México experimenta un proceso de transición demográfica donde un aumento en la esperanza de vida, en conjunto con una disminución en la tasa de fertilidad, ha conducido a un cambio en la distribución de la población en términos de grupos de edad. Los datos del Censo de Población y Vivienda respaldan estos cambios, ya que en 2010 alrededor del 6% de la población eran adultos mayores,1 pero se espera que para 2030 este porcentaje aumente a 12.5%.2

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El aumento en el número de adultos mayores en México puede llevar a cuestionar si la actual política de desarrollo social es adecuada para “cuidar” de esta población, que no sólo es vulnerable por factores económicos, sino también por la potencial disminución en funcionalidad, el aislamiento, la depresión u otros problemas de salud. Lo anterior trae consigo varias interrogantes: ¿Cómo cambiarán los patrones de consumo dentro y fuera del hogar? Y si éstos varían de forma significativa, ¿está México preparado en términos de política pública para enfrentar estos cambios?

  El no atender a dicha población puede conllevar a riesgos incrementados en problemas de salud como menor adherencia a tratamientos médicos,3 mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso,4 menor desempeño cognitivo,5 además de depresión y sus costos asociados.

Aunado a lo anterior hay que considerar que, dentro de un hogar, las necesidades de sus integrantes son un factor que influye en la distribución de los recursos. De acuerdo a Deaton, Ruiz-Castillo y Thomas (1989) existe una relación entre las demandas por tipo de bienes para distintos grupos de edad, estableciendo para cada grupo distintos patrones de consumo. Es decir, un hogar con un niño menor de cinco años va a consumir distintos bienes en comparación con otro hogar donde hay un menor de 10 años.

Para esto, merece la pena analizar el consumo dentro del hogar y ver cómo varía un hogar hipotético de referencia con respecto a uno donde viva por lo menos un adulto mayor. Lo anterior es un reto metodológico dado que para muchas encuestas (tanto en México como en el mundo) su unidad principal es el hogar; es decir, la información que recolectan es de todos los miembros del hogar en su conjunto, dificultando así el análisis comparativo de bienestar a nivel individual.

Para poder dimensionar el problema, se construyó con datos de la ENIGH 2014 un índice del costo de mantener un hogar con por lo menos un adulto mayor (a partir de 60 años) relativo al costo de mantener el hogar sin un adulto mayor.  Este indicador de la proporción del gasto monetario en alimentos respecto al gasto monetario total,6 se construyó a través de la curva de Engel. Este método parte de la idea que si dos hogares tienen el mismo gasto en alimentos, tendrán el mismo nivel de bienestar sin importar sus diferencias en tamaño, composición demográfica o gasto total.

El presente análisis también considera cuando el jefe del hogar es hombre o mujer, ya que en la literatura se puede encontrar que sí hay diferencias sustanciales en el género de la persona responsable en las erogaciones del hogar.7

Además de lo anterior, para poder saber si un hogar es rico o pobre, se utilizaron los estratos socioeconómicos de la encuesta ENIGH que cataloga en cuatro niveles (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto) las características de las viviendas del país.

  En primera instancia se analizó el primer estrato, que corresponde al de un nivel socioeconómico bajo, ya que, si el adulto mayor (que es una población presente en todos los estratos) es vulnerable por definición, los adultos mayores en el estrato más bajo son todavía más vulnerables y posiblemente sean los que más reciben transferencias gubernamentales. Para el análisis también se agregó el primer y segundo estrato socioeconómico, es decir, bajo y medio-bajo para contrastar la variación con respecto al primero.

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Los resultados obtenidos fueron estadísticamente significativos, lo que quiere decir que en éstos se puede observar que en los hogares de referencia del primer estrato, las mujeres gastan menos que los hombres. El resultado de los hogares del primer estrato8 con un adulto mayor se puede apreciar que la mujer jefa del hogar sigue gastando menos que el jefe del hogar hombre, pero ambos porcentajes disminuyen abruptamente.

Este cambio en la distribución del ingreso puede deberse a los programas sociales a los que está inscrito el adulto mayor (que podrían ser exclusivos para el adulto mayor o para la población vulnerable en general), ya que al recibir una transferencia, puede que ésta conlleve a que el hogar reconfigure su gasto y que esté usando menos recursos en alimentación.

