Frente a la crisis de representación política que aqueja a México, en los últimos tiempos han surgido diversos movimientos y espacios que exploran alternativas para la reconstrucción democrática del Estado. Este es el caso de Por México Hoy, Ahora, y más recientemente Nosotrxs. Sin duda, ésta es una tarea urgente, sin embargo, para avanzar un cambio sustantivo en la materia es necesario analizar las implicaciones de las diversas propuestas.

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El mes pasado la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y Por Mexico Hoy abrieron un “espacio para generar propuestas encaminadas hacia la reestructuración democrática del Estado”. En el diálogo participaron académicos y miembros de diversas organizaciones civiles quienes hicieron comentarios sobre las preguntas sugeridas por los organizadores: ¿Cómo y con qué enfoque reconstruimos el Estado en México? ¿Cuál debe ser el punto de partida? ¿Cuáles deben ser las prioridades de esta agenda? ¿Cómo incentivar y mejorar los mecanismos de participación democrática en torno a la reconstrucción del Estado? ¿Cómo movilizar a la sociedad hacia esta causa?

Para contribuir a la conversación, en esta nota me quiero referir al planteamiento de Has Mathieu de la FES, quien considera que el punto de partida de la reconstrucción del Estado en México debe ser el estado de derecho y el combate a la corrupción. Esta es una propuesta interesante que considera fundamental un estado de derecho que desarticule las instituciones extractivas que actualmente prevalecen en México. Según Mathieu, un estado de derecho democrático debe crear incentivos que impidan que políticos extraigan recursos públicos para enriquecerse y mantener la red clientelar que sostiene su poder extractivo. Esta propuesta reconoce que no basta con mejorar la ingeniería institucional porque el problema de fondo es político, es decir, de relaciones de poder. Por ello, los políticos deben entender que insistir en defender las instituciones extractivas puede conducir a la inestabilidad social y a la violencia. La propuesta de Mathieu está en sintonía con el diagnóstico de Acemoglu y Robinson (2013) sobre por qué fracasan los países. Según los autores, el fracaso de los países se explica por tres factores: i) instituciones extractivas que permiten que la clase política y económica abusen de los recursos de un país, ii) la falta de una ciudadanía capaz de transformar estas instituciones mediante la acción colectiva y la protesta, y iii) el interés de los actores políticos para resistir el cambio y mantener la estabilidad del sistema.

Sin duda es una propuesta interesante. Sin embargo, para poder avanzar la misma en la agenda pública, se deben analizar las prácticas discursivas que sostienen el actual arreglo institucional extractivo. De lo contrario, se corre el riesgo de lanzarse al terreno de juego sin haber estudiado al rival, sin táctica ni estrategia, que puede ser una receta al fracaso.

La construcción y defensa del estado de derecho ha estado presente en la agenda pública desde el inicio del proyecto modernizador que se remonta más de dos décadas atrás. Sin embargo, esta agenda no ha tenido el objetivo explícito ni implícito de desarticular el arreglo institucional extractivo heredado del régimen anterior. Por el contrario, la construcción del estado de derecho se ha sustentado en un discurso que, por un lado, exige que la ciudadanía respete a la autoridad y a las instituciones. Mientras que, por el otro, se crean normas e instituciones que legalizan la extracción de rentas, dan certidumbre a inversionistas en actividades extractivas, protegen a las redes corporativas de los políticos y controlan a quienes han sido excluidos de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, en México se suele invocar la defensa del estado de derecho para reprimir a grupos socialmente excluidos como los franeleros y vendedores ambulantes, o para justificar el acoso mediático, judicial y policiaco a los maestros de educación básica; al mismo tiempo que el Congreso de la Unión amplía los privilegios de los poderes económicos. Por otra parte, el discurso oficial anticorrupción tiende a enfatizar el combate a la ‘corrupción de ventanilla’ sobre el combate a las redes que sostienen la gran corrupción.

Para avanzar en esta agenda, es necesario cuestionar y superar las ideas y esquemas metodológicos que han contribuido a la producción de la crisis actual. Por ejemplo, es necesario desechar la hipótesis de la ignorancia de los diversos actores y aceptar que la reconstrucción del estado de derecho democrático involucra una batalla política, cultural y mediática contra el imaginario que ha prevalecido durante las últimas décadas. Además, es necesario explorar metodologías interpretativas como las propuestas en el Reporte del Banco Mundial 2018, La gobernanza y las leyes. Sin un análisis de estas características no se podrá llegar muy lejos en la compleja tarea que se ha propuesto.

Quizá, como primer paso, se podría redefinir la propuesta hecha por Hans Mathieu poniendo al centro el objetivo de desmantelar las instituciones extractivas. Esto es necesario para distinguirse del discurso conservador, el cual considera que el estado de derecho es una herramienta para preservar la estabilidad del status quo. Si comenzamos a dialogar sobre este horizonte, diferentes actores y movimientos podrán participar en la tarea de ‘destrucción creativa’ que, según Acemoglu y Robinson, es necesaria para construir instituciones inclusivas que fomenten la innovación, la productividad y el desarrollo compartido. 

Luis Gabriel Rojas es doctor en Gobierno por la Universidad de Essex.