Las demandas feministas comienzan a estar en la mira dentro de la agenda pública mexicana por los peores motivos posibles: el creciente número de casos de violencia contra las mujeres y de acoso sexual en el espacio público, así como la ola de feminicidios que aquejan al país como parte de la crisis de derechos humanos que atraviesa México,1 han ocupado un espacio –aunque limitado– en los medios de comunicación y será motivo de la movilización social de un sector de la población este fin de semana en una marcha contra las violencias machistas en 27 ciudades del país.

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Ese número cada vez mayor de agresiones contra mujeres también ha puesto en evidencia el privilegio que tenemos los hombres por el simple hecho de serlo, como ha reflejado Daniel Moreno recientemente en este sencillo, pero fuerte, texto al respecto. El absurdo hecho de haber nacido en un cuerpo determinado nos reporta a los hombres biológicos o cisgénero –es decir, a quienes nacimos con identidad de género y género concordantes con el que nos fue socialmente asignado– una serie de privilegios económicos, políticos y sociales. Algunos de éstos son poco visibles, pero con fuertes implicaciones en las decisiones sobre el tiempo y plan de vida propios, donde las batallas feministas en México tienen aún un largo camino por recorrer. Ejemplo de lo anterior es el caso de las cargas social y culturalmente impuestas a las mujeres respecto al trabajo de cuidados.

Cuando hablamos de trabajo de cuidados, nos referimos en su mayoría –pero no limitativamente– a las actividades que se realizan principalmente en el ámbito doméstico que implican el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas enfermas temporales o permanentes por enfermedades crónicas, discapacidad o edad avanzada, para quienes el apoyo y cuidados pueden ser vitales. Históricamente, se ha dado una división sexual del trabajo donde las mujeres trabajaban fundamentalmente en el ámbito doméstico y los hombres en el espacio público y como principales proveedores de ingresos en el hogar, pero los cambios culturales y sociales del siglo pasado modificaron estas asignaciones para dar un mayor número de espacios a las mujeres en los mercados laborales. Sin embargo, son ellas quienes siguen siendo las principales responsables de las actividades al interior del hogar –a veces con carácter obligatorio–, lo que ha ocasionado lo que algunas teóricas llaman “doble jornada”, ya reconocida incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.2

Esto ha generado una sobrecarga de trabajo para las mujeres mexicanas, que se ve agravada por la falta de corresponsabilidad por parte de diversos actores y no sólo de los hombres en el hogar: las empresas, el Estado y la sociedad en general podrían aligerar y redistribuir estas cargas si participaran de manera más activa y responsable, y si se facilitaran la infraestructura y servicios públicos necesarios para los cuidados. El hecho de que estos otros actores no se responsabilicen del trabajo de cuidados implica un incremento del riesgo de inseguridad, manifestaciones de violencia y dependencia económica que tantas mujeres enfrentan.

Para ilustrar la importancia del trabajo de cuidados en México, valgan algunas cifras. Según los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 10.1 por ciento de las personas en hogares requirieron de cuidados durante 2009, donde dos de cada tres personas que realizaron estos cuidados fueron mujeres, dedicando 26 horas –poco más de un día completo– a la semana a éstos.3 A pesar de la falta de reconocimiento, el trabajo doméstico y el de cuidados tienen un alto valor social y económico. De acuerdo a las estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares, estos trabajos representaron 21.6 por ciento del producto interno bruto de 2011 y son el grupo de actividades económicas de mayor peso del trabajo no remunerado, donde las mujeres representan el 71.6 por ciento de la aportación total.4

