Introducción

Tal vez la crítica más certera a la Ley de la Seguridad Interior es la continuidad que da al proceso de militarización en México. Militarización que se consolidó con los procesos de integración comercial y financiera del TLCAN. Sin embargo, el impacto de la crisis financiera de 2008, las violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el sexenio de Felipe Calderón, el retorno del PRI al gobierno federal mexicano y la elección de Trump han generado nuevas dinámicas. En medio de la controversia sobre la Ley de Seguridad Interior en 2017, los detractores señalaban el fracaso de la estrategia actual, así como la vulneración de los derechos humanos acusando de golpista al gobierno federal. En tercera entrega de este ensayo (la primera puede ser consultada aquí y la segunda acá) examino detenidamente los datos del SPSN y el actuar de la administración de Peña Nieto, para destacar la influencia de los desacuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos sobre la capacidad del gobierno mexicano para proveer seguridad pública.


Ilustración: Patricio Betteo

¿Gobierno golpista?

Tras la crisis de violaciones de derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón,el gobierno de Peña Nieto intentó revertir las tendencias negativas con un enfoque distinto. Según los datos del SPSN, a pesar de un aparente descenso inicial de la incidencia delictiva a nivel nacional de 2012 a 2015, el récord es más bien ambiguo a partir de 2016. Si bien la incidencia delictiva no ha superado los máximos reportados en 1997 y 2011, los homicidios y otros delitos violentos alcanzaban los máximos históricos de 1997 y 2011. Además de homicidios, una tendencia verdaderamente preocupante es el crecimiento de la categoría de “otros delitos” que contiene delitos que podrían ser reclasificados como delitos sexuales a partir de 2012. El énfasis en la incidencia delictiva del gobierno de Peña Nieto no atendió las demandas ciudadanas que daban más importancia a la violencia que al problema general de la delincuencia. El calificativo de golpista usado por Seguridad sin Guerra está anclado en un análisis desagregado que sólo enfatiza la violencia e ignora la dinámica delictiva general del país. Como señalaba Edgar Degas, arte no es lo que ves sino lo que haces ver a los demás.

Convenientemente, se ha ignorado el complejo entramado de seguridad pública, combate al narcotráfico y balanza de pagos en el marco de la relación bilateral México-Estados Unidos. Si consideramos la cuenta corriente es posible apreciar tendencias interesantes en nuestro déficit estructural con Estados Unidos y en la imposición de un régimen prohibicionista de combate al narcotráfico. Por un lado, el efecto deficitario sobre nuestra balanza de pago se mantiene a pesar de un acercamiento al balance coincidente con la crisis de 2009. Por otro lado, si bien seguimos importando más bienes de Estados Unidos, la exportación de servicios se amplió en un 123% desde el primer cuatrimestre de 2009. La tendencia se ha consolidado durante la administración de Peña Nieto. Tal vez, este último dato inspiró a Donald Trump a renegociar el TLCAN. De ser así, esta explicación apunta a una coyuntura histórica equiparable al fin de Bretton Woods en 1971 o el inicio del régimen prohibicionista consolidado por el TLCAN.

2012-2018: ¿Más de lo mismo?

En lo que concierne al debate sobre la militarización y la seguridad pública, las apariencias engañan. En una inspección más detallada, la imagen de continuidad en la estrategia que Seguridad Sin Guerra avanza se resquebraja ante los datos duros. Según el reporte R41349 de junio de 2017 del Servicio de Investigación del Congreso (SIC) de Estados Unidos, la administración de Peña Nieto marcó un cambio en la implementación de la Iniciativa Mérida. Este cambio fue evidente con el énfasis puesto en la reducción de la violencia y el respeto de los derechos humanos. De igual manera, Peña Nieto esbozó una estrategia de seguridad de 6 pilares: 1) la planeación, 2) la prevención, 3) la protección y el respeto a los derechos humanos, 4) la coordinación, 5) la reforma institucional, y 6) el monitoreo y la evaluación. Asimismo, durante la primera mitad de su mandato, Peña Nieto lanzó un plan nacional de prevención de crimen, estableció un código unificado de procedimientos criminales e incrementó el presupuesto para la transición al sistema acusatorio de justicia.1 Los números de incidencia delictiva del SNSP de 2013 a 2015 lo comprueban.

