Por allá de 1968, Samuel Huntington estaba causando revuelo internacional en el mundo académico por su obra El orden político en las sociedades en cambio.sup>1 Apartándose de las búsquedas tipográficas –entre gobiernos democráticos o autoritarios; capitalistas o comunistas; presidenciales o parlamentarios–, Huntington trató, en cambio, de comenzar a medir el “grado de gobernabilidad” de los estados. ¿Cuáles eran los métodos y características de los gobiernos con altos niveles de gobernabilidad? ¿Cuáles factores contribuían a la estabilización o desestabilización de las “sociedades en cambio”?


A los ojos de Huntington, los grandes retos que los estados debían sortear eran causa de ese “cambio” que los países del llamado “tercer mundo” buscaban: la modernización. En América Latina, la modernización industrializadora iniciada a partir de 1930 había redundado en porcentajes exponenciales de crecimiento (con tasas del 6% anual) y en un boom demográfico a través de la región. Décadas después, era ese crecimiento económico y demográfico, ese cambio, lo que presentaba el siguiente reto de control social al estado. La generación estudiantil de 1968 era, por ejemplo, resultado del boom demográfico causado por ese proceso modernizador de los países. Este auge económico se había trasladado en un auge educacional trasladado, a su vez, en una clase media y juventudes estudiantiles mucho más exigentes con sus gobiernos.

¿Pero qué podemos entender por modernización? Modernización económica. Modernización industrial. Modernización política. Incluso la modernización del alumbrado público, como ahora lo contemplan los contratos de servicios públicos. Y para incrementar las ambigüedades, ¿qué podemos entender por un concepto como “modernización” que se nos ha prometido a los mexicanos desde los tiempos de Porfirio Díaz hasta pasar, un siglo después, por la tecnocracia de Salinas de Gortari y la administración de Peña Nieto? La modernización, como concepto evolvente y camaleónico, ha fungido como pilar de las políticas públicas desde el positivismo de los Científicos porfiristas hasta el neoliberalismo de Salinas de Gortari –moldeado en esta última versión por el Consenso de Washington de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Bien, pues, de acuerdo con Huntington, las dos principales vertientes de la modernización que un sistema político tiene que encauzar son precisamente la política y la económica. La modernización política se refiere principalmente a la asimilación e incorporación, de parte del régimen, de las masas sociales y los nuevos intereses grupales que surjan. Por otro lado, la modernización económica se evalúa, en gran medida, por la transición de la sociedad rural a la sociedad urbana; es decir, de la migración del campo hacia la ciudad. En Estados Unidos, por ejemplo, ese fenómeno de modernización económica puede verse reflejado en la siguiente gráfica:

Porcentaje de población estadounidense viviendo en áreas urbanas, 1790-1990

 

Fuente: Caragliu, Del Bo & Nijkamp (2011), Smart cities in Europe.2

 

En la gráfica anterior está el retrato del principal rasgo de la modernización económica: el crecimiento de las “ciudades” y de la población viviendo en áreas urbanas. Dicha curva se dispara en Estados Unidos a partir de la primera mitad del siglo 19 en que la Primera Revolución Industrial estaba haciendo eco en Estados Unidos, de la mano de empresarios como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Cornelius Vanderbilt. En cifras, Estados Unidos pasó de tener cerca del 5% de población urbana en 1790 a más del 75% en el año 2000. En México, con un desarrollo tardío, este auge demográfico de la ciudad se dio principalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Porcentaje de población urbana en México, 1960-2015

 

Fuente: Elaboración propia mediante Databank del Banco Mundial.

 

En 1960, se tenía aproximadamente a un 51% de la población viviendo en áreas urbanas hasta llegar, en el 2015, a un 80%. Un aumento de cerca del 30% de población urbana de 1960 a 2015, comparado a un crecimiento más uniforme de Estados Unidos de 12% en el mismo periodo.

Porcentaje de población urbana en Estados Unidos, 1960-2015

 

Fuente: Elaboración propia mediante Databank del Banco Mundial

 

Este boom demográfico, más acelerado en los países de desarrollo tardío como el caso de México, representó consecuentemente un reto a la modernización política. A lo largo de su historia, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido Revolucionario Mexicano y, posteriormente, el Partido Revolucionario Institucional se vieron enfrentados con el reto de adaptarse a nuevos grupos sociales y a nuevos intereses. Impulsado en gran parte por la industrialización acelerada de la sustitución de importaciones, México, en cuestión de décadas, pasó de ser un país agrario a uno donde el campo buscaba prevalecer y coexistir con el impulso industrializador. Ahora, el sistema político debía asimilar los intereses no sólo de los campesinos, como en los tiempos de Obregón y Elías Calles, sino de una creciente población obrera. Lázaro Cárdenas fue capaz de adelantarse, al menos, a este primer paso de la vinculación entre modernización económica y modernización política.

