A inicios de marzo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera, que se ha dado a conocer generalmente como “Ley Fintech”. Esta ley se formula con el objetivo principal de establecer un marco regulatorio para entidades financieras que apliquen “modelos novedosos” o de innovación tecnológica a fin de brindar sus respectivos servicios financieros. Entre sus artículos, por tanto, se contemplan mecanismos de financiamiento colectivo (como el relativamente novedoso crowdfunding) e incluso a las criptomonedas, de cuya completa autorización y seguimiento se encargará el Banco de México.

En esa conferencia del presidente —así como en publicaciones y comentarios subsecuentes— se ha presumido que México es un “mercado líder” en el sector, contando con más de 230 startups comparado con 219 empresas de Brasil y 124 de Colombia. ¿Y ésta es buena señal? Porque, claro, se avecina ya la siguiente ola o tsunami disruptivo: la industria 4.0. Y aquí es donde escuchamos a nuestros funcionarios de economía decir que México es ahora una de las economías más grandes, que es una de las líderes en exportaciones y, ahora, como queriendo entrar al quite “cuatro punto cero”, ya quieren presumir números de empresas tecnológico-financieras.

Sin embargo, la teoría de las reformas estructurales y el ciclo de sus políticas públicas prevén que, para hacer que un nuevo sector funcione, se necesitan órganos reguladores. Y así es como han venido trabajando nuestros legisladores desde la llamada tercera generación de reformas estructurales, cuya concepción se dio a partir de la administración de Peña Nieto.1 A la reforma de competencia económica la dotaron de una Comisión Federal de Competencia Económica con facultades ampliadas —lo que llamarían en una película de superhéroes, una COFECE “reloaded”. A la reforma de telecomunicaciones la apoyaron también con un Instituto Federal de Telecomunicaciones nunca antes visto en nuestro país. A la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública la respaldaron con el rediseñado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y ya ni qué decir del renovado Instituto Nacional Electoral ante la reforma electoral, una suerte de institución recentralizadora que reabsorbió facultades electorales de los ahora llamados Organismos Públicos Locales Electorales.

En palabras de José Fabián Ruiz, la reciente proliferación de órganos reguladores autónomos es motivado por “la pérdida de la legitimidad social de las autoridades tradicionales, enmarcada por la complejidad creciente de la administración pública y de las tareas a su cargo”.2 Es decir, la creciente especialización de temas de la administración pública —con asuntos tan diversos como la competencia económica, el acceso a la información o las elecciones— han exigido la creación de órganos institucionalizados expertos en la materia. De acuerdo con Mauricio Dussauge,3 y particularmente a partir de la tercera generación de reformas estructurales, México está pasando por una fase de “autonomitis”: una tendencia de crear órganos autónomos a diestra y siniestra.

En papel, por tanto, nuestro andamiaje institucional en pro del desarrollo y del estado de derecho se ve muy sólido vis-à-vis otros países desarrollados. Y esta nueva Ley Fintech se ha sumado así a esta tendencia reguladora, al otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “facultades de inspección y vigilancia”.  Cabe resaltar, no obstante, que la CNBV no es un órgano autónomo constitucional, sino que sigue siendo uno desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solamente con autonomía técnica, no de gestión. Pero Banxico es uno de los principales órganos autónomos del país y, tras una lectura de la Ley Fintech, todo apunta para que la CNBV comience a apropiarse cada vez de más atribuciones de supervisión y sanción en el sector bancario. ¿Otro ejemplo en ciernes de “autonomitis”? La CNBV bien pudiera encaminarse hacia esos rumbos. Lo que preocupa en el caso de México, sin embargo, no es la proliferación de órganos autónomos en papel, sino la proliferación de órganos supuestamente autónomos acompañados de un claro retroceso en el grado de autonomía de las instituciones. Recientemente, hemos visto un claro detrimento a la autonomía no sólo de órganos reguladores, sino de dependencias gubernamentales en general. Ahí, en la realidad y ya no en el papel o en nuestra república imaginaria, es donde está el principal problema de nuestro estado de derecho democrático.

