El término política (así, a secas) suele estar asociado a discusiones, o temas, sobre los que todo el mundo tiene algo que decir porque a todo el mundo concierne. La política tiene que ver con el gobierno, pero también con la organización de las sociedades, y a todos nos gobiernan (¿?) y todos formamos parte de una organización social. La corrección política, en cambio, es un concepto relativamente nuevo que apela a una forma de expresar opiniones respecto de esa organización de las sociedades. Se refiere, espuriamente, a una forma correcta(sic) de interpretar y –sobre todo– expresarse acerca de fenómenos cotidianos relacionados con temas que suelen —coincidentemente— estar sujetos a un debate que se funda en opiniones; sin embargo, además, es una clasificación que a priori encasilla y desacredita el contenido o las ideas de quienes son sentenciados como políticamente correctos.

Ilustración: Víctor Solís

El término, aunque había sido acuñado desde algunos años antes, cobró fuerza en EEUU a comienzos de la década de los noventa, cuando en los medios de comunicación se difundieron historias y tratados que la criticaban. Richard Bernstein (1990) publicó un artículo en el New York Times titulado “The Rising Hegemony of the Politically Correct” en donde se quejaba de que un conjunto de opiniones sobre raza, ecología, feminismo, cultura y política exterior definían lo que tendría que ser la actitud correcta sobre los problemas del mundo; satirizando con ejemplos como “las bolsas biodegradables de basura tienen el sello de aprobación de la corrección política, Exxon no”. Roger Kimball (1990), a su vez, escribió un libro que hablaba de cómo la política había corrompido la educación superior, argumentando que las “políticas de la victimización” habían paralizado a las universidades, refiriéndose a los departamentos de estudios que integraban y cuestionaban la experiencia y contribuciones culturales de grupos que habían sido históricamente excluidos de la academia: mujeres, personas no blancas y no heterosexuales. Harvey Mansfield (1991) dio una conferencia sobre la corrección política en donde la definía como un “intento de crear una atmósfera de autocensura, también conocida eufemísticamente como ‘crear conciencia’”. Según Mansfield la libertad de expresión culmina en el derecho a ofender.

Estas críticas surgían contra una forma correcta de hablar respecto de temas –que despertaban cierta sensibilidad– mediante la construcción discursiva de una nueva intolerancia, al grado de comparar a la “policía del pensamiento” (sic) con fascistas, estalinistas, fundamentalistas cristianos, maoístas y marxistas (Weigel, 2016).

La “policía del pensamiento” se encuentra, después de tres décadas, en lugares un tanto más abstractos. Por un lado, el reavivamiento de la crítica a la corrección política alude al lugar común de que los millennials (sic) son narcisistas malcriados que pretenden evitar que nadie exprese opiniones que ellos encuentran ofensivas. Por otro lado, se construye la idea de un grupo poderoso de personas (¿?) que están tratando de controlar todo lo que cada individuo hace, incluidas las palabras que usa y cómo las usa para referirse a temas específicos; además, impulsando una agenda específica que pone en riesgo el status quo y a quienes lo habitan libremente (sic).

La campaña de Donald Trump reavivó y exacerbó el uso político (sic) de la corrección política. Prácticamente toda su campaña fue construida en torno a su libertad de expresar lo que pensaba sin tapujos, y definió a la corrección política como su adversaria, llegando a declarar que tanto Obama como Hillary Clinton estaban dispuestos a dejar que los estadounidenses sufrieran porque ésta era su prioridad: “they have put political correctness above common sense, above your safety, and above all else” (Weigel, 2016).

Trump despotricó contra la corrección política y haciendo uso de su opuesto cuando se le cuestionaba en temas de acoso contra las mujeres, racismo; cuando emitía críticas directas contra los mexicanos, contra los musulmanes. Se amparaba de cualquier ofensa o discurso de odio apelando a su cruzada en contra de la corrección política. Y hay que reconocer que le salió muy bien: no sólo fabricó un enemigo que podía fácilmente combatir, sino que encontró la forma de, al mismo tiempo, establecer claramente una agenda conservadora, fascista y xenofóbica bajo el argumento de que estaba emitiendo verdades inconvenientes que, si no hubiera sido por él (sic), no habrían salido a la luz.

