Hace un par de semanas, el candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador  declaró que el mayor problema en México es una minoría rapaz de dueños de empresas grandes que se han beneficiado de sus relaciones con el poder político y que se resisten al cambio de régimen. Algunos comentaristas políticos y empresarios reaccionaron alarmados frente a estas declaraciones. Según su interpretación, es una acusación que instiga el resentimiento y justifica el despojo del patrimonio de los empresarios para repartirlo entre los pobres que no trabajan. Preocupados por esta amenaza, algunos dueños de empresas se dirigieron a sus trabajadores a través de comunicados, donde explicaban las terribles consecuencias de lo que llaman el populismo autoritario y pedían a los trabajadores que hicieran un voto razonado en el que consideraran la prosperidad de la empresa que les da empleo.

Esta interpretación es bastante exagerada si se toma en cuenta que ni el candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia ni sus voceros han prometido la estatización de la actividad económica, la expropiación del patrimonio de los grandes empresarios o el aumento de impuestos a los más ricos. Lo que sí ha propuesto el candidato López Obrador es acabar con la corrupción sistémica mediante la separación del poder público y el poder económico.

Ilustración: Sergio Bordón

A pesar de las recientes investigaciones periodísticas que dan cuenta de los mecanismos de corrupción en los que participan empresas privadas, para muchas personas aún es difícil aceptar que la corrupción que más afecta al país está relacionada con una minoría rapaz de empresarios que en contubernio con el poder político abusa de los recursos públicos. Esto es así porque prevalece la idea de que la corrupción que más afecta a la ciudadanía es la relacionada con la extorsión del burócrata de ventanilla y la informalidad de trabajadores ambulantes. Además, es común escuchar a los defensores del liberalismo económico afirmar que el estado es un ente abusivo que extrae rentas de los empresarios a través de impuestos y extorsiones. Desde la construcción de este marco discursivo donde las víctimas siempre son los empresarios, es difícil aceptar que algunos empresarios, en complicidad con el poder político, extraen rentas y abusan de los recursos públicos.

Sin embargo, hay marcos analíticos que dan cuenta del vínculo entre el poder político y el económico y el obstáculo que éste representa para el crecimiento económico, la competitividad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.1 Además hay suficiente evidencia de la existencia de esta relación, que es necesario difundir para romper el mito que intenta minimizar la existencia de la minoría rapaz y el capitalismo de compadres en México.

Recientemente, el IMCO público un Índice de Riesgo de Corrupción, el cual, a través del análisis de la concentración del mercado de las compras del gobierno federal, ofrece una radiografía del capitalismo de compadres. El estudio analiza 700 mil procedimientos de contrataciones públicas, entre 2012 y 2017, que suman 2.3 billones (10% del gasto público en el periodo) y un universo de más de 129 mil proveedores. Del total de proveedores, tan sólo el 1.9% (2 mil 500 proveedores) concentran el 80% del valor del mercado de contratos asignados. Sin embargo, éstos no son necesariamente los proveedores más competitivos, ya que los primeros 1,000 proveedores con más contratos obtienen por adjudicación directa el 71% de sus contratos, lo que representa el 31% del monto del gasto en compras.

Además, el estudio ofrece un análisis dinámico de la concentración del mercado de compras del gobierno federal entre las últimas dos administraciones. Por ejemplo, los 100 proveedores que más monto del gasto obtenían en la administración de Calderón (147 mil millones), sólo obtuvieron 81 mil millones de pesos con Peña Nieto en 2016, una caída de 53%. Por otra parte, las 100 empresas más ganadoras de 2016 que con Calderón apenas tenían 54 mil millones, hoy tienen 204 mil millones de pesos del gasto del gobierno federal, equivalente a un incremento del 218%.

Esta información permite inferir que hay una minoría de empresarios cuya fortuna depende de a quién conocen en las altas esferas políticas para obtener contratos por adjudicación directa. Además, según reportes periodísticos, el problema de la corrupción no se limita sólo a la concentración del mercado por el tráfico de influencias, también abarca contratos con precios inflados, entregables de baja calidad, obras públicas sin terminar o productos no entregados, lo que atenta directamente contra el bienestar de las personas.

