abril 19, 2018

No dejar atrás a nadie

Sin Marichuy en la contienda electoral perdemos la oportunidad de contar con una propuesta legítima de inclusión social. Perdimos, además, la posibilidad de reivindicar en los hechos el silencio recalcitrante al que por siglos se ha condenado a la población indígena y a los grupos de mayor rezago.

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El origen de los grupos de apoyo entre pares se remonta a la Europa del siglo XVI, en el marco de procesos para tratar a enfermos mentales. Con el tiempo, su uso se ha ido extendiendo a todos los confines, hasta alcanzar la amplia cobertura geográfica y temática que hoy conocemos.

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Si consideramos la cuenta corriente es posible apreciar tendencias interesantes en nuestro déficit estructural con Estados Unidos y en la imposición de un régimen prohibicionista de combate al narcotráfico. Por un lado, el efecto deficitario sobre nuestra balanza de pago se mantiene a pesar de un acercamiento al balance coincidente con la crisis de 2009.

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Cuantificar la correlación negativa que guardan corrupción y desarrollo resulta siempre impreciso por la falta de datos numéricos reales sobre cuánto pierde una sociedad —o cuánto ganan quienes actúan con deshonestidad— y la mayoría de las veces está asentado en percepciones y aproximaciones brindadas por políticas anticorrupción que han resultado efectivas.

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Las posturas tibias sobre la ambigüedad del consentimiento y la falta de comprensión sobre la significatividad política de lo que comprende el concepto permiten que las agresiones sexuales permanezcan ubicuas, toleradas e impunes. Es hora de contrarrestarlas.

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Desde la década de 1980 se reconoce la violencia contra la mujer como un problema de salud pública. Ello quedó ratificado en 1993 con la declaración de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer, en la cual se refrenda que vivir sin violencia constituye un derecho fundamental y es, a su vez, una determinante estructural de las condiciones de salud de las mujeres. Sin embargo, la violencia contra la mujer es hoy en día uno de los principales problemas de salud pública en México.

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Las políticas sociales de la historia reciente, de la actualidad y del porvenir, encarnadas en los tres principales candidatos a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, se encuentran compitiendo para capturar votos en 2018. Los principios de los que parten, la forma de operar sus iniciativas y sus resultados ofrecen ventajas y desventajas, pero ciertamente son opciones muy diferentes a ser examinadas por el electorado.

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Tras 10 años de implementación de la Iniciativa Mérida, se han trazado en el país senderos concurridos para hablar del problema de la inseguridad pública. Nada lo ejemplifica mejor que la amplia diversidad de participantes que hoy en día colaboran a través del Observatorio Nacional Ciudadano donde se encuentran 43 organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, encuestadoras y asociaciones gremiales sectoriales.

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