Para México, el 2018 empieza con más preguntas que respuestas. El país tiene frente a sí la elección más grande de su historia, donde 3,406 puestos de representación popular están en juego, incluida la presidencia de la República, nueve gubernaturas, y ambas cámaras del Congreso Federal. El primero de julio los mexicanos decidiremos entre opciones que buscan profundizar los cambios estructurales aprobados a inicios del actual sexenio o, como lo sugiere Andrés Manuel López Obrador, el puntero de la contienda, enmendar la ruta.

Por si esto no fuera suficiente, el país también enfrenta el desafío de renegociar las condiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el más importante para la economía nacional. Se han concluido ya siete rondas de negociaciones y aún no hay certeza de la naturaleza del acuerdo que se tendrá al final. 

A ambas coyunturas hay que sumarle los escándalos de corrupción y los problemas de seguridad que aquejan al país, temas que han acaparado el debate nacional en los últimos meses. Y a medida que nos acerquemos al día de la elección, veremos a los candidatos presidenciales recorrer la geografía nacional dando a conocer sus propuestas. Como cada seis años, saldrán a las plazas del país y acudirán a los programas de entrevistas a entregar el mensaje que les reporte el mayor número de adeptos posibles. Pero entre el universo de temas a debatir, hay uno que no se debería postergar: ¿cuál es la propuesta de las distintas plataformas políticas en torno a Pemex? Hasta ahora, tanto sociedad como actores políticos hemos pospuesto dicha discusión. Es el debate en el que los candidatos no han profundizado hasta ahora.

El PAN y el PRI han expresado la necesidad de continuar por el sendero de las reformas. Mientras que MORENA continúa mandando señales mixtas en cuanto a su postura sobre el sector energético. Pero cuando se trata de Pemex, pareciera que ningún candidato quiere exponerse ante lo complejo del tema. Apenas el 26 de febrero Pemex reportó que, a pesar de que las ventas en 2017 aumentaron 30.1% en comparación con 2016, las pérdidas se dispararon en 74.4%; es decir, de 191,144 millones de pesos (mdp) en 2016 a 333,354 mdp en 2017. La problemática no es menor. Pemex ha hilado cinco años consecutivos de pérdidas, pero eso no parece ser lo suficientemente importante para Anaya, AMLO y Meade, quienes por estar enfrascados en acusaciones mutuas no se han pronunciado al respecto.

En tiempos electorales es más rentable formular propuestas que el electorado espera oír. Doy un ejemplo. En Minatitlán, Veracruz, Meade se reunió con petroleros el pasado 20 de enero y prometió “reactivar el vigor petroquímico de la región”. ¿Eso significa que a pesar de todo Pemex conservará —bajo un gobierno emanado del PRI— las plantas petroquímicas, incluidas las de amoniaco, y reactivará la producción? La propuesta se aplaude, pero la realidad puede orillar a Meade a tomar una decisión contraria a lo que propone.

Y es que a días de empezar oficialmente las campañas electorales, la pregunta es si los distintos candidatos presidenciales contemplan explicar a los mexicanos cuál es su postura en torno al futuro de Pemex. A cuatro años de la instrumentación de la reforma energética, hemos sido testigos del deterioro que ha enfrentado Pemex en muchos frentes, desde la operación de sus refinerías y la caída en la producción de hidrocarburos y refinados hasta la contracción de su presupuesto de inversión. Además, conforme la instrumentación de la reforma avance, el país experimentará una mayor participación de empresas privadas en las distintas actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos y que ello resultará en la pérdida de participación de mercado para Pemex. Ante esta realidad, vale la pena averiguar qué va a hacer el próximo presidente con Pemex. ¿Administrará el declive o revertirá el deterioro de la empresa?

Hay voces que argumentan que la empresa más grande de México debe adaptarse al entorno de competencia en el cual actualmente opera. ¿Pero eso qué significa realmente? ¿Debe Pemex deshacerse de ciertos activos como las refinerías y complejos petroquímicos y enfocarse en la exploración y producción de hidrocarburos? Cualquiera que sea la respuesta, no debemos olvidar que la reforma energética de 2013-2014 se quedó corta en cuanto a ciertos cambios que a la postre contribuirían a hacer de Pemex una empresa más ágil y competitiva.

La carga fiscal de la empresa más grande del país es un tema de la mayor relevancia. Es en gran medida lo que explica el paulatino pero constante deterioro de los niveles de producción de la empresa. Y mientras el régimen fiscal de Pemex continúe respondiendo a los requerimientos de financiamiento del gobierno federal, revertir dicho deterioro se antoja más que complicado. Ante ello, ¿el próximo presidente mexicano está dispuesto a modificar el régimen fiscal de Pemex aunque ello presione las finanzas públicas del país? No lo sabemos en realidad.

El futuro de Pemex pasa también por la gobernanza corporativa. Si bien la empresa debe tener una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones, y que éstas se lleven a cabo bajo una lógica que tenga en mente el nuevo entorno regulatorio y le permita defender participación de mercado, los capitanes de Pemex también deben dar tiros de precisión en cuanto a los proyectos a desarrollar. A primera vista, la integración de la cadena del gas natural– amoniaco–fertilizantes tenía sentido, lo que hoy se cuestiona es la decisión del consejo de administración de invertir cientos de millones de dólares en la compra y rehabilitación de una planta de fertilizantes nitrogenados que tenía alrededor de 15 años sin operar al momento de la compra (2014), y que años después continúa sin producir. Ante ejemplos como la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex debe darse a la tarea de replantear su estrategia y apostar por proyectos redituables.

Posponer este tipo de decisiones significa administrar el declive de Pemex, lo que a su vez contribuye a construir una percepción negativa sobre la reforma energética. Es decir, el ciudadano promedio continúa preguntándose cuándo se materializarán los resultados de la reforma, lo cual se asocia con un Pemex capaz de entregar mejores resultados en términos de producción, refinación y precios de combustibles. Si bien las distintas rondas de licitación en exploración y producción de hidrocarburos han despertado el interés de empresas y han comprometido miles de millones de dólares en inversión en el país, lo cierto es que actividades como la comercialización de gasolina influyen en el entorno inmediato del ciudadano común. Lo que un padre de familia, un estudiante, o una empresa de transporte paga en la gasolinera contribuye a que, en el imaginario colectivo, se generalice la percepción de que la reforma energética ha quedado a deber. Dotar a Pemex con las herramientas para competir de manera más eficiente –y revertir el deterioro mencionado líneas arriba– puede ayudar a cambiar la percepción de la ciudadanía.

Qué Pemex necesita el México del futuro es un debate que no deberíamos postergar.

Adrian Duhalt es investigador posdoctoral en temas de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice y profesor asociado en la Universidad de las Américas Puebla.