Tenemos que tomar una decisión,

podemos tener democracia en este país,

o podemos tener concentración de la riqueza

en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas.

Louis Brandeis

Los profesores del MIT Daron Acemoglu y de la Universidad de Chicago James Robinson plantean que los países fracasan cuando el poder político impone instituciones económicas que permiten que las élites hagan inmensas fortunas a expensas del resto de la población. A su vez, las élites utilizan la concentración de la riqueza para controlar las instituciones políticas que les permiten continuar con la extracción de recursos. Según los autores, este entramado institucional extractivo lleva a los países al fracaso porque obstaculiza la competencia, la innovación y la creación de un desarrollo incluyente, y en su lugar generan desigualdad extrema, empobrecimiento de las mayorías y concentración de la riqueza.

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Todos los días vemos muestra de las instituciones extractivas en México, pero solemos pasarlas por alto. Por ejemplo, las recientes elecciones en Coahuila y el Estado de México han generado un consenso, pocas veces visto, entre analistas y opinadores sobre la defraudación del voto y otras irregularidades.

En este marco, se ha dicho que las elecciones son el punto de origen de la corrupción que aqueja al país. Los servidores públicos electos no sólo desvían recursos públicos para enriquecerse ilícitamente mediante contratos públicos amañados, sino también para transferir recursos a sus partidos políticos. A su vez, los partidos utilizan estos recursos para ‘comprar’ votos mediante la entrega de diversos productos a la población que vive en condiciones de precariedad. Después, para proteger la malversación de recursos, los gobernadores salientes desvían más fondos y hacen todo lo necesario para asegurar que su sucesor pertenezca a su red de protección; porque perder la elección puede significar perder la libertad, como en los casos recientes de Javier Duarte o Gillermo Padrés.

Esto es un grave problema que, sin embargo, en un estado de derecho democrático se podría detener. Las autoridades electorales autónomas existen para hacer intervenciones estratégicas que contengan o, en el mejor de los casos, desarticulen las instituciones extractivas. ¿Cómo? Investigando e imponiendo sanciones suficientemente inhibitorias. Desafortunadamente, la autoridad electoral parece cada vez más omisa, inocente o incapaz, mientras que las élites son más inventivas, poderosas y cínicas.

Por ejemplo, los partidos políticos pacientemente han minado los controles y contrapesos democráticos por medio de la partidización de los nombramientos en la dirección de los órganos autónomos. De igual modo, los partidos han aprobado reformas electorales que imponen estrictos requisitos para aceptar evidencia del denunciante y no otorgan a la autoridad capacidad investigativa real. Asimismo, las reformas electorales suelen ser fácilmente subordinadas a las reglas no escritas que actores privados y públicos imponen (por ejemplo, el mercado negro de publicidad que las empresas de comunicación fomentaron como respuesta a la reforma electoral de 2008). Además, a pesar de las diversas impugnaciones electorales de los últimos años, los partidos de oposición no se esfuerzan en profesionalizar sus cuadros para litigar de manera efectiva las irregularidades que denuncian.

Usualmente se piensa que las instituciones son membretes en edificios, leyes y normas, pero se pasa por alto que también hay instituciones informales que se forman a partir de prácticas cotidianas, reglas no escritas y hasta de la forma en la que los medios de comunicación enmarcan los temas de interés público.

Las instituciones extractivas no podrían haber ganado la fuerza que tienen ahora sin la participación de analistas, opinadores y medios de comunicación. En los medios se repite una y otra vez que para defender nuestra democracia debemos aceptar las decisiones de las autoridades, sin cuestionar ni dudar de ellas; porque la crítica debilita la credibilidad en las instituciones y eventualmente destruye la democracia. Así, para ayudar a mantener la estabilidad y la confianza en las instituciones, los líderes de opinión suelen banalizar las irregularidades en los gastos de campañas y la compra del voto.

Por ejemplo, elección tras elección se repite que un verdadero demócrata debe ganar a pesar de las consabidas trampas, y si no consigue ganarle a las trampas debe reconocer su derrota, y si no le gustan las reglas, pues que no participe. Pero en seguida se dice que todos los partidos son corruptos porque, para ser competitivos en la carrera por el acceso al poder, todos tienen que participar de las prácticas fraudulentas que el arreglo institucional extractivo fomenta.

Es falso que la democracia peligre cuando se cuestiona a la autoridad por no sancionar la defraudación del voto. Según la investigación histórica de Acemoglu y Robinson, los países exitosos son aquellos que mediante la crítica, la organización política, y la participación ciudadana logran destruir creativamente las instituciones extractivas que permiten que las élites económica y política abusen de los recursos de un país.

Así pues, los analistas, opinadores y medios de comunicación deberían ser parte de los contrapesos democráticos mediante la exigencia y apoyo a investigaciones y sanciones a los actores políticos que contribuyan a limpiar los procesos electorales. En su lugar, se ha propuesto obligar a la ciudadanía a que salga a votar masivamente, y eventualmente sancionar a quien no vote, para de esta manera diluir el efecto de la compra del voto.

Luis Gabriel Rojas es doctor en Gobierno por la Universidad de Essex.