¿Cuánto vale una vida? ¿hasta dónde llegan los esfuerzos de alguien cuando se trata de salvar una vida? En las películas los héroes se arriesgan metiéndose a edificios en llamas, arriesgando su propia vida, con la esperanza de salvar una vida. Cuando una ambulancia trata de hacerse paso en medio del tráfico en una ciudad, quienes están delante de ella hacen lo posible por abrir camino, puesto que hay un acuerdo social de tratar de salvar una vida, siempre que ello sea posible, pero ¿cuáles son las vidas que queremos salvar?

En las últimas semanas se ha difundido un meme de un feto (que en realidad es un embrión) que quiere ser ingeniero. Este meme resulta de una foto tomada en una marcha provida y que, al resultar particularmente ridícula para el sector de la población que luchamos por el derecho de las mujeres a decidir, se tornó objeto de burla. Hay, por otro lado, un grupo de personas que consideran insultante, aberrante, y hasta satánica (sic) la burla. La brecha entre ambas posturas es tan abismal como en nuestro país es el valor de una vida con respecto de otra.


Ilustración: Izak y David Peón

El movimiento o –tal vez mejor enunciado– la ideología provida argumenta que la vida empieza en el momento de la concepción, y que las interrupciones de embarazos —sean motivadas por las causas que sean— configura un asesinato de bebés (sic). Su indignación se manifiesta continuamente en marchas, iniciativas y sentencias que buscan activamente incidir tanto en el proceso de decisión de las mujeres que abortan como en las instituciones, en los códigos penales y en el ejercicio de la práctica médica en un Estado laico;1 lo que, irónicamente, merma el pleno acceso y ejercicio de los derechos humanos de muchas personas, no solamente mujeres. Todo con el objetivo de salvar vidas (¿?) que podrían, eventualmente, convertirse en ingenieros.

Las vidas que cobra la epidemia de violencia que vive México, en cambio, no han recibido la indignación ni la acción proporcional; al contrario, se ha normalizado al grado de reducirse en la percepción de la mayoría, simplemente a números. En México hubo 24,559 defunciones por homicidio en el 2016 (último año del que INEGI cuenta con datos2); de los cuales 52 eran menores de un año (¡!), 76 tenían entre 1 y 4 años y 79 entre 5 y 9 años. 1,170 entre 15 y 19 años. Ninguno de ellos tuvo la posibilidad de ser ingeniero. Hay también, hasta el día de hoy, 33,125 personas desaparecidas; 214 de ellas menores de 20 años, que tampoco van a poder ser ingenieros, y por quienes aquellos que se denominan provida no alzan la voz.

Las noticias sobre desapariciones forzadas, asesinatos, la continua aparición de fosas clandestinas en todo el territorio, los feminicidios, continuamente son recibidas con indiferencia, e incluso apatía, por parte del grueso de la población. Schedler (2014) explica la ausencia de indignación en función de una destrucción de las bases morales de la solidaridad ciudadana; es decir, se deja de reconocer a las víctimas como miembros iguales de la comunidad. La deshumanización las víctimas es explicada a partir de la culpa que se les adjudica, puesto que se concibe la violencia como selectiva y delimitada entre criminales, entendiéndolos como otros. Otros y otras hacia quienes no se siente empatía, ni solidaridad, ni interés por reclamar justicia en su nombre.

La esencia de la solidaridad política es la voluntad de los y las ciudadanas para ayudar a las víctimas de la injusticia severa y sistemática. Ésta se manifiesta, generalmente, cuando hay intervenciones, sean perpetuadas por actores públicos o privados, que provocan sufrimiento o muerte en escalas masivas (dictaduras represoras, genocidios, guerras civiles, epidemias de violencia criminal) (Schedler, 2014); sin embargo, condición para ello es, evidentemente, percibir ese sufrimiento como una injusticia. Es por ello que, en ciertos casos —probablemente concebidos como aislados puesto que son los que llegan a los medios de comunicación— la desaparición de estudiantes y las muertes de mujeres producto del patriarcado, siempre y cuando conozcamos sus nombres, provoca grados inconmensurables de indignación, de frustración, de sufrimiento a grupos significativos de personas.

En México mueren más de 7 mujeres al día víctimas de feminicidio. Son crímenes que podrían evitarse, claro, pero son crímenes normalizados que, más allá de los reclamos concentrados en espacios feministas y de los discursos [nomás] del gobierno, no merecen la atención ni la indignación de la sociedad, a menos que sea un caso que resuene temporalmente en redes sociales. Son crímenes que, con excepción de esas pocas que son visibilizadas, nombradas, y por quienes se reclama justicia, pasan completamente desapercibidos. A raíz de los feminicidios diarios de mujeres y niñas tampoco se han pronunciado las personas provida.

Aunadas a las muertes a manos de hombres que diariamente sufren las mujeres, el aborto clandestino e inseguro es un problema de salud pública que provoca más de 50,000 muertes al año en el mundo. En México más del 7.3% de todas las muertes maternas a lo largo de las últimas dos décadas se relacionan con el aborto inseguro. En 2013 el aborto representó 8.9% del total nacional de muertes maternas, lo que corresponde a la cuarta causa de muerte materna en México; en el 2011 fue el 11% de las muertes maternas del país (GIRE, 2015).