Los y las seguidoras de Trump dejaron claro que les gustaba porque no tenía miedo de decir lo que pensaba, que su discurso era un triunfo contra la censura, pero también contra las agendas que dicha censura protegía. El triunfo de Trump fue, por lo tanto, una reacción contra la corrección política excesiva (sic), tanto en forma como en fondo.

Es así que podemos visibilizar los dos grados de conflicto que hay contra la corrección política: en una instancia inmediata y retórica el argumento es que la corrección política censura, y contra dicha censura se expresan la mayoría de los descontentos, pero más allá del reclamo contra la libre expresión se encuentra el descontento con lo que la corrección política defiende. Se vuelve, por lo tanto, mucho más fácil criticar una tendencia que en teoría atenta contra la democracia que defender posturas e ideas que, irónicamente, también lo hacen.

Lo que la corrección política (suponiendo que se pudiera hablar de ella como una) defiende, evidentemente, no es agrupable en un listado ni en una categoría, pero suelen ser temas abanderados por la izquierda y por grupos políticos anti conservadores, de defensa y reivindicación de derechos; en lo que ampliamente se pueden considerar como políticas de identidad,1 pero que para muchos son simplemente políticas de humanidad.

Como plantea Moira Weigel, el término es lo que los retóricos griegos habrían llamado un exónimo: una forma de llamar a otro grupo, al cual quien habla no pertenece y del cual se distancia y deslinda. Nadie se denomina a sí mismo “políticamente correcto”, porque, además, la clasificación es una acusación. El adverbio previo al término correcto lo condiciona; implica un pero. Aun más, decir que algo es políticamente correcto implica una sentencia más insidiosa: que quien se pronuncia actúa de mala fe, que tiene intereses personales o que oculta una verdad para posicionar su agenda o su superioridad moral. Decir que alguien es políticamente correcto lo desacredita por partida doble: lo que dice está sesgado, está mal y lo dice a sabiendas de ello. Por lo tanto, denunciar el uso de la corrección política es una forma de cerrar la discusión trivializando el tema, implicando que el debate es inútil si no hay posibilidad de expresar opiniones controvertidas. La cerrazón llega, incluso, a ser autoritaria.

Así es como, por más de 30 años, el uso de este enemigo ha sido una estrategia de la derecha y de grupos conservadores. La oposición a la corrección política responde hábilmente al doble conflicto convirtiéndolo en uno solo mediante una estrategia de criptopolítica (Weigel, 2016): despolitiza discursivamente lo político; lo disfraza de simples opiniones para restarle de importancia simbólica y empírica, de peso histórico, de discriminación, de violencia y de opresión. Al centrar la discusión en la forma, ésta se despolitiza. El debate se mueve del contenido de la opinión a la libertad de emitirla. Así, la discusión y reflexión sobre el uso de la corrección política se encuentra siempre vinculado con la libertad de expresión.

La libertad de expresión ha sido, y con razón, uno de los derechos fundamentales de todos los individuos y sociedades por los que más se ha luchado, que más habrá de ser defendido y uno de los pilares de la democracia moderna. Sin embargo, la libertad de expresión, como todas las libertades, tiene que encontrar su límite cuando amenaza las libertades de las demás personas; en este caso, el límite está en el discurso de odio. Éste no tiene una definición particular, ni siquiera en el marco jurídico internacional concerniente a los derechos humanos, pero es un término que se usa para referirse a discursos negativos que se constituyen como una amenaza a la paz social. De acuerdo al Comité de Ministros del Consejo Europeo, el discurso de odio abarca todas las formas de expresión que difundan, inciten o promuevan el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, u otras formas de odio basadas en la intolerancia.

Es decir, el discurso de odio no tiene que ser un llamado explícito a infringir daño sobre alguien más. No obstante, hay un límite evidente, aunque difuso empíricamente, entre el discurso (o la expresión) que contiene odio y por lo tanto provoca una respuesta política y social, y el discurso que claramente amerita una respuesta jurídica o penal. Las facultades del Estado y del gobierno para castigar o limitar el ejercicio de los discursos de odio está constitucionalmente limitada, por lo que la batalla de la corrección política se configura, entonces, como la respuesta y los esfuerzos de quienes no están dispuestos a tolerar el primer tipo de discursos; quienes, individualmente o en conjunto, se proponen trazar los caminos de una sociedad igualitaria y respetuosa.

