Cada hijo es una ilusión (…) Lo triste es cuando te quitan esa posibilidad por ser adicta. No te preguntan nada, sólo dicen que ellos están mejor en el DIF. Pero eso no es solución. Allá se enferman, sufren porque quieren estar conmigo y no hay nadie que los abrace y les explique lo que pasa… Yo sufro parejo con ellos, porque son mis hijos y me los quitaron (…) Todo se convierte en una pesadilla, vivir con su recuerdo, imaginarse cómo están… Eso me llevó a recaer y ahí si, los perdí para siempre (…) No importa cuánto me haya esforzado por cambiar de vida, al final me los arrancaron de mis brazos (…)
Martha, 28 años, Tijuana

Desde los discursos oficiales se representa a las personas que usan drogas como enfermos mentales, delincuentes o, en el mejor de los casos, como personas faltas de carácter. Estas representaciones conllevan a procesos de etiquetamiento, marginación, discriminación y estigmatización de esta población que, a su vez, limitan sus oportunidades en diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué pasa cuando la persona que usa drogas es una mujer embarazada y/o con hijos? La literatura especializada1 muestra que las mujeres enfrentan con más agudeza el impacto negativo del etiquetamiento, marginación, discriminación y estigmatización asociadas al uso de drogas, de modo que terminan enfrentando múltiples situaciones de violación de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la maternidad.

Ilustración: Izak Peón

Adicionalmente, la idealización y esencialismo desde donde se ha construido socialmente la figura de la madre nos lleva a obviar que la maternidad requiere de unas condiciones materiales y sociales que favorecen la protección del menor. Estas condiciones no están presentes para la mayoría de las mujeres pobres en México y menos aún si, además de pobres, viven una situación de dependencia a las drogas. En estos contextos, el estigma que supone ser madre usuaria de drogas lleva a reducir todas las áreas de la vida de la mujer-madre-usuaria, a su única situación de uso de drogas y, con base en ello, a juzgar que estas mujeres son incapaces de cuidar adecuadamente a sus hijos.

En consecuencia, un divorcio difícil, o una relación conflictiva con la familia extensa, puede llevar a que la mujer termine acusada ante un juez de “ser adicta”. En muchos casos, los jueces, independientemente de las circunstancias, coinciden en que efectivamente una mujer “adicta” no es una “buena” madre y que la mejor manera de garantizar la protección integral de los derechos de los niños y niñas es separarlos de ella. En todos los casos, usar drogas es una condición que limita el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad.

La legislación mexicana no establece criterios claros que determinen las condiciones bajo las cuales los hijos deben ser separados de sus madres, razón por la cual, cada juez puede determinar, bajo su propio criterio, si las condiciones de vida de la madre violan la Convención de los Derechos del Niño y/o la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tampoco existen en el país mecanismos que apoyen a las madres en su situación de dependencia a las drogas, de modo que puedan ejercer de manera segura su maternidad al tiempo que tratan su problema de salud.

En México, una mujer con uso problemático de drogas que tiene hijos o que está embarazada cuenta con muy pocos apoyos familiares e institucionales para ocuparse de sí misma y de sus hijos, lo que dificulta que pueda dejar de usar drogas. Por ejemplo, pocos centros de tratamiento aceptan mujeres y dentro de aquellos que las aceptan, en ninguno les permiten el ingreso si están embarazadas y, menos aún, permiten que los hijos puedan permanecer con ellas durante el internamiento. Al respecto, es fundamental comprender que estas mujeres enfrentan su situación de dependencia a las drogas CON sus hijos, de ahí que no brindarles alternativas que consideren a su prole, equivalga a negarles su derecho fundamental a recibir tratamiento. 

Por otro lado, aunque existe un protocolo de atención a mujeres embarazadas que buscan tratamiento sustitutivo con metadona para aliviar su dependencia a la heroína, en la práctica, en las clínicas de metadona se prefiere no ofrecer el medicamento a las mujeres en esta situación, pues temen los efectos sobre el feto. Una vez más, negarle a estas mujeres el acceso al medicamento para controlar su dependencia constituye una grave violación de su derecho a la salud.

Ante la falta de acceso a tratamiento, es muy frecuente que las mujeres pobres con dependencia a las drogas y que están embarazadas enfrenten con sus propios recursos —bastante limitados— el problema de su dependencia y, en esas circunstancias, hacen lo mejor que pueden. Las estrategias que emprenden son casi siempre fallidas, pues la falta de recursos económicos, la falta de redes sociales y familiares, los contextos complejos en los que viven y el desamparo institucional, aunados a la condición física de la dependencia, son condiciones que dificultan que estas mujeres se abstengan de usar drogas —así lo deseen genuinamente—, o bien, adopten prácticas de uso menos riesgosas para ellas y sus bebés.