El SIC también señalaba desaciertos en la administración de Peña Nieto. Así, la creación de una gendarmería nacional fue considerada como batalla perdida. Por otro lado, la creación de una agencia de inteligencia centralizada fue derrotada en el Congreso mexicano. El marco jurídico para la participación de las fuerzas armadas en actividades de combate al narcotráfico fue derrotado en tres ocasiones por la opinión pública. Contrario a la caricatura de estrategia que se le atribuye al “gobierno golpista de Peña Nieto”, la seguridad pública pasó a tomar un rol más preponderante.

Renegociación del TLCAN: ¿Hacia el fin de la Iniciativa Mérida?

Por si la opinión experta del SIC no resulta convincente, las apropiaciones del Congreso estadounidense también arrojan tendencias interesantes. Según los datos del Departamento de Estado y USAID sobre el apoyo estadounidense erogado, estimado y proyectado de 2008 a 2018, Estados Unidos ha gastado 3 miles de millones de dólares. El 95% de este presupuesto ha correspondido a la Iniciativa Mérida y 5% al apoyo adicional destinado a iniciativas como programas de salud, supervivencia infantil, ayuda al desarrollo y otros.2  Del total del gasto destinado para la Iniciativa Mérida, sólo el 12% ha sido utilizado en programas que contribuyan a mejorar el bienestar de las comunidades afectadas por el narcotráfico. El gasto en financiamiento militar ha sido mayor (16%). La opacidad de la información no permite determinar hasta qué punto el 72% restante ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública. No sólo el gobierno mexicano es opaco.

Las tendencias a través de la última década son igualmente interesantes. Primero, es posible concluir que el apoyo estadounidense para México ha sido, esencialmente, la Iniciativa Mérida. Asimismo, es importante resaltar que ese apoyo presenta una tendencia a la baja. Otras tendencias igualmente reveladoras aparecen en una examinación de la evolución del presupuesto por cuenta dentro de la Iniciativa Mérida. Así, el financiamiento militar tiene su auge en 2010 y cae decididamente a partir de 2011. De igual manera, el fondo de apoyo económico cobra una creciente relevancia respecto al presupuesto total desde 2012. Por otro lado, la relativa importancia de los cuerpos policiales y de narcóticos internacionales se han consolidado durante la administración de Peña Nieto. Los datos sugieren un cambio de estrategia limitado por las asimetrías en la relación bilateral.

Cabe realizar una serie de precisiones sobre la estrategia de la administración de Peña Nieto. Primero, según el reporte R41349 de junio de 2017 y su reporte IN10812 de noviembre de 2017 del SIC, un punto de contención desde el inicio de la administración de Peña Nieto ha sido las extradiciones en un refrito de los affaires Camarena y Álvarez Machain-Verdugo Urquidez. Si revisamos las cifras de extradiciones, es posible apreciar una baja sustancial respecto a la administración de Calderón. No obstante, las extradiciones bajo Peña Nieto superan las realizadas bajo Zedillo y Fox. Pese a esta evidencia estadística de colaboración cercana entre el gobierno mexicano y el estadounidense, las autoridades estadounidenses se han mostrado consistentemente recelosas tras la fuga del “Chapo” Guzmán y su extradición a Nueva York con efectos negativos para la relación bilateral. El repunte de la violencia en México también coincide con la fuga, captura y extradición del Chapo.

