Cuando en la discusión pública se habla de movilidad social usualmente se hace referencia a si una generación tiene mejores condiciones de vida que sus padres. Si, por ejemplo, el hogar de una persona tiene un mayor número de bienes durables y de servicios que el hogar de sus padres, se dice que la persona experimentó movilidad ascendente en la dimensión de riqueza del hogar. Y si tiene un menor número de bienes durables y de servicios que el hogar de sus padres, se dice que experimentó movilidad social descendente.

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Esa concepción de la movilidad social es conocida como movilidad social en términos absolutos, pues compara las condiciones de vida de una generación con la de sus padres. Esta concepción de la movilidad social está estrechamente ligada con la de crecimiento económico, en tanto que el mejorar las condiciones de vida de una generación respecto a la anterior usualmente está asociado con una expansión de la economía en su conjunto.

Sin embargo, ésta no es la única forma de entender la movilidad social. La movilidad social también puede ser entendida como el cambio en la posición que ocupa un individuo en la distribución socioeconómica respecto a la posición ocupada por sus padres. Esta definición de movilidad social es una definición relativa, en el sentido de que no compara niveles absolutos sino posiciones en relación con el resto de la población.

Si bien son definiciones diferentes, no son excluyentes entre sí. Una persona puede tener un mayor nivel de ingreso que sus padres, pero seguir estando ubicado en la misma posición que ellos en la distribución de ingresos. Ello implicaría que el ingreso de todos los individuos ubicados por encima de él en la distribución de ingresos se incrementó en la misma proporción. De ahí que hablar de movilidad social sin especificar de qué hablamos lleve a diagnósticos imprecisos.

Una diferencia crucial entre ambas definiciones de movilidad social es que, mientras todos los miembros de una sociedad pueden experimentar movilidad social ascendente en términos absolutos no es así en el caso de la movilidad relativa. Es decir, todos podemos mejorar nuestras condiciones de vida respecto a las condiciones de vida de nuestros padres, pero no todos podemos mejorar la posición socioeconómica en la que nos ubicamos respecto a la posición ocupada por nuestros padres. La razón es que para que alguien suba en las posiciones socioeconómicas, alguien más tiene que bajar, pues dos individuos no pueden ocupar, en estricto sentido, la misma posición en la distribución socioeconómica. Es decir, en términos de movilidad social relativa, el ascenso de unos implica el descenso de otros.

Esa diferencia es crucial en términos de economía política. Si se adopta como objetivo de política mejorar las condiciones de vida respecto a las de la generación anterior, difícilmente habrá oposición política a esa meta (ello no quita que habrá desacuerdos sobre los cómos).  Podría pensarse que si se adopta como objetivo de política que quienes provienen de hogares en la parte baja de la distribución puedan ascender a posiciones más altas, ocurrirá lo mismo, no habrá oposición sustancial en términos políticos. Sin embargo, en los hechos, quienes se encuentran en las posiciones más altas de la distribución socioeconómica tienen incentivos a buscar la forma de garantizar que sus hijos, sin importar sus características, también ocupen esas posiciones, lo cual bloquea el ascenso de quienes nacieron en la parte más baja.

Si no es un objetivo que implica una ganancia potencial para todos los miembros de una sociedad, ¿por qué valdría la pena tomar como objetivo de política la promoción de la movilidad social en términos relativos? Porque, en realidad, ello implica tener como objetivo promover la igualdad de oportunidades.

En una sociedad en donde existiese igualdad de oportunidades, las circunstancias de origen no tendrían efecto alguno sobre los resultados de las personas, y éstos dependerían exclusivamente de las variables bajo su control. Por tanto, en una sociedad con dichas características, habría altos niveles de movilidad social relativa, pues la posición alcanzada por un individuo no estaría relacionada con la posición alcanzada por sus padres. Si, en cambio, observamos que la posición alcanzada por los padres está relacionada con la posición alcanzada por los hijos, es posible sospechar que existe desigualdad de oportunidades.  Así, si se tiene como objetivo construir una sociedad con igualdad de oportunidades, implícitamente se busca construir una sociedad con altas tasas de movilidad relativa. 