El temor a perder sus hijos, lleva a que estas mujeres eviten al máximo el contacto con los médicos, pues han constatado una y otra vez que en su situación, lo más común es que las separen de ellos. Sin embargo, no acudir a controles prenatales es un indicador más de negligencia en los cuidados al menor, lo que aumenta su probabilidad de ser separada de su hijo al momento que el equipo médico advierta su situación de uso de drogas. En todos los escenarios, estas mujeres tienen todo que perder.

En la decisión de separar a la madre del hijo(a), no se tienen en cuenta las condiciones y dinámicas de uso de drogas de la madre, si tiene dependencia o no y a cuáles drogas es dependiente. Menos aún se considera cómo apoyar a la mujer para lidiar con su dependencia de la mejor manera, cómo darle seguimiento para que mantenga la relación con su bebé, ni cómo apoyarla emocionalmente en el difícil tránsito de la separación cuando no hay más opción. 

La situación es compleja. Evidentemente el bienestar del menor es un asunto fundamental. Pero no necesariamente este bienestar pasa por separarlo de su madre y/o enviarlo a un albergue temporal o a una casa de protección del DIF, considerando que el sistema mismo está colapsado en algunos estados de la república por la cantidad de menores institucionalizados, lo que dificulta garantizar sus condiciones mínimas de salud y bienestar. La misma Unicef (2014) reconoce que la institucionalización de menores no es la mejor opción y que es necesario promover otras alternativas.

Garantizar el bienestar de los hijos de mujeres pobres con dependencia a las drogas requiere necesariamente contemplar estrategias de reducción de daños, desde las cuales se planteen alternativas viables para que estas mujeres puedan decidir cómo administrar su condición de dependencia sin tener que renunciar a sus hijos. Al mismo tiempo, las estrategias de reducción de daños deben pensar cómo garantizar el ejercicio de la maternidad en condiciones de dependencia a sustancias que favorezcan la seguridad y la salud física y emocional del niño y su madre.

Demonizar el uso de drogas en mujeres embarazadas y/o con hijos y enviar a los menores a procesos indefinidos de institucionalización, ciertamente no contribuye a diseñar mejores escenarios que favorezcan el bienestar físico y socioemocional de los niños y niñas que nacen en estos contextos de marginalidad extrema. Dado el bajo volumen de población de mujeres dependientes a las drogas en México,2 resultaría mucho más costo-efectivo disponer de centros de tratamiento dirigidos a las mujeres-madres, donde se brinde atención integral al binomio madre-hijo(a), capacitar al personal de salud materno-infantil sobre las opciones de tratamiento a las que tienen derecho las mujeres embarazadas que viven dependencia a las drogas, ofrecer tratamiento supervisado con metadona a todas las mujeres embarazadas con dependencia a la heroína y establecer mecanismos de cooperación entre las instituciones de salud y las organizaciones civiles que realizamos trabajo de campo en los lugares de encuentro de población que usan drogas. Las alternativas están ahí, el reto es trascender el estigma.

 

Angélica Ospina-Escobar es doctora en Estudios de Población. Investigadora Posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).

Referencias

Henderson, D. (1998) Drug Abuse and Incarcerated Women. Journal of Substance Abuse Treatment , 15 (6): 579 – 587.

Marsh, J.; D’Aunno, T.; Smith, B (2000) . Increasing access and providing social services to improve drug abuse treatment for women with children. Addiction, 95 (8): 1237-1247

Mendoza-Romero, M; Gómez, C; Medina-Mora, M.E. (1996). Las Mujeres adictas de la descripción a su construcción social. Trabajo presentado en la Reunión del Grupo de Consulta sobre el impacto del abuso de drogas en la Mujer y la Familia, 1996, Montevideo Uruguay.

Secretaría de Salud; Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud pública; Comisión Nacional contra las Adicciones (2016). Consumo de drogas: prevalencias globales, tendencias y variaciones estatales.

Wechsberg, W.; Craddock, G.; Hubbard, R. (1998). How Are Women Who Enter Substance Abuse Treatment Different Than Men?: A Gender Comparison from the Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS). Drugs & Society 13 (1-2): 97-115


1 Ver por ejemplo el trabajo de Romero Mendoza, Gómez y Medina-Mora (1996); Henderson (1998); y Wechsberg, Craddock y Hubbard (1998).

2 Según la última encuesta sobre consumo de drogas en el país, sólo el 0.6% de la población presenta un problema de dependencia, lo que equivale a 546 mil personas (ENCODAT, 2016). Si la relación hombre:mujer de uso de drogas es de 4:1, se puede inferir que el universo de mujeres con dependencia a las drogas es de alrededor de 218 mil mujeres.



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