Entender las diversas formas en que la corrupción afecta las políticas de desarrollo social implica entender un fenómeno global muchas veces inherente a la naturaleza humana de quienes perpetúan actos corruptos. Si bien resulta desacertado apuntalar a la deshonestidad como un mal que atañe al grueso de una sociedad, sobran casos de instituciones, organizaciones e individuos altamente contaminados por la misma.

Cuantificar la correlación negativa que guardan corrupción y desarrollo resulta siempre impreciso por la falta de datos numéricos reales sobre cuánto pierde una sociedad –o cuánto ganan quienes actúan con deshonestidad– y la mayoría de las veces está asentado en percepciones y aproximaciones brindadas por políticas anticorrupción que han resultado efectivas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima los costos lastrados por la corrupción entre 1.5 y 2 billones de dólares, equivalente al 2% del PIB global; no obstante, dicha cifra sólo incluye estimaciones por sobornos. De acuerdo a las regresiones corridas para el reporte Corrupción: costos y estrategias de mitigación, el FMI encontró una incidencia negativa de la corrupción en funciones estatales tan variadas como la regulación del mercado, política monetaria, sector financiero, orden público, crecimiento inclusivo, gasto social, costos inflacionarios, costos de adquisición inflados, despilfarro fiscal, facilidad para iniciar negocios y trámites aduaneros.

Por tanto, el primer paso para comprender y cuantificar las distintas formas en que la corrupción inhibe el desarrollo es revisar las motivaciones que propician acciones deshonestas, los beneficios que éstas otorgan a sus perpetuadores y, consecuentemente, plantear estrategias para influir positivamente en el equilibrio la balanza hacia el lado de la transparencia.

En términos económicos se cree que una sociedad alcanza el punto de quiebre en relación con sus niveles de corrupción cuando cae en una “trampa corruptiva”. En otras palabras, el término expone un sistema cuyos componentes conviven en sintonía séptica en los diferentes niveles de gobierno y donde los beneficios y servicios sociales se convierten en prácticas clientelares, las licencias, contratos y permisos a empresas se otorgan ilícitamente, y se tolera la convivencia de entidades supuestamente ajenas al status quo en la toma de decisiones socioeconómicas –miembros del sector privado con intereses públicos, organizaciones delictivas–.

Las vertientes teóricas de la economía tradicional han sentado las bases del estudio empírico para medir la magnitud con la que la corrupción afecta la distribución del ingreso y han ayudado al planteamiento de políticas públicas para combatirla. Dichos estudios tienen como noción central a la disfuncionalidad institucional que, al poseer los recursos económicos e informativos para combatir la corrupción, propicia un círculo vicioso que no sólo mira al otro lado cuando ocurre un acto deshonesto, sino que también prolonga la opacidad con la que actúan las instituciones y crea condiciones distributivas negativas a largo plazo.

Si bien la literatura económica tradicional es extensa y ha demostrado la asociación negativa entre los niveles de corrupción y pobreza, ha cuantificado los efectos de la corrupción sobre la productividad y eficiencia de recursos invertidos, y ha trazado un mapa de los diversos y difusos incentivos que llevan a un individuo a cometer actos corruptivos –tales como la posibilidad de ser descubierto, la severidad del potencial castigo o los beneficios económicos de los citados actos–, también ha facilitado el diseño de políticas restrictivas en el combate a la corrupción que se limitan a identificar y castigar el comportamiento deshonesto por medio de sistemas de control unilaterales. Esta condicional surge de la visión económica tradicional que percibe al individuo como un ser enteramente racional cuya toma de decisiones está íntimamente ligada a la maximización del interés propio.

Por otra parte, una apuesta que resulta interesante alentar en las políticas anticorrupción es la economía conductual o economía psicológica. De acuerdo a esta vertiente, ningún individuo toma decisiones meramente racionales sino que es influenciado por sus emociones, psicología, entorno social, instinto y los recursos económicos, personales y comunitarios con los que ha sido dotado. Esta corriente pregona el análisis del comportamiento humano a través de experimentos efectivos que generan “empujones” –nudges–que fijan un comportamiento concreto como objeto de cambio, analizan los factores y el contexto que inciden en ese comportamiento, miden el impacto que tendrá su intervención y posteriormente postulan cambios sostenidos a largo plazo para dicho comportamiento. El objetivo primordial de estos “empujones” es provocar cambios positivos a nivel social y abrir un nuevo campo de políticas públicas eficaces basadas en esos resultados. Aunque largamente denostada por los partidarios de la economía tradicional, la economía conductual ha ganado ímpetu en los últimos años y recibió un último espaldarazo en octubre pasado cuando su creador Richard Thaler recibió el Nobel de Economía.

Los primeros acercamientos a la aplicación de la economía conductual se dieron a través de experimentos en casos muy concretos como la facilitación de formatos de declaración de impuestos y pólizas de seguros en Estados Unidos, la agilización de la reinserción laboral en Australia,recordatorios sobre pagos de impuestos y multas en el Reino Unido. Su inserción al campo de la política comenzó en 2010 cuando David Cameron, anterior Primer Ministro británico, estableció el Behavioural Insights Team para promover pequeños cambios de impacto comunitario y optimizar el gasto público en el Reino Unido. La administración Obama siguió sus pasos y en 2015 estableció el Social and Behavioral Sciences Team para replicar este objetivo en Estados Unidos. De tal forma que los últimos años han visto el incremento de la aplicación de estos “empujones” en políticas públicas de mayor escala y en una mayor diversidad de temas sociales.

