo en 2013: Alex, un muppet cuyo padre está en la cárcel.

¡Más prisiones!: Castigar el (pre)crimen

La cultura del castigo, el desprecio hacia los “criminales” y el pánico moralino ante la amenaza en turno (los traficantes de droga, los terroristas, los inmigrantes) han proliferado y sostenido el boom de las cárceles —bajo el debido fomento gubernamental. Hasta principios de 1970 “no había oficialmente prisiones ni prisioneros en Estados Unidos”;13 el gobierno debía proveer servicios de rehabilitación social a los detenidos, como entrenamiento vocacional, oportunidades educativas, terapias y tratamiento psiquiátrico. El sistema contemporáneo supone el rechazo de la función rehabilitadora de la detención para convertirla en un castigo.

La historia de Estados Unidos está marcada por una disparidad que Alexis de Tocqueville señalaba en 1833: “mientras la sociedad en Estados Unidos ofrece un ejemplo de la libertad más extendida, las prisiones de ese país ofrecen el espectáculo del más absoluto despotismo”.14 La contradicción es más vigente que nunca: la nación que más ha presumido la tradición y calidad de su democracia es la que más personas mete a la cárcel —quizá Trump logre lo que décadas de encarcelamientos masivos no han logrado, y despierte de sus dulces sueños liberales a los estadounidenses.

Gráfica 3

Pero la contradicción es sólo aparente: la imagen de una tierra de libertad se sostiene sobre la realidad oculta de quienes han sido privados de ella. La cárcel es ineficaz para reducir el crimen,15 así como la detención y deportación de migrantes es inútil para evitar su reingreso. En cambio, las rejas han probado funcionar bien para reproducir las desigualdades sociales16 y justificar el ejercicio unilateral y antidemocrático del poder estatal. La cárcel sirve, en pocas palabras, para crear “una subclase desfavorecida dentro de una ya desfavorecida subclase de personas”.17 Después de todo, “cuesta más dólares meter a alguien a prisión que mandarlo a estudiar Derecho a Harvard, y la educación recibida en ambas instituciones ayuda a mantener rodando la imparable fuerza de la Justicia”.18

Encarnando el pre-crimen de la película de ciencia ficción Minority Report (“Sentencia previa”), como sugiere Brian Jarvis, se ha difundido el arresto preventivo de sujetos concebidos como criminales por definición en el discurso político de las amenazas externas —de esos males por venir (de fuera)—, no porque de hecho hayan cometido crímenes (¿cruzar la frontera?), sino porque están predestinados a cometerlos (“tenemos narcotraficantes cruzando, violadores, asesinos” en palabras de Trump). Cuando Jeff Sessions, el nuevo Procurador General, habla de las necesidades futuras del sistema penitenciario, se refiere a la imperiosa necesidad política de inventar más criminales para hacerlos prisioneros.

Tras la misma cortina de humo se esconde el costo que estas políticas tienen para los ciudadanos estadounidenses. El gobierno paga en promedio 23,000 dólares en el proceso de detención y deportación de una sola persona. Los contribuyentes estadounidenses pagan aproximadamente 2 billones de dólares en impuestos cada año sólo en detenciones.19

Las cárceles estadounidenses y la criminalización de los inmigrantes son parte de la maquinaria de abuso que el gobierno llama seguridad, un aparato que castiga a las víctimas de la violencia y la pobreza en nombre de la justicia. El sacrificio que implica en términos de vidas y recursos la hacen el absurdo más cruel y más costoso del presente.

Camila González Paz Paredes es socióloga por la UNAM.


1 Immigration Detention Map & Statistics, Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC).

2 Departamento de Justicia de Estados Unidos, Compendio de Estadísticas Federales de Justicia, 2004.

3 Jeff Sommer, “Trump Immigration Crackdown Is Great for Private Prison Stocks”, The New York Times, 10 de Marzo de 2017, p. BU2.

4 Ver Orden Ejecutiva “Enhancing Public Safety in the Interior of the United States”, 25 de enero de 2017, Oficina de Prensa, La Casa Blanca.

5 Judith A. Greene, Bethany Carson y Andrea Black, Indefensible: A Decade of Mass Incarceration of Migrants Prosecuted For Crossing the Border, Grassroots Leadership/ Justice Strategies, 2016.

6 Departamento de Justicia de Estados Unidos, Estadísticas, National Prisoner Statistics Program.

7 Lee Fang, “Trump’s New Immigration Crackdoen Has Private Prison Investors Salivating”, The Intercept, 22 de febrero de 2017.

8 Sara Wakefield y Christopher Wildeman, Children of the Prison Boom: Mass Incarceration and the Future of American Inequality, Oxford University Press, Nueva York, 2014, p. 13.

9 Brian Jarvis, Cruel and Unusual. Punishment and US Culture, Pluto Press, Londres y Sterling (Virginia), 2004, p. 7.

10 Más sobre el tema en Daniel I. Morales, “Crimes of Migration”, Wake Forest Law Review, vol. 49, pp. 1257-1324.

11 J. A. Greene et al, op. cit.

12 Becky Pettit, Invisible Men: Mass Incarceration and the Myth of Black Progress, Russell Sage Foundation, Nueva York, 2012, p. 84.

13 B. Jarvis, op. cit., p. 8.

14 Alexis de Tocqueville y Gustave de Beaumont, On The Penitenciary System in the United States and Its Application in France. With an appendix on penal colonies and also statistical notes, Carey, Lea & Blanchard, Filadelfia, 1833, p. 2011.

15 Michael J. Lynch, Big Prisons, Big Dreams. Crime and The Failure of America´s Penal System, Rutgers University Press, New Brunswick, Nueva Jersey y Londres, 2007.

16 S. Wakefield y C. Wildeman, op. cit.

17 Matthew Lowen, Coordinador del Programa para el American Friends Service Comittee en Arizona; entrevista citada en J. A. Greene et al, op. cit.

18 B. Jarvis, op. cit., p. 7.

19 Immigration Detention Map & Statistics (CIVIC), op. cit.