Esta fluidez dentro de la escala socioeconómica no sólo es deseable desde un punto de vista igualitarista, sino que tiene implicaciones positivas sobre el crecimiento económico y la movilidad social en términos absolutos. Por un lado, la presencia de igualdad de oportunidades implica que las personas no se ven limitadas por sus circunstancias de origen al momento de elegir a qué se dedicarán en la vida. Ello permitiría que las personas que ejercieran mayor esfuerzo alcancen una mayor posición en la distribución socioeconómica, logrando una mejor asignación de las tareas, pues éstas irían a quien mayor esfuerzo estaría dispuesto a realizar y no a quien tuvo la suerte de nacer en el hogar que permitía tener acceso a esas tareas. Esa mejor asignación llevaría a un mayor crecimiento económico, y con ello permitiría que las condiciones de vida de una generación fuesen mejores a las de sus padres, dando pie a movilidad social absoluta ascendente.

Esta relación entre desigualdad de oportunidades y movilidad social ha comenzado a ser explorada como uno de los determinantes de la desigualdad de ingreso o de riqueza observadas en varios países del mundo. Por ejemplo, Richard Reeves en su libro “Dream Hoarders” analiza el papel que tiene la desigualdad de oportunidades en la creciente separación del 20% de mayor ingreso del resto de la población estadounidense y en las altas tasas de persistencia intergeneracional en esa parte de la población. En el caso mexicano, si bien no hay un texto sobre el tema, la evidencia de distintas fuentes apunta a que existe un vínculo similar. Por un lado se observa una alta persistencia intergeneracional en la parte alta de la distribución socioeconómica (baja movilidad relativa), las estimaciones directas apuntan a altos niveles de desigualdad de oportunidades (al menos 30% de la desigualdad de ingresos y riqueza se debe a ella) y hay una creciente segregación de espacio y desigualdad de trato) por posición en la escala socioeconómica (documentada por Ricardo Raphael en su libro Mirreynato).

Si bien se ha avanzado en la construcción de un diagnóstico que ligue la desigualdad de oportunidades con la movilidad social relativa y la desigualdad de ingresos, en la parte de política pública no se ha avanzado mucho. Una de las razones es que en términos de economía política existe una especie de trampa de desigualdad. En sociedades con altos niveles de desigualdad de ingreso o de riqueza, el descenso en la escala socioeconómica implica también un empeoramiento en las condiciones de vida de quienes descienden. Por lo mismo, quienes se encuentran ubicados en la parte alta de la distribución tratarán de garantizar  que sus descendientes no caigan en la escala socioeconómica. Es decir, tienen incentivos a mantener un arreglo institucional que promueva la desigualdad de oportunidades, pues ese arreglo les favorece. Y esto repercute en que, como resultado, se tenga una distribución de ingresos o de riqueza sumamente desigual. El resultado es que se mantiene la desigualdad de oportunidades aun cuando la reducción de la misma traería ganancias a todos.

Sin embargo, esta trampa de desigualdad también funcionaría en sentido inverso. Si existen bajos niveles de desigualdad de ingresos y de riqueza, y el nivel mínimo de ambos es suficiente para una vida digna, entonces una caída en la posición socioeconómica no implica una disminución sustancial en la calidad de vida de las personas. Por tanto, no hay tantos incentivos para oponerse a un arreglo institucional pro igualdad de oportunidades que ponga en riesgo la posición de la siguiente generación.

Esto podrá parecer desalentador, pero tener claridad sobre la existencia de dichos mecanismos que refuerzan la presencia de desigualdad en una sociedad permite identificar qué tipo de intervenciones públicas es necesario promover para ir desbaratando ese arreglo institucional que sostiene la desigualdad de oportunidades.

Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco es maestro en Economía por El Colegio de México y consultor independiente.