“Recién habíamos electo al presidente de Estados Unidos –un hombre afroamericano, nacido de un padre keniano y una madre de Kansas, apenas con cuatro años de salir del senado de Illinois. Había derrotado al estándar dorado de ambos partidos, Hillary Clinton y John McCain, para ganar una de las mayores sorpresas de la historia política de América”. Éstas son algunas de las palabras con las que David Plouffe, estratega de campaña de Barack Obama, describe el sorpresivo y meteórico ascenso de Obama para hacerse, eventualmente, con la presidencia de Estados Unidos. El testimonio que Plouffe da del proceso electoral en su libro The Audacity to Win es un gran libro sobre aquellas historias de Cenicienta, las de victorias y victoriosos inesperados. Es, además, un testimonio del papel que fungen las precampañas en un sistema electoral democrático como el de Estados Unidos.

En el país vecino, las precampañas no son plataformas para demostrar una falsa unidad como fachada de una casa que, por dentro, se está derrumbando. En Estados Unidos, las precampañas están más próximas al clásico llamado de lucha libre: “todos contra todos”, guerras políticas sin cuartel donde se introducen las teorías darwinianas de la evolución para determinar al candidato más fuerte porque lo que se busca es, precisamente, elegir al candidato con mejores probabilidades de vencer al partido opositor.

Tal vez en una paupérrima adaptación de las elecciones estadounidenses, la reforma electoral mexicana de 2014 incluyó el periodo de precampaña como una plataforma para que los partidos políticos definieran, mediante contiendas internas, a sus candidatos de cara a sus respectivas elecciones. Claro, con el respectivo financiamiento. De acuerdo al artículo 229, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el tope de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. Pero el problema es que en México esta competencia interna no se ha cristalizado. Todo lo contrario. Se ha convertido en un engaño que no tardó mucho en causar su considerable dosis de descontento, el cual ha sido desplegado en los titulares de medios nacionales.

En algunos titulares, Luis Carlos Ugalde, ex ¡consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, declaraba que el periodo de precampaña presidencial “sólo se trató de una simulación”. Poco después, Sergio Sarmiento también salió a concluir que “tenemos un sistema electoral hecho para la simulación”, al referirse tanto a las precampañas como al curioso y ambiguo periodo de las intercampañas. Después, incluso la Arquidiócesis de nuestro país se quejó de la simulación exhibida en las precampañas. Sin embargo, la Arquidiócesis fue más allá en su semanario Desde la fe, pues no solamente criticó a las precampañas como una simulación, sino que les atribuyó un “gasto irracional”. Y tal vez sea esto lo más curioso. Que en una república como la nuestra, donde la secularización sigue despertando recuerdos patrióticos, haya sido la Arquidiócesis la encargada de resaltar lo irracional de los costos generados por tanto spot, mitin y discurso con la finalidad de ganar una pseudo-competencia donde los precandidatos eran únicos. ¿Acaso se ha convertido ya nuestra democracia en algo demasiado costoso? Tal pareciera que nuestra democracia se convierte cada vez más en uno de esos temibles créditos bancarios con escondidos y sustanciosos intereses moratorios, intereses ordinarios, saldos insolutos y amortizaciones acumuladas.

 Ahora bien, si nos enfocamos en la campaña presidencial, resulta que cada precandidato a la presidencia tenía un tope de gastos de precampaña de 67 millones 222 mil 417 pesos. ¡Más de 67 millones de pesos contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, eventualmente, cada uno (José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador) compitiera con rivales inexistentes dentro de sus partidos o coaliciones! Y a esto hay que sumarle los millones de pesos para las precampañas al senado, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías que están siguiendo el ejemplo nacional de evitar contiendas internas con el pretexto de enfatizar la “unidad” del partido. Entre estos ejemplos podemos mencionar los topes de gasto para cada precandidato a senador en el estado de Nuevo León (dos millones 688 mil 897 pesos) o en el Estado de México (cuatro millones 481 mil 494 pesos).1

No podemos olvidar, además, la cantidad de dinero que circula en el llamado “mercado negro” de las campañas, consistente en aquellos financiamientos privados sin reportar. De acuerdo con Luis Carlos Ugalde, “una campaña de gobernador en México tiene un tope legal de gasto que en promedio se ubica entre 40 y 50 millones de pesos, pero en la realidad puede costar entre 400 y 700 millones. El diferencial entre lo legal y lo real se cubre con aportaciones no reportadas (líquidas o en especie)”.

Pudiera decirse, por tanto, que el financiamiento de nuestra democracia padece de una elefantiasis aguda propiciada por los mismos actores a cargo de su regulación, implementación y supervisión. Desde la reforma electoral de 2007, al menos como tema prioritario, se discutió la manera en reducir los excesivos financiamientos de nuestra democracia –ya sea para partidos políticos o campañas en particular. Pero ya al sumar las reformas de 2007 y 2014, tenemos que dichas reformas no han significado una reducción de gastos sino, al contrario, un claro aumento del presupuesto dirigido al sistema electoral. Ante esto, es cada vez más evidente que estamos ante otro caso de captura estatal, donde legisladores (huelga decir que de partidos políticos) emiten leyes que le otorgan cada vez más financiamiento a los partidos políticos que éstos representan. Y este financiamiento es el que se ve reflejado posteriormente en las cantidades de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los presupuestos de egresos, gastos operativos de los partidos, topes de precampaña y de campaña, entre otros.

Lo que las recientes precampañas configuran es entonces el fracaso (o engaño) más reciente de nuestro sistema electoral. Aparte de alargar la tradición de fallidos trasplantes jurídicos de sistemas políticos ajenos (en este caso, de Estados Unidos), el nuevo experimento de las precampañas extiende esos síntomas de que nuestra democracia está ya bajo captura de intereses que no persiguen valores fundantes de nuestra democracia, sino, más bien, valores monetarios.

Desde la Edad media, época en que los principados de Italia se asimilaron a los Estados combatientes de China, Maquiavelo describió a la mayoría de los Estados como “repúblicas imaginarias” por fracasar constantemente en aterrizar sus políticas públicas. Siglos después, el académico Joel Migdal ha retomado estas ideas para representar las dificultades que tienen los Estados contemporáneos (México entre ellos) para traducir una imagen democrática y representativa de esos mismos Estados en prácticas que, a nivel de aplicación, terminan enlodadas y tergiversadas por intereses nocivos. Ahora, en nuestro país, estos fracasos se deben, entre otras cosas, a esa audacia prevaleciente en nuestro sistema político: no la audacia de ganar, como en el testimonio de Plouffe sobre la democracia electoral estadounidense, sino en la audacia de simular.

Walid Tijerina es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


1 Cifras tomadas del Acuerdo del Consejo General del INE por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.



PUBLICIDAD