Un último elemento a considerar en esta complicada relación es la importación de equipo militar a México. El pasado 10 de enero de 2018, el gobierno mexicano anunció la compra de misiles y torpedos por 98.4 millones de dólares. Las compras de equipo militar han jugado un papel importante desde la instauración de la certificación de la cooperación en la lucha antidrogas en 1986. La cifra concreta bajo la Iniciativa Mérida (2008-2018) no se conoce con exactitud. No obstante, se puede estimar un gasto total potencial de alrededor de 2.6 miles de millones de dólares con base en la distribución presupuestal de dicho acuerdo.

Según los datos disponibles de importaciones de armas a México por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), las importaciones comprobables de armas a México de 2008 a 2016 sumaron un total de 1.6 miles de millones de dólares. Esto correspondería a alrededor del 62% del límite potencial del presupuesto para armas contemplado en la Iniciativa Mérida. Si asumimos que todo el gasto en financiamiento a las fuerzas armadas de la Iniciativa Mérida (463 millones de dólares) fue utilizado para pagar por los 1.6 miles de millones de dólares en armas importadas y se contempla que el saldo restante fue pagado usando el rubro de cuerpos policiales y narcóticos internacionales, podríamos estimar que alrededor del 55% de este último rubro de la Iniciativa Mérida fue utilizado en importación de armas en lugar del fortalecimiento institucional y la protección a los derechos humanos. Dado el volumen de las transacciones y su calendarización regular, la compra-venta de armamento ha jugado un papel fundamental en las relaciones financieras internacionales desde la articulación de sistemas nacionales de moneda que en Gran Bretaña enfrentaría en 1909 a Lord Rothschild y al ministro de finanzas Lloyd George sobre la decisión política de usar el gasto en armamento o en seguridad social.3 En pleno siglo XXI, la preeminencia financiera internacional de Estados Unidos continúa dependiendo del negocio armamentista limitando la capacidad del gobierno mexicano de atender las necesidades de seguridad pública de sus ciudadanos.

Conclusión

En noviembre de 2016, el controversial exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis apuntaba a la necesidad de un nuevo sistema monetario internacional para relanzar el crecimiento en la economía estadounidense en un contexto donde China y otros países emergentes juegan un papel más importante en la economía global. Para Varoufakis, parte del problema del esquema actual es que el mundo ha estado subsidiando la economía estadounidense a cambio de la provisión de dólares para proveer de aceite al engranaje global. Esto es un compromiso que, como se ha visto para el caso mexicano, ha resultado en limitantes importantes en materia económica y de seguridad pública. Las estructuras y políticas existentes desde 1945 se deben ajustar a la nueva realidad internacional. Los políticos en ambos lados de la frontera deben terminar de entender esto.

Tocante a la seguridad pública, es necesario prestar mayor atención a los procesos históricos y las condicionantes de dichos procesos para encontrar soluciones substanciales al problema. Una perspectiva de derechos humanos es fundamental. No obstante, conviene concentrarse en las causas estructurales que han llevado al gobierno mexicano a optar por la militarización, lo que antecede a la Ley de Seguridad Interior. Resta hacer de la coyuntura una nueva estructura.

 

Samuel Segura Cobos es internacionalista, doctorante y asistente de investigación en el Centro de Finanzas y Desarrollo del Institut de Hautes Études Internationales et du Développement en Ginebra, Suiza.


1 Octavio Rodríguez Ferreira and David A. Shirk, “Criminal Procedure Code Reform in Mexico, 2008-2016: the Final Countdown,” Justice in Mexico, University of San Diego, October 2015.

2 Todas las estadísticas contenidas en esta sección tocante a la Iniciativa Mérida provienen del U.S. Department of Justice, U.S. Department of State, Congressional Budget Justification for Foreign Operations FY2009-FY2017; "FY 2016 653(a) Allocations – Final," provided to CRS in August 2016. Figures for INCLE are from: U.S. Department of State, "Mérida Initiative Update for CRS," November 18, 2016;

3 Ferguson, N., The House of Rothschild: The World’s Banker, 1849-1999, London: Penguin Books, 2000, pp. 421-429.