La colusión entre el poder político y el económico también se puede analizar como un problema de captura del Estado por el poder económico. El Informe del Banco Mundial 2017 ofrece un enfoque interesante para abordar este fenómeno. Por un lado, reconoce la importancia de las relaciones de poder, que suelen ser excluidas de los análisis económicos y del diseño de políticas públicas y, por otro, analiza la captura del estado como un factor que limita el desarrollo de los países. Además, propone un indicador de captura, el cual consiste en observar las variaciones del precio de las acciones de las empresas cuando hay cambios de expectativas sobre la estabilidad del régimen cleptócrata.

En México hay un par de ejemplos recientes donde se puede observar un comportamiento similar. Según analistas financieros, el precio de las acciones de la concesionaria de carreteras OHL México subió después del triunfo del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, en las elecciones para gobernador del Estado de México. Vale la pena recordar que la empresa OHL había sido cuestionada por la estrecha relación con el presidente Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México.2 De forma similar, el precio de las acciones de Grupo México cayó el día que el dueño del grupo industrial hizo público su comunicado invitando a sus trabajadores a votar en contra del llamado candidato populista.

Es de esperar que cualquier acción de gobierno que fomente la competencia y desincentive la concentración de mercados, como la propuesta de separar el poder económico del político, tendrá un impacto negativo sobre la expectativa de las utilidades y en el precio de las acciones de las empresas que concentran el mercado.

Por ello, es previsible que para mantener las utilidades y el valor de las acciones de sus empresas, los empresarios participantes del capitalismo de compadres harán lo posible para resistir el cambio. Tratarán, por ejemplo, de incidir en la intención de voto por el candidato que amenaza la estabilidad del régimen cleptócrata. Éste es el caso de los comunicados de los grandes empresarios contra el proyecto del candidato López Obrador, los cuales podrían usarse como indicadores para ubicar a las empresas que participan en el capitalismo de compadres.

Por ejemplo, una de las primeras empresas en enviar comunicado a sus trabajadores fue Grupo Herdez, quien recibió más de 2,090 contratos por adjudicación directa por un monto de 208 millones 418 mil pesos, durante el sexenio de Peña Nieto. Al comunicado de Grupo Herdez le siguieron los de la familia Larrea y Bailleres, que poseen el Grupo México y Grupo Peñoles respectivamente. Estos grupos han hecho su fortuna a partir de la explotación de la minería de diversos metales (incluyendo metales preciosos). Sin embargo, hasta antes de 2013 las empresas mineras no pagaban un solo peso por la extracción de metales preciosos. Con la reforma hacendaria de 2012 se impuso un pago de derechos por la extracción de 2.3% del valor de la producción, el cual sigue siendo muy bajo en comparación con el 18% que se cobra en países desarrollados. A los empresarios del sector este aumento les pareció un exceso, por lo que pidieron, y consiguieron, que la Ley de Ingresos de la Federación incluyera una deducción por el uso de diésel y gasolina en la actividad minera. Hay muchos más ejemplos con información de la existencia de una minoría que usa sus vínculos con el poder político para extraer rentas, pero por limitaciones de espacio no se pueden abordar más aquí.

Sin duda, la propuesta de separar el poder político y el poder económico provocará una desconcentración del mercado de compras federales. Esto afectará las utilidades y el precio de las acciones de las empresas que se benefician de este contubernio, pero esta acción no implica despojar a los empresarios de su patrimonio ni afectar la estabilidad del país. Todo lo contrario, ésta es una oportunidad para impulsar la competencia económica, el libre mercado, la inclusión económica y potenciar el desarrollo y la innovación de las empresas que han sido marinadas por el capitalismo de compadres. De manera que le convendría a los dueños de las grandes empresas hacer menos escándalo y ver con mayor optimismo el eventual cambio de régimen, porque al hacer pública su preocupación por el cambio exhiben su posible participación en la cleptocracia y ponen en riesgo la reputación de sus empresas ante la opinión pública.

 

Luis Gabriel Rojas es doctor en Gobierno por la Universidad de Essex.


1 Acemoglu, D y J. Robinson. Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza/ México, D. F. : Crítica, 2013.
World development report 2017. Governance and the law/ Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank Group, 2017.

2 Cruz, F. Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco/ Planeta, 2009.



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