Quienes se oponen a la corrección política argumentan que de esa forma combaten una forma de autoritarismo discursivo; sin embargo, el extremo se expresa en un autoritarismo popular que se ha dispersado por el mundo en forma de conservadurismo y políticas de odio como las que Donald Trump ejerce impunemente, que restringe libertades, que vulnera poblaciones; que amenaza con dar marcha atrás en un camino de consecución de libertades civiles, libertades corporales, libertades sexuales. Libertades.

La ¿contradefensa? que pinta de víctimas a quienes son perseguidos por la policía de lo políticamente correcto por haber sido racistas, por haber sido sexistas, por haber acosado a alguien, convierte en víctimas (SIC) a quienes, aunque sea en discurso, victimizan a poblaciones o grupos históricamente oprimidos. Los reclamos obvian, como lo hicieron en la década de los 90, que la pretensión no es censurar, sino crear conciencia y exigir respeto sobre una serie de problemas que aquejan profundamente a nuestras sociedades. Problemas como la misoginia, el clasismo, la xenofobia, el capacitismo, la desigualdad, la pobreza. Problemas que enfrentan resistencia no sólo discursivamente, sino cuando se procura, activamente, contrarrestarlos.

La corrección política no es una cacería de brujas, como se le ha explícitamente llamado, ni es una fiscalización de la expresión o del lenguaje. Es un ejercicio activo de evitar las formas de expresión o de acción que discriminan, excluyen, marginan, insultan o violentan a grupos de personas que ya se encuentran en desventaja social, política o económica; mismas que, coincidentemente, suelen provenir de personas con posturas políticas conservadoras o declaradamente de derecha.

La indignación de los políticamente incorrectos, victimizados por no poder opinar (sic), surge, en primer lugar, de un agravio personal por no poder expresarse; en segundo lugar, de cómo esta visión del mundo cuestiona un status quo que les ha favorecido. La indignación y acción de quienes denuncian esos discursos (los políticamente correctos, si se gusta) surge de un agravio histórico y colectivo, de una lucha por reivindicar espacios y derechos. Vamos, que los agravios surgen de dimensiones completamente distintas. El pánico de que esos discursos se sigan reproduciendo, provocando así la eventual vulnerabilidad de vidas humanas en contraposición con el orgullo de quien emite sus inofensivas opiniones y con la potencial, aunque muchas veces imaginada, vulneración de sus condiciones de vida.

Resulta curiosa, por no decir grosera, la acusación de una agenda que pretende acotar la discusión y limitar la libertad de expresión cuando, en realidad, el mayor riesgo contra las libertades proviene, precisamente, de las ideas que defienden quienes acusan. Resulta indispensable, por tanto, contrarrestarlas no sólo con corrección política –si es que vamos a seguir usando ese término–, sino con política a secas.

 

Sofía Mosqueda estudió relaciones internacionales en El Colegio de San Luis y ciencia política en El Colegio de México. Es consultora política.

Referencias

Bernstein, Richard (1990). The Rising Hegemony of the Politically Correct. The New York Times.

Mansfield, Harvey (1991). Political Correctness and the suicide of the Intellect. Conferencia para The Heritage Foundation.

Weigel, Moira (2016). Political correctness: how the right invented a phantom enemy. En The Guardian.

Kimball, Roger (1990). Tenured Radicals: How Politics has corrupted Higher Education. Nueva York: Harper Collins.


1 Las políticas de identidad, o identity politics, son posturas políticas derivadas de intereses y perspectivas de grupos sociales con los que las personas se identifican y que determinan aspectos de su cotidianidad. Las políticas de identidad son defendidas por organizaciones sociales y generalmente abarcan temas considerados como de minorías, por ejemplo: clase social, religión, discapacidad, educación, sexo, género, desigualdad, orientación sexual, etc.



PUBLICIDAD