México está en el mejor momento para comenzar a discutir este tema porque todavía no enfrentamos problemas considerables referentes al cuidado de personas mayores, aunque la reestructuración familiar respecto al modelo tradicional obliga a pensar en un nuevo modelo de organización social de cuidado con corresponsabilidad social. Como muchas otras economías en desarrollo, México cuenta con una sociedad mayoritariamente joven –situación que se conoce como ‘bono demográfico’, donde la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente–, pero tenemos lecciones que aprender de los países desarrollados que imponen presión para adelantarnos. Japón, por ejemplo, enfrenta un proceso de envejecimiento de su población tal que Shinzo Abe, actual primer ministro, ha propuesto una reforma a los mercados laborales de Japón –como parte de sus Abenomics– para promover la inclusión de las mujeres en una sociedad profundamente machista,5 esto ante la escasez de mano de obra por el crecimiento negativo de la población japonesa, provocada tanto por su baja tasa de natalidad como por la restrictiva política inmigratoria, que limita el crecimiento de la economía japonesa.

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Para ilustrar el problema que comenzará a enfrentar México en los próximos años, la figura 1 muestra la proporción de población mexicana por grandes grupos de edad de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).6 Como se puede apreciar, tanto la proporción de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años como la de personas jóvenes económicamente activas –aquéllas entre 15 y 29 años, de acuerdo a los criterios de Naciones Unidas– disminuirán en poco más de diez puntos porcentuales cada una entre los años 2000 y 2050, mientras que las personas mayores de 60 años7 duplicarán su participación en el total de la población durante el mismo período, sin contar a las personas discapacitadas y/o permanentemente enfermas.

Esta situación queda más clara al mostrar la relación de dependencia de la población nacional, ilustrada con una línea roja en la misma figura. Ésta se calcula al dividir la población dependiente –menores de 15 años y mayores de 60– por la población en edad de trabajar; entre más grande sea la relación de dependencia, mayor será la carga potencial sobre quienes se encargan de los cuidados. Aunque nos encontramos en pleno bono demográfico con una disminución en la relación de dependencia, entre 2020 y 2022 se comenzará a revertir este proceso para enfrentar un nuevo resultado de la transición demográfica de la población mexicana: el inicio de su envejecimiento, que definirá el siglo XXI mexicano e impondrá nuevas responsabilidades que, de continuar la imposición cultural y socialmente aceptada que representa el trabajo de cuidados para las mujeres, se volverán una carga aún mayor sobre sus responsabilidades sociales y económicas.

Sin embargo, el problema que enfrentan las mujeres mexicanas respecto al trabajo de cuidados no sólo es un tema de justicia social, sino que tiene diversos costos por la falta de políticas públicas en materia del trabajo de cuidados, tanto para los gobiernos como para las empresas y la sociedad en general. Aunque constantemente uno de los argumentos contra el diseño y puesta en marcha de políticas de corresponsabilidad social es el mito de que tienen un costo elevado, no es así cuando se contrastan los beneficios a mediano plazo con los costos de su ausencia.8

La falta de políticas públicas en materia de cuidados tiene costos a nivel macroeconómico, de las unidades productivas y costos sociales por omisión. A escala macroeconómica, el desaprovechamiento de la fuerza de trabajo femenina afecta la productividad y debilita las trayectorias de crecimiento, provocando ineficiencias en los mercados laborales por la inadecuada asignación de la fuerza laboral. A esto deben sumarse los costos para las empresas ante la enorme tensión que genera para las mujeres la división entre vida familiar y laboral, que afecta su rendimiento y lleva así a una menor productividad, o la mayor rotación de personal y las dificultades correspondientes para retener trabajadoras, especialmente las de mayor nivel de especialización. Por último, debemos considerar los costos sociales implícitos al restringir la participación plena de las mujeres en la vida pública. Además, el Estado consigue un enorme ahorro monetario por no asumir sus responsabilidades en los cuidados, lo que representa costos adicionales que se trasladan a las familias, al ser ellas las que tienen que asumir los costos. En un país tan pobre como México, esto genera aún mayor desigualdad.