¿Qué nos puede decir la economía psicológica sobre la corrupción?

Hay que partir mencionando que en ocasiones las instituciones que velan por la transparencia son la raíz misma del problema y de la solución por igual. Una política anticorrupción efectiva requiere de una evaluación previa del estado de las instituciones que las aplican, así como de los agentes y oficiales que gestionarán su monitoreo y evaluación. La economía conductual propone que, más allá de la solución dual de endurecer los castigos y reducir los beneficios potenciales de la corrupción, es importante tener en cuenta que las instituciones son lideradas por humanos cuyo comportamiento tiene resultados y consecuencias en el manejo de políticas anticorrupción, y que dicho comportamiento está influenciado por una serie de factores que van más allá de la valoración económica.

El estudio del comportamiento corruptivo supone el análisis de las preferencias de los individuos de acuerdo al entorno social en el que se mueven y a su capacidad de respuesta frente a alteraciones o cotidianidades en ese mismo entorno. Por ejemplo, el análisis empírico de la economía conductual comprueba que una sociedad con bajos niveles de confianza social es más propensa a la corrupción. Asimismo, una sociedad en donde se instaura la confianza mutua –o donde al menos existe el beneficio de la duda sobre la ética ajena– resulta más productiva, cooperativa y reticente a caer en conflicto. Esto hace eco en uno de los preceptos cardinales de la trampa corruptiva: cuando se percibe una corrupción generalizada, la gente tiende a replantearse el ser honestos por miedo a sufrir los efectos de la corrupción causada por los demás.

Otro factor tomado en cuenta en la escuela de economía conductual es la internalización de las normas sociales a nivel personal. La presión social, la reciprocidad, la predisposición al beneficio propio por encima del comunitario, el nivel de compromiso social, la temporalidad con que pueden recibirse beneficios por medio de actos deshonestos y el nivel de apertura personal a estímulos transformativos son parámetros significativos para analizar el comportamiento corruptivo y diseñar políticas contestatarias con base en ello. Una parte esencial de la estrategia de análisis del estudio empírico conductual es segmentar la información de acuerdo a grupos sociales similares –ya sea por quintiles económicos, sociales o de poder político–, de forma que se creen sesgos en la concesión de recursos y se confiera mayor eficacia.

Las políticas anticorrupción tienen un costo elevado y no pocas veces resultan económicamente inviables al pretender cubrir grandes quintiles de la sociedad. Los “empujones”, por otra parte, presentan ventajas económicas al poderse incubar en cualquier laboratorio de políticas públicas sin drenar sus fondos y pueden ser un atajo para la elaboración de políticas con evidencia empírica en medidas preventivas como la transparencia en contratos gubernamentales, la facilitación en los procedimientos para programas sociales o programas piloto para comisiones anticorrupción en diferentes niveles de gobierno.

La aplicación de la economía conductual tiene el potencial de crear propuestas de políticas para atenuar el estándar de competitividad para la extracción ilícita de recursos, fomentar una competencia transparente entre oficiales y agentes por puestos y ascensos en el sector público, prevenir la participación de funcionarios en proyectos donde pudiesen tener un interés económico y reformar el rol del gobierno en las áreas económicas más susceptibles por la corrupción. También sería interesante profundizar en el uso de tecnología para incentivar la participación ciudadana en prevenir, denunciar y sancionar irregularidades por medio de experimentos a pequeña escala que vislumbren políticas de gran alcance.

La corrupción pone de manifiesto muchos males sociales que demandan políticas exhaustivas que ataquen el problema desde la raíz, reduciendo las motivaciones que llevan a una persona a ser deshonesta y transformando la forma en que nuestras instituciones perpetúan actos de corrupción con indolencia. Está comprobado que la corrupción guarda una estrecha relación con menores índices de crecimiento, desarrollo y que sus efectos son mayormente resentidos por los más desprotegidos dentro de una sociedad. Es precisamente esa amenaza al desarrollo social lo que nos obliga a trazar políticas innovadoras para combatir la corrupción.

Irving Argaez es maestro en Economía Política Internacional por la London School of Economics.

Referencias
Abbink, Kalus y Serra, Danila (2012) Anti-corruption policies: Lessons from the lab en New Advances in Experimental Research on Corruption (Research in Experimental Economics), Emerald Group Publishing Limited
Chetty, Raj (2015) Behavioral economics and public policy: A pragmatic perspective, National Bureau of Economic Research
Dreher, Alex y Herzfel, Thomas (2005) The economis costs of corruption: A survey and new evidence, Thurgau Institute of Economics
Mazar, Nina et. al. (2008) The Dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance, American Marketing Association.
Wei, Shang-Jin (1999) Corruption in economic development: beneficial grease, minor annoyance or mayor obstacle?, The World Bank Development Research Group.



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