El 26 de Junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el día internacional de la lucha contra el tráfico ilícito y el abuso de drogas, con el fin de promover acciones para alcanzar una “sociedad libre de drogas”. Existe, sin embargo, extensa evidencia sobre el limitado impacto que las políticas prohibicionistas han tenido en todo el mundo en términos de la disminución de la oferta y demanda de drogas. Además, se ha denunciado y documentado ampliamente los impactos negativos del prohibicionismo, en particular, las violaciones a los Derechos Humanos de distintas poblaciones usuarias y no-usuarias de drogas.

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De acuerdo a la Oficina para la Prevención del Crimen y el Delito (UNODC, 2017), existen en el mundo 2.5 millones de personas con uso problemático de drogas y, de ellas, sólo una de cada seis tiene acceso a tratamiento. Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en México el 9.2% de la población sufre de trastornos por uso de sustancias, de los cuales sólo uno de cada diez recibe atención. Pero el prohibicionismo no sólo ha fallado en disminuir el uso de drogas y brindar atención adecuada a tratamiento, sino que, además y de manera más preocupante, ha incrementado los riesgos asociados a esta práctica y ha creado nuevos daños, al generar obstáculos para el acceso a la salud de la población usuaria, como prueba la crisis de opioides en Estados Unidos y la prevalencia creciente de hepatitis C y tuberculosis.   

En México, la política prohibicionista y el discurso de una sociedad libre de drogas tomó un renovado impulso a partir de la cruzada contra las drogas emprendida por Felipe Calderón. Si bien es cierto que esta política inició oficialmente a finales de la década de 1970 con la aparición de los Centros de Integración Juvenil, la guerra contra las drogas de Felipe Calderón aumentó la violencia en las dinámicas de compra-venta-uso de drogas y criminalizó a los usuarios de drogas, especialmente a los más pobres que, por sus condiciones de vida, se ven obligados en mayor medida a consumir en espacios públicos. 

En los últimos años se ha avanzado en el debate en torno a la necesidad de diseñar mejores políticas de drogas que prioricen la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las alternativas que hasta ahora han sido aprobadas en México, aún están lejos de concebir al usuario de drogas como un ciudadano sujeto de derechos. Piénsese, por ejemplo, en las denominadas cortes de drogas, en las que los usuarios deben decidir si se declaran criminales o enfermos ante un juez, o la ley contra el narcomenudeo, cuyas cantidades máximas permitidas son inferiores a las cantidades con las que se venden las drogas en las calles, lo que expone a los usuarios a ser arrestados y procesados por tráfico, sin ser traficantes.

Dentro de la secretaría de Salud, el discurso más progresista sobre las alternativas a tratamiento ha sido impulsado por el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA), pues ante la amenaza de la expansión de una epidemia de VIH se empezaron a implementar acciones de reducción de daños desde el 2000. La reducción de daños es un conjunto de estrategias de intervención con personas que usan drogas, que no están dispuestas o no pueden dejar de consumir. El objetivo de estas intervenciones es reducir los riesgos a la salud asociados al uso de drogas.

Debido a la falta de una política multisectorial de atención a la salud de las personas que usan drogas, las acciones de prevención y atención al VIH no logran los impactos deseados. Esta política multisectorial no será realidad mientras el discurso imperante en la Secretaría de Salud y particularmente del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC), se dirija de manera exclusiva a la promoción de la abstinencia, persiguiendo el sueño, poco realista, de un México sin drogas.

En este marco, los programas y acciones de reducción de daños, aunque hacen parte de la Norma Oficial Mexicana 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, no conforman una estrategia nacional de acción. No se destinan recursos federales para implementarlos, no existen manuales de procedimiento para su implementación por parte de las instancias encargadas de atender el uso problemático de drogas, ni indicadores que hagan obligatorio su implementación y seguimiento. 

Por ejemplo, el acceso a programas de tratamiento sustitutivo para opioides con metadona es limitado a unas pocas ciudades del país y se encuentra prácticamente en manos de clínicas privadas que ofrecen el servicio a personas dependientes a la heroína que puedan pagar. Los programas de intercambio de jeringas, que es la estrategia más eficaz para la prevención del VIH y la hepatitis C entre personas que se inyectan drogas, operan sólo con recursos del CENSIDA y son implementados en en su mayoría por la sociedad civil. El número de jeringas distribuidas cayó de 19.7% por cada usuario en 2013 a 3.9 en 2014 (CENSIDA, 2015).

En este escenario de indiferencia institucional, la prevalencia de uso de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años pasó de 5.7% en 2008 a 14% en 2011, de acuerdo a los datos de las Encuesta Nacional de adicciones 2008 y 2011. La tendencia es consistente en todas las regiones, grupos de edad y estratos socioeconómicos. Los jóvenes se enfrentan a edades cada vez más tempranas1 a una oferta cada vez más diversa de drogas, con poca información y con escasas herramientas para tomar una decisión sobre usar o no usar drogas y en qué circunstancias hacerlo. Ha aumentado de manera importante el número de personas que usan drogas potencialmente inyectables como heroína, cocaína y metanfetaminas,2 así como las prevalencias de VIH y Hepatitis C en las poblaciones inyectoras,3 pero también en las personas que usan crack e inhalables.4

Este contexto de ausencia institucional y el aumento de la población usuaria de drogas, marca la urgencia de complementar las estrategias de prevención y tratamiento existentes, con estrategias de reducción de daños, reconociendo que hay un universo de personas que usan drogas, que no están dispuestas a dejar de usarlas y que, aun así, son sujetos de derechos, en particular de su derecho a la salud. En términos pragmáticos, los programas de reducción de daños permiten controlar la propagación de epidemias y monitorear las condiciones de uso de drogas. En términos de derechos, los programas de reducción de daños, son obligatoriedad del estado, en tanto que se debe garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, independientemente de su condición de uso/no uso de drogas.

Angélica Ospina-Escobar es doctora en Estudios de Población por El Colegio de México y parte de la Red Mexicana de Reducción de Daños (REDUMEX).


1 En el reporte de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008, se plantea que “Solamente 3.6% de las personas que nacieron entre 1942 y 1956 informó haber usado drogas. El índice aumenta a 5.7% en la generación nacida entre 1957 y 1971; en aquélla nacida entre 1972 y 1983 aumenta a 7.7% y disminuye a 4.9% en aquéllos nacidos entre 1984 y 1996” (ENA, 2008:47).
2 En la ENCODE (2014), el 1.4% de los estudiantes reportaron haber usado crack alguna vez en la vida y 1.7% metanfetaminas (Villatoro-Velázquez, y otros, 2015), mientras en la ENA (2011) se reporta una prevalencia de uso en el último año de crack de 0.1% y de metanfetaminas de 0.2% (Villatoro-Velázquez, y otros, 2012). Entre 2002 y 2008 se reporta además un aumento importante en el número de usuarios de cocaína y de metanfetaminas, los primeros pasaron de 1.2% en 2002 a 2.4% en 2008, mientras que los segundos aumentaron 6 veces su tamaño en el periodo (Encuesta Nacional de Adicciones, 2008) y se duplicaron en 2011.
3 Se estima que alrededor del 90% de los inyectores viven con Hepatitis C (Ramos y cols, 200). y su prevalencia de VIH ha pasado de alrededor del 1% en el 2000 al 6% en 2012 (Strathdee, Magis-Rodríguez, Mays, Jiménez y Patterson, 2012). 
4 Datos de la Clínica Condesa a 2016, muestran que la prevalencia de VIH entre usuarios de crack e inhalables de la Ciudad de México es de 1.3% y 0.8% respectivamente.