El 30 de agosto de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó los resultados de la pobreza para el año 2016. Más allá del debate generado por el cambio en la medición de los ingresos de INEGI y el modelo estadístico utilizado para poder mantener la comparabilidad histórica de las cifras, es importante prestar atención a los otros indicadores de carencias sociales para poder tener una idea clara sobre el ejercicio de los derechos sociales de la población.

Mucho se ha dicho ya en torno a la desigualdad del ingreso, pero ¿podemos decir algo sobre la desigualdad en el ejercicio de los derechos? En México existen brechas enormes en la manera en que la política de desarrollo social los garantiza. El contexto real y específico en el que una persona accede a un derecho puede tener implicaciones importantes en el desarrollo de capacidades y en el poder de agencia de un individuo.1 Los indicadores con los que cuenta CONEVAL reflejan una parte de ello, aunque no todo.

La pobreza y los derechos sociales

La medición de la pobreza en México es multidimensional; contempla, además del ingreso, seis indicadores llamados de carencia social, que miden el acceso a los derechos sociales establecidos en la Constitución y en la Ley General de Desarrollo Social: educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y una alimentación nutritiva y de calidad.2

La manera en la que se mide el acceso a estos derechos es a través de indicadores de carencia social; dicha carencia refleja el no cumplimiento de uno de los derechos.

De 2012 a 2016 todas las carencias sociales de la población, tal como las mide el CONEVAL, registraron una reducción.3 Ello es sin duda positivo, y ha sido uno de los argumentos más utilizados por la actual administración para promover la política social implementada en el país en el último sexenio. Sin embargo, los detalles en las cifras de CONEVAL revelan una realidad mucho más compleja. Si bien el método utilizado por el CONEVAL es una manera fácil de medir estas dimensiones y cuantificarlas, dicha reducción no refleja enteramente la desigualdad en el ejercicio de los derechos sociales.

Todos los mexicanos somos iguales, pero algunos mexicanos son más iguales que otros

Como primer ejemplo, tomemos el caso del derecho a la salud. En este sexenio, de 2012 a 2016, el porcentaje de personas sin acceso a la salud disminuyó de 21.5% a 15.5%. Esta reducción se debe, en gran medida, al incremento de la cobertura del Seguro Popular que, de acuerdo con las mismas cifras de CONEVAL, cubrió en 2016 a 45.3% de la población del país. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas que pueden ejercer su derecho a la salud lo hacen a través de este programa. Sin lugar a duda, esto es una mejora en términos absolutos. Sin embargo, los beneficiarios del mismo no ejercen ese derecho de la misma manera que una persona con cobertura del IMSS o alguien que tiene una cobertura de gastos médicos privada. Mientras que el Seguro Popular cubre 266 tratamientos, el IMSS no tiene restricciones. Ello se debe a que el sistema de salud en México no es universal, sino depende del estatus laboral de las personas en un esquema segmentado que genera desigualdades y es ineficiente.4

El caso del derecho a la educación también ilustra de manera clara cómo el “acceso” a derechos sociales en México no asegura necesariamente mejores oportunidades y reproduce las desigualdades. De 2012 a 2016, el rezago educativo disminuyó de 19.2% a 17.4%. De hecho, el rezago educativo para la población de 3 a 15 años es particularmente bajo (cerca de 7.4% en 2016). Sin embargo, mientras que Baja California gasta más de 24 mil pesos por alumno al año, Chiapas sólo gasta 9 mil 800 pesos. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2012 realizada por la OCDE, Nuevo León, Aguascalientes y Jalisco tuvieron las puntuaciones más altas en Matemáticas, mientras que los últimos lugares los ocuparon Tabasco, Chiapas y Guerrero. Esto evidencia una brutal desigualdad en la calidad de los servicios públicos de educación, que impide la igualdad de oportunidades y la movilidad social de los jóvenes más pobres y con más carencias del país. La infraestructura educativa disponible y el presupuesto del lugar de nacimiento de una persona mejorará o empeorará sus posibilidades para adquirir las capacidades necesarias para obtener mejores ingresos que los de sus padres y tener una mejor calidad de vida.

La seguridad social es otro caso donde existe una enorme desigualdad, ya que el derecho está determinado por la formalidad en el mercado laboral. Actualmente, cerca del 57% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, lo que implica precariedad y exclusión de derechos. Esta carencia social es la más severa de todas y, aunque de 2012 a 2016 hubo una reducción de 61.2% a 55.8%, más de la mitad de la población sigue expuesta a quedarse sin medios de vida en caso de un percance de salud o laboral, o sin contar con una pensión digna.

El caso de los espacios y servicios básicos de la vivienda es muy relevante en el contexto de emergencia humanitaria que se vive actualmente en varias zonas del país a raíz de los sismos ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre. La carencia de espacios y calidad de la vivienda se redujo entre 2012 y 2016 de 13.6% a 12%. Este indicador mide si las viviendas tienen piso de tierra, muros y techos de material endeble, y hacinamiento (muchas personas viviendo en un espacio reducido). Sin embargo, este indicador no toma en cuenta, por ejemplo, si la construcción de las viviendas cumple con las mínimas normas de calidad. Como se pudo observar en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y algunas partes de la Ciudad de México, muchas de las construcciones que sufrieron daños y lamentables pérdidas humanas en viviendas particulares producto de factores estructurales como una mala regulación y vigilancia de los protocolos de seguridad. Aunado a ello, una cuarta parte de los hogares en Oaxaca y Chiapas no cuentan con calidad y espacios adecuados en sus viviendas.

Finalmente, en el caso de la alimentación, se registra también una mejora de 2012 a 2016, ya que el porcentaje de la población con inseguridad alimentaria se redujo de 43.9% a 40.7%. Seguridad alimentaria se define como el acceso físico y económico constante de alimentos suficientes y nutritivos. Sin embargo, como lo muestra Fernanda Gutiérrez en otro artículo de Nexos, la población de menores ingresos y que vive en localidades rurales tiene en promedio mayor inseguridad alimentaria.

Los datos de carencias sociales del CONEVAL y la medición multidimensional de la pobreza son herramientas útiles para poder medir, de manera muy general, el avance en el cumplimiento de derechos sociales y la eficacia de la política social. Sin embargo, se requiere visibilizar y analizar el grado del cumplimiento de los derechos sociales y las desigualdades que existen entre sectores económicos y sociales. El poder ejercer los derechos sociales con calidad y equidad es indispensable para que en nuestro país exista una verdadera igualdad de oportunidades y de resultados.

Diego Alejo Vázquez es maestro en Economía por El Colegio de México y Gerente de Investigación de Oxfam México.


1 Para Amartya Sen, por ejemplo, el desarrollo de libertades y la oportunidad de tener salud y educación de los individuos constituye un elemento indispensable y central en el proceso de desarrollo.
2 Para más información se puede consultar el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social y el sitio de CONEVAL.
3 La información estadística a la que se hace referencia puede ser consultada aquí.
4 Una crítica valiosa a este sistema es la hecha por Santiago Levy.