La estrategia política con la que Cárdenas aseguró el futuro a mediano plazo del entonces Partido Revolucionario Mexicano fue la asimilación y atención de los intereses tanto del campo (con el reparto agrario) como del trabajo (con el apoyo a los sindicatos y a los derechos laborales). La respuesta de Cárdenas, por tanto, a este primer reto de la modernización fue incorporar tanto a los campesinos como a los trabajadores a las filas del partido, mediante la CROC y la CTM, respectivamente. Y ello sustentado, a su vez, con acciones efectivas en beneficio de estos grupos sociales: al implementar un reparto agrario que superó a todos los presidentes revolucionarios que le antecedieron y al movilizar a obreros a que se sindicalizaran y declararan huelgas a fin de consolidar sus derechos laborales como contrapeso al creciente poderío de los empresarios.

La capacidad de adaptación que Cárdenas le imprimió al PRM mediante su corporativismo consolidó las condiciones habilitantes para que se pudiera cristalizar, eventualmente, el “desarrollo estabilizador” de México durante su fase de ISI (Industrialización mediante Sustitución de Importaciones) –referenciado posteriormente como el “Milagro Mexicano”. Pero este “Milagro Mexicano” terminaría generando el siguiente reto modernizador para el ahora Partido Revolucionario Institucional: cómo asimilar los intereses de esa clase media y educada que había surgido a raíz de índices de crecimiento sin precedentes. ¿Y cómo repartir los beneficios de un desarrollo industrializador acelerado?

Remontándonos a mediados de 1960, los obreros comenzaron a exigir un mayor reparto de utilidades y un incremento de sus salarios, mientras que los grupos intelectuales y estudiantiles exigían una mayor democratización de las plataformas políticas. Y ésta era, de hecho, una de las preguntas centrales de Huntington en relación con los países del Tercer Mundo: ¿cómo asimilar las exigencias de estas nuevas generaciones procreadas por el desarrollo industrializador? Dichas exigencias de las juventudes en México parecieron espejo, a su vez, de las protestas en la Universidad de Waseda de Japón o la revuelta estudiantil de Corea del Sur en contra de Syngman Rhee. En México, la respuesta del régimen fue desafortunada: la matanza de Tlatelolco como exhibición de un sistema político que había sido, finalmente, abrumado por una sociedad que se le salió de sus filas corporativistas. Un espejo incluso de lo que pasaría en China, aunque más tarde, con la masacre de la Plaza de Tiananmén.

A partir de 1968, el PRI comenzó a perder su legitimidad como el conductor efectivo del proyecto de desarrollo nacional generando eventualmente las políticas populistas de Echeverría y López Portillo, quienes fracasaron en dar respuesta a las diversas exigencias de una sociedad mexicana cada vez más fragmentada entre campesinos, obreros, empresarios, sindicatos y grupos políticos. Ya en 1988, lo único que evitó la salida del PRI del poder fue esa “caída del sistema” electoral. La tecnocracia de Salinas entonces, resucitando las cualidades mesiánicas de la modernización, reforzó la apertura económica iniciada por de la Madrid. La modernización llevó a otro auge económico. Pronto, no obstante, ésta agudizó de nueva cuenta la polarización y su implementación acelerada contribuyó finalmente a la crisis del ’94 y a la salida del PRI de la presidencia en el 2000.

Avanzamos 12 años y la modernización se convirtió de nueva cuenta en promesa del desarrollo nacional, en el eje central de lo que las viejas y nuevas cúpulas del PRI querían moldear como regreso triunfal. Pero la misma trayectoria de “u” invertida les esperaría. Un auge construido discursivamente como esperanzador, respaldado en reformas estructurales mediante las cuales prometieron un nuevo “milagro” o “momento” mexicano. Pronto, no obstante, este impulso modernizador fue seguido por la actual galvanización del descontento y la desigualdad. ¿Ha perdido ya nuestro sistema político la capacidad de asimilar los fragmentados intereses de la sociedad? Y considerando la ola de descontento contra la partidocracia a nivel global, ¿han perdido los sistemas políticos en el mundo esta misma capacidad de adaptación?

El PRI, actualmente inmerso en niveles bajísimos de aprobación ha esbozado ya las acciones que parece considerar como posible remedio. En la reciente asamblea nacional del PRI no sólo se quitaron los candados para que un candidato considerado “neutro”, como José Antonio Meade, pudiera competir en el 2018 (y quitarle votos al PAN). También se puso sobre la mesa, casi de forma subrepticia, la adopción de una “economía social de mercado”—política económica que surgió en Alemania con las intenciones de encontrar un justo medio entre la volatilidad del mercado y las políticas sociales. ¿O sea que mercado con “características mexicanas”? ¿Con “características germánicas”? El actual régimen ya sabía de antemano los problemas centrales del país en cuanto a su economía: la pobreza, la desigualdad, la precarización laboral. Pero hasta ahora había hecho caso omiso a las exigencias de adaptabilidad y de asimilación de intereses sociales –algo que Huntington consideraba fundamental en cuanto a grado de gobernabilidad. Parece, no obstante, que las aparentes intenciones del PRI por reinventarse han surgido demasiado tarde. Aunque habremos de averiguarlo, finalmente, en las elecciones del próximo año.

Walid Tijerina es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


1 Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. New Haven Press.

2 Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of urban technology, 18(2), 65-82.