Pero quizá el argumento económico más fuerte sea el del riesgo moral: el legado del sistema patriarcal en que vivimos incluye un enorme número de incentivos culturales, políticos y económicos que llevan a los hombres a comportarse de forma no óptima desde el punto de vista social y a realizar una cantidad mucho menor de actividades de cuidado, aprovechando la actual división sexual del cuidado.9 Cada vez que la política social omite hacer frente a la división sexual del trabajo, se arriesga a reforzar y a formar parte del patrón de incentivos que induce a muchos hombres a evadir el trabajo de cuidado.

Un primer paso en una nueva dirección sobre los cuidados debe ser la promoción de políticas públicas que apunten a reestructurar el contexto de incentivos en cuyo marco se toman las decisiones sobre la distribución del tiempo que dedicamos al cuidado doméstico y a la participación en el mercado de trabajo. Dicho de manera sencilla, debemos aumentar tanto los beneficios como los costos económicos, sociales y culturales para los hombres de asumir –o dejar de asumir– un mayor número de responsabilidades en el trabajo de cuidados.

El actual sistema de incentivos está diseñado para perpetuar la sobrecarga del trabajo de cuidados en las mujeres, pero podemos aprender de algunos países que han comenzado a dar pasos agresivos para reducir esta desigualdad de género que suele pasar desapercibida. Suecia –el país que se declara feminista en prácticamente todos los foros internacionales– es el principal referente en materia de equidad de género en el mundo y ha sido pionero en políticas públicas de trabajo de cuidado, como la reciente y ambiciosa estrategia para aumentar tanto el número como la duración de los permisos de paternidad, tras ser el primer país en reemplazar los permisos de maternidad con los permisos parentales en 1974. En América Latina, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay es líder en la región, con un plan nacional de cuidados y una estrategia integral al respecto.

Por ello, debemos comenzar a reorganizar las instituciones sociales para inducir a la mayor cantidad posible de hombres a asumir un mayor número de responsabilidades respecto al trabajo de cuidados, haciendo que las normas relacionadas con las masculinidades, la paternidad, los cuidados maternos y el empleo evolucionen para que el suministro de cuidados por parte de los hombres sea vista como una práctica valiosa, acompañadas de políticas culturales que reconstruyan el significado simbólico de la paternidad y las masculinidades. Si aspiramos a lograr mayor equidad de género, las políticas en dicho sentido deben concentrarse y ejercer influencia directa principalmente en el comportamiento masculino, incorporando a su vez las sanciones en el marco institucional para que se vuelvan obligaciones ciudadanas.

Pero esto no es suficiente: en un verdadero marco de corresponsabilidad social, se debe compartir la responsabilidad entre el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias. Es necesario adoptar una estrategia integral dentro de un sistema nacional de cuidados para estimular u obligar a estos actores clave, proclives a desentenderse de tareas informales de suministro de cuidados, a cumplir su parte.

Carlos Brown Solà es maestro en Economía por El Colegio de México.


El autor agradece las aportaciones y comentarios de Georgina Jiménez y Yésica Cerda para la elaboración de este texto.

1 CIDH (2016). Situación de Derechos Humanos en México (pp. 120-122). México.
2 González de la Vega, G. (2016). La Suprema Corte reconoce la doble jornada”. Nexos.
3 INMUJERES (2013). El trabajo de cuidados, ¿responsabilidad compartida? (pp. 2-3). México.
4 INMUJERES (2013). Op. cit.
5 Aoyagi, M. C., Ganelli, M. G., & Murayama, K. (2015). How Inclusive Is Abenomics? (No. 15-54). International Monetary Fund. Chicago.
6 CONAPO (2016). Datos de Proyecciones. CONAPO.
7 Considerada la frontera de la vejez por la CEPAL, aunque INEGI utiliza la frontera de 65 años en concordancia con el criterio de ONU Población.
8 OIT-PNUD (2009). Trabajo y familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. (pp. 106-114). México.
9 Kershaw (2006). Carefair: choice, duty, and the distribution of care. Canadá.