El acceso al aborto legal y seguro se fundamenta en el derecho a la vida, a la salud, a la vida privada, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres; mismos que están reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales a los que ha suscrito México, como la CEDAW y la Belém do Pará. Las obligaciones de México en materia de reconocimiento y protección del derecho a la vida y de los derechos reproductivos mediante instrumentos de acceso a la salud y a la no discriminación es producto de la valoración de la vida de las mujeres y de su reconocimiento como seres humanos. La sentencia Artavia Murillo vs. Costa Rica de la CoIDH en 2012 resuelve de manera definitiva la interpretación que debe hacerse de la protección a la vida prenatal, que obliga al Estado mexicano a, primordialmente, proteger los derechos reproductivos de las mujeres. El embrión, de acuerdo a esta sentencia, no es una persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos; mientras que las mujeres, por más que haya a quien se le quiera olvidar, sí lo son.

Las mujeres con recursos no se mueren cuando abortan. Pocas veces tienen que acudir a métodos y clínicas clandestinas porque, además de las redes de apoyo, cuentan con el presupuesto necesario para acceder a un aborto seguro. Las mujeres pobres, con escolaridad baja e indígenas, tienen hasta 9 veces más probabilidades de someterse a un aborto clandestino e inseguro; y de ellas, sólo una de cada 6 mujeres que llevan a cabo un aborto clandestino reciben atención médica (Souza y Gakidou, 2012).

Mientras grupos conservadores llevan a cabo eventos en los que, vestidos de blanco, encienden veladoras para defender a los no nacidos, mujeres mueren llevándose a cabo procedimientos clandestinos e inseguros. Mientras grupos conservadores defienden la posibilidad de un montón de células de configurarse como un ingeniero (aunque estadísticamente tendrían muy pocas probabilidades de acceder a la educación media superior), revelan el desprecio que tienen por las personas que no tienen acceso a una vida digna ni segura porque el Estado no ha podido proveérselas.

El feto ingeniero, por absurdo que parezca, reclama —con legitimidad— su vida desde un lugar de privilegio. No sólo es presumiblemente hombre, sino que también pertenecería al 17%3 de la población que puede acceder a educación superior, que es mucho más de lo que se puede decir de las víctimas que ha cobrado el crimen organizado. El feto ingeniero, sin haberse configurado nunca como un ser vivo ni titular de derechos humanos, reclama más atención, indignación y reclamo que las vidas que se pierden precisamente por continuas violaciones de estos derechos. El feto ingeniero, pues, así como todos los reclamos provida, representan la obstinación conservadora por ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres y no un interés genuino por proteger la vida. Denota, también, el valor que se le otorga a unas vidas sobre otras. Lo más lamentable de los discursos provida es, por lo tanto, la insistencia de construirse en torno a la defensa de la vida, así, en abstracto; cuando su agenda es en realidad totalmente selectiva.

En México las víctimas de la violencia —de todos los tipos de violencia— no se consideran personas por quienes lamentar la pérdida de su vida, por quienes gritar, o exigir al Estado su defensa. Y, sin embargo, sí consideran que un montón de células en proceso de formación son una persona por quien sí están dispuestas a gritar, a repelar, a exigir al Estado la defensa de su vida.

En México, también, hay quienes padecemos como si fuera una herida física la desaparición y disolución en ácido de tres estudiantes en Jalisco; a quienes nos quiebra el corazón, nos desespera, nos asusta saber que a otro más en la CDMX el Estado pudo dañarlo en tal grado que, aunque su cuerpo funciona, su vida fue completamente arrancada de él. A quienes no concebimos un grado tan descarado de impunidad, de descaro, de pasividad. A quienes nos urge un cese a la violencia. En México necesitamos, si es lo que hace falta para reclamar el derecho a la vida de todos y todas las mexicanas, que cada uno y una de las desaparecidas, de las víctimas no sólo de la violencia sino de la negligencia nos duela en esa misma medida.

Vale la pena considerar, en tiempos electorales, cuando la decisión de quién velará por las vidas de los mexicanos, cuánto vale la vida de cada persona para quienes contienden a la presidencia. Discernir, y si no, exigir, una intención real por disminuir la violencia y proteger las vidas de cada persona de este país, mismas que hasta el día de hoy han sido, en su mayoría, completamente prescindibles.

 

Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es consultora política.

 


Referencias

GIRE (2015). Aborto legal y seguro.

Sousa, A., Rafael Lozano y Emmanuel Gakidou (2012). “Exploring the Determinants of Unsafe Abortion: Improving the Evidence base in Mexico” en Health Policy and Planning, vol. 25, no. 4, 2010, p. 300-310.

Schedler, Andreas (2014). The Collapse of Solidarity in Criminal Civil War. Reunión Anual APSA.


1 Prueba de ello es la reciente aprobación de la Objeción de Conciencia en la Ley General de Salud.

2 Datos más recientes indican que en marzo de este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detectó 2,796 homicidios intencionales.

3 Según la OCDE en 2016 solo el 17% de las personas entre 25 y 64 años de edad había cursado la educación superior.



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