Venezuela bajo la administración de Nicolás Maduro pasa una seria crisis económica, política y social y es tal que algunos países consideran que es justificable una intervención humanitaria. Actualmente, existe un régimen específico para sanciones económicas conforme a derecho en la esfera regional y en la internacional; sin embargo, ninguno aplica para este caso.

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Sanciones económicas conforme a derecho son una respuesta a un acto incorrecto, esto es, un comportamiento que no cumple con un acuerdo regional o internacional. Existen dos clases de sanciones: sanciones exhaustivas y sanciones dirigidas. Las sanciones exhaustivas son sanciones comerciales y económicas que se imponen sobre toda la economía nacional. En cambio, las sanciones dirigidas pueden ser individuales o sectoriales. Mientras que las sectoriales se refieren a embargos de armas, prohibiciones en el transporte, relaciones diplomáticas y, en algunos casos, prohibiciones de mercancías como diamantes o petróleo (la prohibición de mercancías se conoce en algunas ocasiones como “sanciones inteligentes”), las sanciones individuales se refieren al congelamiento de los activos o a la prohibición de viajes a individuos o a entidades legales concretas. Desde el final de la Guerra Fría, las sanciones dirigidas son más comunes que las sanciones exhaustivas dado que hay evidencia de un alto costo en el bienestar social de la población, sin que exista una disminución del poder de las élites. Uno de los casos de sanciones exhaustivas es el régimen de sanciones económicas a Corea del Norte y el clásico ejemplo de sanciones dirigidas individuales es la lista de posibles terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las sanciones económicas de EUA a Venezuela son una combinación de ambos regímenes: congelaron las acciones de Maduro bajo su jurisdicción y prohibieron que sus ciudadanos hicieran ciertos negocios en Venezuela.

Dado que las sanciones económicas conforme a derecho están definidas bajo el quebrantamiento de una obligación, antes de su aplicación se debe de demostrar que hubo tal quebrantamiento. En Derecho internacional, esa clase de evidencia se materializa en resoluciones o en declaraciones de Cortes o de Organizaciones Internacionales. Las sanciones económicas de EUA a Venezuela se impusieron sin la aprobación de alguna de dichas instituciones, lo que las convierte en acciones ilegales.

¿Por qué Estados Unidos no buscó un consenso regional o internacional? La razón es sencilla, los mecanismos que acepta Venezuela con el poder de imponer sanciones económicas, como Naciones Unidas o la OEA, tienen algunos miembros que consideran que las sanciones económicas de EUA son un ejemplo de agresión. Por ejemplo, la política de Rusia contra la intervención en asuntos nacionales aplica en este caso o los intereses económicos de China en América Latina son compatibles con el apoyo a un régimen sin sanciones contra Venezuela.

La esfera regional está igual de disputada, pues los países continentales están de acuerdo con la necesidad de tomar acciones en la materia, mientras los estados caribeños mantienen sus reservas. De hecho, el intento más fuerte para una declaración de esta naturaleza ocurrió durante la última reunión de la OEA, la cual tuvo lugar en Cancún, México en junio del 2017, donde no se lograron los votos necesarios. En su mayoría, la oposición estuvo en las naciones caribeñas. Una posible explicación es el comportamiento de EUA en el Caribe, especialmente en Granada en 1983 y el embargo económico contra Cuba. Esta observación es relevante porque el argumento de un sistema no democrático en Venezuela sólo se puede castigar bajo la Carta Democrática de la OEA y no aplica para el régimen internacional.

En conclusión, las acciones de EUA contra Venezuela son ilegales. Entonces, ¿qué se puede hacer? El problema en este caso es que una agresión entre Estados es castigada sólo en casos específicos, todos los cuales incluyen el uso de la violencia o por incumplimiento de obligaciones económicas. Dado que las acciones de EUA son puramente económicas, sólo se puede utilizar castigos informales como medidas de defensa. Algunas de ellas son las declaraciones de oposición de los Estados o las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas; no obstante, ninguna de las dos es obligatoria. Contramedidas, como las sanciones económicas contra EUA, son otra posibilidad, pero parece difícil que algún país esté dispuesto a hacer tal cosa.

Julio César Díaz Calderón es investigador en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).