En la agregación de los dos primeros estratos socioeconómicos podemos observar resultados consistentes con el análisis del primer estrato; no obstante, a diferencia aquí entre porcentajes no es tan grande como en el primer caso. Esto se debe a que al añadir a las personas del segundo estrato, éstas se encuentran en mejores condiciones socioeconómicas que las primeras, por lo que, al sumarlas, la variación del porcentaje entre hogares con y sin adulto mayor es más baja.
De las tablas anteriores podemos intuir que la inclusión de un adulto mayor en un hogar cambia el comportamiento de consumo, lo que podría traducirse en que el hogar pueda destinar su ingreso en otros bienes porque recibe cierto apoyo gubernamental, pero esto no es concluyente porque no se sabe con certeza los efectos que los programas sociales en el bienestar de este grupo poblacional.

En México han proliferado los programas locales y federales con el fin de fortalecer la seguridad financiera, la alimentación y el acceso a los servicios médicos en dicho grupo poblacional. Entre éstos, cabe resaltar la existencia de programas exclusivos para el adulto mayor de los cuáles pueden identificarse 12 orientados a mejoras en el bienestar social en 11 estados de la República Mexicana. Estos programas varían en enfoque, focalización y antigüedad, entre otras características; sin embargo, no se cuentan con estudios de impacto que validen si hubo una mejora en la calidad de vida de las personas pertenecientes a este grupo poblacional. Los resultados de la tabla 1, invitarían a cuestionar si es válido que haya una focalización a programas universales, como la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores” de la Ciudad de México. Merece la pena una amplia discusión sobre a qué grupo poblacional y/o estrato socioeconómico va dirigido, y qué tipo de apoyo otorgado es el más adecuado, ya sea en especie,9 transferencia monetaria10 o voucher.11

Parte de la problemática también radica en la misma definición de lo que es un adulto mayor. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a éste grupo a partir de los 60 años. En México existen discrepancias en los cortes de edad, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM) lo establecen en 60 años, algunas políticas de adulto mayor se rigen por puntos de corte alternativos como 65 años en el Programa de Pensión para Adultos Mayores o 68 para el Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de la Ciudad de México.

Generalmente esta transición demográfica se aborda a un nivel macro, donde se habla de una debacle en el sistema de pensiones y un alza en servicios de salud, sin embargo, en poco tiempo, el hogar de referencia usado en este ejercicio no será el que únicamente se compone por uno que contenga un hombre, una mujer y un aproximado de dos hijos,12 sino uno donde habite más de un adulto mayor y donde no sabemos si la población más vulnerable pueda encarar este cambio.

Estamos presenciando un cambio poblacional que impactará la configuración del hogar y  su dinámica, que obliga a un mejor entendimiento de la población en niveles más desagregados. Un primer paso para la atención de este problema es tener una identificación clara de la población a atender, así como mejores métodos de evaluación para medir el impacto de la política. Esto, para tomar medidas adecuadas para la atención de los adultos mayores ante el envejecimiento de la población en el país.

Fernanda Gutiérrez Amaros es economista y politóloga por el ITAM, donde estudia la maestría en Ciencia de Datos. Trabaja en diversos proyectos de investigación en la Universidad Iberoamericana.


1 INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Mexico, 2010.
2 CONAPO. Diagnóstico Socio-Demográfico del Envejecimiento en México. 2011.
3 Bhargava V, Lee JS, Jain R, Johnson MA, Brown A. “Food Insecurity Is Negatively Associated with Home Health and Out-of-Pocket Expenditures in Older Adults”. Journal of Nutrition. 2012 Oct;142(10):1888-95.
4 Kim K, Frongillo EA. “Participation in food assistance programs modifies the relation of food insecurity with weight and depression in elders”. Journal of Nutrition. 2007 Apr;137(4):1005-10.
5 Gao X, Scott T, Falcon LM, Wilde PE, Tucker KL. “Food insecurity and cognitive function in Puerto Rican adults”. Am J Clin Nutr. 2009 Apr 1;89(4):1197-203.
6 Este gasto no contempla transferencias gubernamentales, ni regalos, ni autoconsumo.
7 Hagan(1996), Duflo (2003), Thomas (1992) y Edmonds (2005).
8 Es importante recalcar que esta población es la candidata deseable para diversos programas sociales; sin embargo, no se contempló en este análisis ninguna variable que la identifique como beneficiaria de alguno.
9 Un ejemplo pueden ser las canastas alimentarias.
10 Efectivo o tarjetas con dinero de libre uso.
11 Se refiere a cupones o tarjetas para supermercados, pueden ser restringidos para ciertos alimentos (como alcohol y tabaco) o libres.
12 Cifras de CONAPO.