El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) dio a conocer ayer una investigación que vincula a políticos, empresarios y figuras de la vida pública alrededor del mundo con una serie de esquemas de movimiento de capitales internacionales, empleando corporaciones y firmas ad hoc para trasladar y proteger fortunas en paraísos fiscales. Si bien la investigación periodística permite conocer de mejor forma la naturaleza de las operaciones que se realizan y quién las realiza –con sus fuertes implicaciones políticas– la academia ya había tornado su interés en la riqueza que se encuentra en paraísos fiscales como parte integral de las investigaciones que se realizan en dos áreas específicas: la tributación fiscal y el combate a la desigualdad.

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La naturaleza de dichos movimientos es variada, desde la evasión y la elusión fiscal, hasta el blanqueo de capitales o simplemente la búsqueda de mayores beneficios por parte de corporaciones internacionales. De éstas, además de la seria problemática en términos de corrupción que implican, existe un problema mayor para los Estados y su capacidad de autonomía fiscal. La casi perfecta movilidad de capitales que existe en el mundo, aunada a una globalización económica que se encuentra en una constante búsqueda de ganancias tanto en actividades financieras como en el traslado de la producción industrial de país en país, siempre en búsqueda de la maximización de beneficios (menores impuestos, mano de obra barata, entre otros), pone a los países frente a una disyuntiva en la que o todos pierden o se promueve una coordinación fiscal a nivel internacional.

Es importante resaltar que si bien es un problema agravado por la globalización actual, no es nuevo y tiene sus orígenes en la década de 1920, cuando durante la Conferencia Internacional de Finanzas celebrada en Bruselas se convino que:

  • Los impuestos se cobran en el lugar donde las ganancias han sido realizadas, no en los lugares donde los que las realizan viven.
  • Las empresas pueden contabilizar el comercio interno entre ellas y sus subsidiarias a precio de mercado, como si no estuvieran relacionadas entre sí.
  • Sin establecer tratados internacionales para el cobro de impuestos, siendo establecidos por acuerdos bilaterales.

Es fácil ver algunos problemas que este arreglo puede tener. Por ejemplo, es sencillo argumentar que las ganancias han sido realizadas en distintas partes de la cadena productiva y, por tanto, dejar fuera aquellas donde la tasa impositiva es mayor. Las empresas pueden trasladar sus ganancias con facilidad a paraísos fiscales y manipular los precios de transferencia entre sus subsidiarias para deducirlos de su pago de impuestos.

Las reglas establecidas en 1920 ya no aplican a un mundo con una integración económica y movilidad de capitales como el de hoy. Para poner esto en contexto, si analizamos la cantidad de recursos que se destinaban internacionalmente a la industria y aquellos destinados a actividades exclusivamente financieras a lo largo del tiempo, observamos cómo dominan los flujos de capital en actividades financieras hoy en día, cuando en el pasado eran las industriales.

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Fuente: Elaboración propia con datos de Gabriel Zucman

El vínculo con la creciente desigualdad dentro los países es evidente. Mientras los individuos con mayor riqueza tienen la capacidad de eludir el pago de impuestos bajo estos complejos mecanismos de ingeniería fiscal, la mayor parte de la población recibe la mayor parte de la carga fiscal; mientras que la riqueza de estos últimos crece muy lentamente, la de los primeros se expande con rapidez.

En el marco del debate sobre la desigualdad, algunos de los académicos más importantes, como Branko Milanovic1 y François Bourguignon,2 apuntan a la problemática que la globalización y la existencia de estos esquemas de movimiento de capitales traen para los países, en forma de erosiones a sus bases gravables y debilitamiento de su autonomía fiscal. De forma unilateral ningún país (quizá con la excepción de Estados Unidos) puede hacer algo para detenerlo. Por tanto, los paraísos fiscales y sus efectos sobre la tributación de los países están estrechamente ligados a la concentración de capital en manos de unos cuantos y el incremento constante de la desigualdad.

Estimaciones de Gabriel Zucman3 muestran que al menos 8% de la riqueza del mundo, equivalente a 7.6 billones de dólares, se encuentra en paraísos fiscales (2.3 billones de dólares en Suiza y 5.4 billones de dólares en otros paraísos fiscales como Las Islas Caimán, Singapur, Panamá, etcétera). Ello representa una pérdida de al menos 190 mil millones de dólares al año. Dicha medición está en el mismo rango estimado por la OECD en su proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés), que estima una pérdida en impuestos al menos de entre 100 mil millones de dólares y 240 mil millones de dólares por las actividades de individuos y corporaciones en paraísos fiscales y bajo esquemas de ingeniería fiscal.   

América Latina es una de las regiones en el mundo que se ven más afectadas. De acuerdo con Zucman, 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en offshores, una suma equivalente a más de 21 mil millones de dólares anuales en impuestos perdidos para los fiscos de los países de la región. El problema, por tanto, se vuelve grave y su solución atractiva para un país como México, cuya base gravable es pequeña y su recaudación fiscal muy por debajo de los niveles de un país de ingreso medio.

Dado que ningún país puede hacer mucho por combatir de forma unilateral estos flujos financieros, la solución pasa por la coordinación fiscal para reducir el traslado de beneficios y por políticas publicas que puedan registrar más adecuadamente todas las fuentes de ganancias (salarios, rentas, ingresos de capital, herencias) y gravarlas acorde a ello.

Una coordinación fiscal es la idea detrás de proyectos como BEPS y es una de las soluciones propuestas por Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI para combatir la desigualdad global. Propuesta, por cierto, que causó burlas entre sus detractores por considerarse utópica. Sin embargo, la necesidad de una coordinación fiscal para frenar el rápido crecimiento de las fortunas en paraísos fiscales es inminente y, lejos de una utopía, una realidad por venir. 

Pensando exclusivamente en México, la magnitud del problema y su problemática internacional nos obliga a preguntar: ¿qué hacer a nivel local? ¿Qué se puede hacer para limitar estos flujos de capitales?

Algunas propuestas que se suelen encontrar en la literatura son las siguientes:

  • La redefinición en términos fiscales de lo que constituye un ingreso para incorporar todas las fuentes de recursos adicionales al salario.
  • El cobro de impuestos a la riqueza, como es el impuesto a una herencia.
  • Modificaciones a las reglas contables para evitar elusiones por manipulación de precios de transferencia y consolidaciones fiscales.

En realidad, este tipo de acciones sólo lograría mitigar de forma parcial el problema y disminuir un poco las pérdidas que sufre la hacienda pública. Pero en términos de cooperación internacional, para México debería ser una agenda activa. Primero, porque como país en desarrollo es de los más afectados y, segundo, porque de la misma forma que el país puede mostrar liderazgo internacional en temas como el cambio climático, también puede hacerlo en temas de sustentabilidad global en términos fiscales y financieros. Después de todo, la voluntad política es el único obstáculo real, tanto en México como en el mundo, para frenar el abuso de algunas pocas fortunas y cooperaciones multinacionales.

Diego Castañeda es economista por la University of London y editor de la sección de ciencia de la revista Paradigmas.


1 Milanovic, B. The Haves and the Have Nots, Basic Books, 2010.
2 Bourguignon, F. The Globalization of Inequality, Princeton University Press, 2015.
3 Zucman, G. “The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the US net Debtors or net Creditors?”, Quarterly Journal of Economics, 2013.