El México de 2018, con las elecciones presidenciales y legislativas en puerta, será la ocasión no sólo para definir el curso del próximo gobierno sino probablemente de las condiciones de vida de las siguientes generaciones. Este tipo de elección es la oportunidad de ir más allá de escoger quién puede seguir haciendo lo mismo, pero un poco mejor, y elegir, entonces, nuevos objetivos y reglas para la sociedad mexicana del futuro. Al respecto, tres temas acapararán la atención: la corrupción sistemática que sufre el país, los severos problemas de seguridad pública expresados en una violencia creciente, y la falta de mejores condiciones de bienestar, que se expresan en una pobreza y una desigualdad persistentes. Respecto a este último punto, el lento progreso de las familias en cuestiones tan básicas como el acceso a los servicios de salud adecuados, la calidad de la educación que sus hijos reciben y la obtención de mayores ingresos en el mercado laboral serán cruciales.

La expectativa ciudadana más elemental es que los candidatos a un puesto de elección popular planteen propuestas que cumplan con al menos dos requisitos: que les permitan mejorar a las personas, en el curso de sus vidas, su situación socioeconómica, y que sienten las bases para que la siguiente generación de mexicanos pueda superar los niveles de vida de sus padres. Los planteamientos que perfilen la preservación del status quo, en el que los privilegiados de siempre capturan los beneficios del modesto avance económico nacional y generación tras generación se reproducen las mismas distancias económicas y sociales, sólo conducirán a su rechazo tajante. La gente espera ideas nuevas, incluso atrevidas, aunque no temerarias, que impulsen la movilidad social para el bienestar, el propio y el de las nuevas generaciones.

Identificar en los candidatos políticas sus propuestas sobre movilidad social es una forma de establecer qué elementos visualizan para el desarrollo social del país. Al respecto cabe decir que, ciertamente, la movilidad social promueve el bienestar personal, en términos de más años de vida saludable, mayores conocimientos adquiridos o trayectorias productivas mejor remuneradas y estables, pero hace más que eso. También contribuye al crecimiento económico aumentando el capital humano y permitiendo que el mérito, y no el privilegio, guíe la asignación de los recursos en los mercados. Esto último depende de la igualdad de oportunidades que se impulse como base de la movilidad social, igualdad que no sólo es una cuestión de eficiencia o justicia, sino requisito para una sociedad más integrada, con cohesión social.

México es un país de baja movilidad social. La mitad de los nacidos dentro del 20% de la población con peores condiciones socioeconómicas permanecerá ahí. De forma similar, la mitad de los que nacen dentro del 20% de la población con la mejor situación de bienestar nunca dejará ese estrato (ver CEEY, 2013). Cerca del 40% de la desigualdad en las condiciones de salud es heredada de una generación a otra y 25% de la correspondiente a educación (Cerón y Perrotini, 2017 , capítulo 11). Esto significa que, antes incluso de entrar al mercado de trabajo, las nuevas generaciones arrastran desventajas considerables por el hecho de haber nacido en un hogar y no en otro. Así, la pobreza se perpetúa, la desigualdad persiste y la posibilidad de formar un país de fuertes clases medias se ve como un objetivo lejano.

El señalamiento de esta falta de movilidad social debe estar presente en las campañas, pero es más importante que éstas reconozcan los orígenes cercanos de este problema. Tenemos un sistema de seguridad social fragmentado, que proporciona un acceso muy diferente a los servicios de salud según la adscripción al subsistema que se tenga, ya sea el IMSS, el Seguro Popular u otro, y todavía más de 17 millones de mexicanos no tienen cobertura alguna. El sistema educativo arrastra problemas de calidad en los niveles básicos que estallan en la educación media superior con la mayor tasa de abandono escolar de cualquier nivel (15.8%). Así, los antes estudiantes se incorporan al mercado de trabajo en empleos informales, de baja remuneración, inestables y sin perspectivas de una pensión digna. Los hogares pobres y la pequeña y mediana empresa enfrentan frecuentemente mercados financieros que los excluyen del crédito, cancelando opciones de financiamiento para el consumo básico y para el crecimiento económico altamente generador de empleos.

Ante estas dificultades los candidatos deben dar las respuestas adecuadas. Es necesario, por ejemplo, universalizar la seguridad social financiándola con impuestos, y no con contribuciones obrero-patronales que desaniman el empleo formal. Esta seguridad social debe convertir el derecho a la salud en uno universal y unificado, no dependiente de si se es un asalariado trabajando en el sector formal. La escuela pública debe promover la calidad educativa principalmente en los grupos con mayores rezagos escolares, cambiando los incentivos de los docentes y de la inversión pública para proporcionar las mejores condiciones de aprendizaje de forma prioritaria a aquellos con las mayores desventajas socioeconómicas. Los mercados laborales deben ser más flexibles, pero garantizando el acceso a un paquete básico de seguridad social. Esto último implica reformar el sistema de pensiones para elevar el ahorro durante la vida laboral y tener la seguridad de alcanzar una pensión digna. También implica reasignar el crédito gubernamental de donde el mercado puede proveerlo con mejores condiciones, como es el caso de la vivienda, para enfocarlo a la actividad productiva intensiva en trabajo, pero rentable.

Los ciudadanos debemos preguntarnos quién está proporcionando estos diagnósticos y estas propuestas. ¿Quién está hablando de mejorar la movilidad social para el bienestar? ¿Quién plantea un crecimiento económico incluyente mediante un sistema de salud universal y la mejora equitativa de la calidad de la educación? ¿Quién promueve la expansión de la economía con mercados laborales flexibles y una seguridad social universal? ¿Quién propone igualdad de oportunidades con una compensación explícita por las desventajas económicas que vienen de nacer pobre, indígena o mujer? ¿Quién plantea fortalecer la cohesión social que hará perdurable cualquier logro de seguridad pública facilitando el pertenecer a las clases medias y robusteciéndolas? ¿Quién está enfrentando las preguntas difíciles de una nueva reforma fiscal que permita financiar la universalización de la seguridad social y la educación de calidad que requerimos? En suma: ¿Quién está construyendo una política social de Estado que vaya más allá de las necesidades del presente y vele por la movilidad social intergeneracional?

Por lo pronto habrá que decir que los candidatos y las plataformas de sus partidos están lejos de dar respuestas puntuales a los retos de movilidad social del país. En el caso de los candidatos presidenciales con mayor votación probable, ni el Registro Nacional de Necesidades de Cada Persona del abanderado del PRI ni el Ingreso Básico Universal de Ricardo Anaya ni la Constitución Moral de López Obrador presentan especificidad ni compromisos tangibles, pero aún si los presentaran no abarcan adecuadamente el conjunto de desafíos sociales a atender. Sin embargo, a partir del 30 de marzo, cuando los candidatos empiecen a pedir nuestro voto, también estarán en posibilidades de detallar su oferta de política pública. Esta última debe evaluarse, al menos parcialmente, en términos de su contribución a la movilidad social para el bienestar. Es lo que el México del 2018 demanda.

Rodolfo de la Torre coordina la investigación sobre desarrollo social en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.



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