El mediocre desempeño de la economía mexicana y la aparente fallida transición política son dos fenómenos que pesan profundamente en las reflexiones académicas y de dominio público en el país. El estancamiento salarial, la incidencia de pobreza (en sus múltiples avatares estadísticos), la inseguridad, la ingobernabilidad, la falta de consensos políticos y adopción de reformas e iniciativas ciudadanas son fenómenos que validan una perspectiva pesimista. Una teleología del fracaso se ha instalado como punto de partida en la búsqueda de modelos heurísticos que nos permitan prescribir la situación actual del país. Recientemente, la hipótesis neo-institucionalista de Acemoglu y Robinson ha resonado ampliamente entre académicos, comentaristas y público en general. Bajo esta hipótesis, en México nos hemos convencido que nuestro estancamiento es producto de la prevalencia de instituciones extractivas y nuestra incapacidad de generar instituciones inclusivas. La consecuente prescripción es eliminar los privilegios de las élites para abrir la puerta a la participación de nuevos actores en un ambiente institucional que estimule constantemente la pluralidad y la diversidad. No importa que la fórmula haya fracasado con anterioridad en los 80 y 90.

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Desde finales del siglo XX, México ha intentado la transición a la democracia y la modernización política y económica del país. Para lo cual se ha insistido que es fundamental una cultura de la legalidad o respeto a las instituciones. Estas consideraciones son especialmente repetidas por comentaristas de noticias y analistas políticos en momentos en los que hay protestas y movimientos sociales que cuestionan las acciones de gobierno o el desempeño de las instituciones. Por ejemplo, éste ha sido el caso reciente de las protestas por el llamado gasolinazo y la reforma educativa, entre muchas otras.

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