¿De qué sirve entonces facultar a la CNBV para que sancione actividades ilícitas en el sector financiero si sus criterios o decisiones se toparán con intereses y atribuciones metaconstitucionales de origen espurio o ambiguo? Tenemos, por lo pronto, casos de corrupción financiera a gran escala como la Estafa Maestra, el caso Odebrecht y la malversación de fondos multimillonarios en Sedesol. En el caso particular de Odebrecht, los sobornos distribuidos a lo largo y ancho de América Latina ocasionaron incluso la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczyncski de Perú. Mientras tanto, en México, el mismo caso Odebrecht ya ha generado testimonios de actividades similares de financiamiento ilícito sin imputar aún a presuntos culpables. Peor, se presionó para que el Procurador General en turno, quien estaba ya formando un expediente en contra de los presuntos responsables, renunciara a su cargo.

El diagnóstico actual de México no es entonces una “autonomitis”, lo que significaría una proliferación de autonomías institucionales. El diagnóstico viene a ser completamente el contrario: un serio detrimento al grado de autonomía de nuestras instituciones públicas. Y aquí es entonces donde se amenaza la continuidad o mejoramiento de nuestro sistema político. De acuerdo con Samuel Huntington, la autonomía institucional es una de las características indispensables para que un sistema político pueda sobrevivir. El propio Huntington pone el ejemplo de Estados Unidos, al describir cómo su balance de poderes y la autonomía que hay entre sus instituciones ha favorecido, en el transcurso de la historia, una interdependencia positiva entre los poderes e instituciones públicas.

La misma interdependencia entre poderes e instituciones políticas facilita la adaptación de un sistema político al cambio, de acuerdo con las evolventes prerrogativas de cada época. “Un sistema político con varias instituciones políticas diferentes tiene muchas más probabilidades de adaptarse. Las necesidades de una época pueden ser resueltas por un conjunto de instituciones; las de la siguiente, por otro distinto”.4

En el caso de nuestro país, los casos en que se ha socavado la autonomía de instituciones públicas por fines políticos parecen haber llegado a un punto de quiebre. La corrupción, sabemos ya, es un problema endémico de México, pero ahora también tenemos una epidemia cuyo efecto es corroer la autonomía de nuestras instituciones. Si seguimos postulados de Charles Tilly sobre el desarrollo democrático de los países podemos lograr una caracterización más clara de las cualidades fluctuantes que puede tener una democracia a nivel nacional.5 Así, aquella “sana distancia” de Ernesto Zedillo bien pudiera ser enmarcada como una de las épocas en que los índices democráticos (y autónomos) de nuestro sistema político presentaban índices al alza.

Actualmente, sin embargo, el sistema político mexicano ha esbozado claros signos de (des)democratización, como los caracterizaría igualmente Tilly. Tenemos a un Procurador General que renunció por tratar de dar con los responsables del caso Odebrecht en México. A secretarios de la Función Pública nombrados a modo. La amenaza del Fiscal “carnal” para nuestro flamante Sistema Nacional Anticorrupción. La Estafa Maestra. La malversación multimillonaria de Sedesol. La otra malversación multimillonaria de la “mala cosecha” con créditos agrícolas.6 Tuvimos también prácticas fraudulentas en las recientes elecciones de Coahuila y Nayarit, junto con prácticas igualmente (o más) fraudulentas de candidatos independientes a la presidencia. Y, en este último caso de los candidatos independientes, tuvimos incluso el solapamiento del propio Tribunal Federal Electoral que terminó prendiendo las alarmas a nivel nacional.

El grado democrático de nuestro sistema político parece entonces estar “en caída libre”, siguiendo la estrofa de Tom Petty y sus rompecorazones. Sí, tenemos una proliferación de órganos reguladores, pero están lejos de tener autonomía de decisión o gestión. Y, aun así, lo que nuestro estado de derecho exige ahora no es esa proliferación de órganos reguladores, sino simplemente una verdadera autonomía en nuestras instituciones públicas. Las atribuciones metaconstitucionales (y oscuras) debieran ser ya, desde hace décadas, cosa del pasado.

 

Walid Tijerina es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


1 Trejo, M. y Andrade, A. (2013). “Evolución y desarrollo de las reformas estructurales en México (1982-2012)”. El Cotidiano, 177.

2 Ruiz, J. F. (2017). “Los órganos constitucionales autónomos en México: una visión integradora”. Cuestiones Constitucionales, (37).

3 Dussauge, M. (2016), “Mitos y realidades de los organismos constitucionales autónomos mexicanos”, Revista de Administración Pública, 138.

4 Huntingon, S. (1972). El orden político en las sociedades en cambio. Paidós, p. 28.

5 Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.

6 Loret, C. (2018). “Mala cosecha, la nueva estafa”. El Universal.