En las conversaciones recientes con familiares y amigos, en pláticas de profesores y últimamente en los spots de campañas políticas, se suele reproducir cierta manera de hablar de las personas que usan drogas, ciertos comentarios y chistes que consolidan y agudizan los estereotipos y estigmas que recaen sobre esta población y es común que, al señalar el estereotipo, las personas respondan, ¿pero qué tiene de malo la palabra “vicioso” o “adicto”?

En primer lugar, las palabras vehiculizan valores, por lo que, cuando en lugar de decir “persona que usa drogas” se les nombra como “viciosos” o “adictos”, se antepone la práctica a la condición de humanidad de la persona, reduciéndola a su condición de uso de drogas. En segundo lugar, al decir “viciosos” o “adictos”, se homogeniza el vasto universo de personas que usan drogas, que tienen dinámicas distintas de uso y que no necesariamente tienen un uso problemático. 

Por otro lado, si bien es cierto que los estereotipos son estrategias cognitivas que nos ayudan a administrar la gran cantidad de información que manejamos diariamente, simplificando la realidad a través de la construcción de categorías, la creación de estereotipos facilita la segregación, la exclusión social y la discriminación.

Ilustración: Oldemar González

Por ejemplo, se suele pensar que una persona que usa drogas es alguien “flojo”, bueno para nada, falto de carácter, alguien en quien no se puede confiar, pues lo único que le interesa es drogarse. Estas ideas legitiman la separación entre quienes no usan drogas y quienes las usan y convierten a los primeros en sujetos poco atractivos en el mercado de interacciones sociales, pues al estar desacreditados tienen menos capital para intercambiar en cada encuentro y convierten en desacreditable a todo a aquel con quien socialice, el clásico “dime con quién andas y te diré quién eres”. Así, la construcción y reproducción del estereotipo del “adicto” inhabilita a las personas que usan drogas para lograr la plena aceptación social y legitima su exclusión de los medios normativos para sobrevivir y adquirir lo que necesitan y/o desean.

El estereotipo del “adicto/vicioso” conlleva a pensar que es legítimo expulsar a los jóvenes que usan drogas de las escuelas como una medida para proteger a los no-usuarios, pues los primeros son “la manzana podrida” que podría “contaminar” a los “buenos muchachos”. El mismo razonamiento aplica para negarles el derecho al trabajo, pues se parte del supuesto de que el “adicto” roba para pagar su “vicio” y que el “adicto” sólo está comprometido con su “adicción”, por lo que ser “adicto” y buen trabajador o responsable son condiciones excluyentes.

La exclusión de espacios de socialización conduce a la discriminación de la persona que usa drogas, generando una nueva condición de desigualdad en el acceso a oportunidades que se superpone con otras preexistentes (género, clase, etnia, etc.), profundizando la desventaja social. Y de esta manera, el estigma se convierte en profecía autocumplida, especialmente para aquellos que ocupan las posiciones más desventajosas en la estructura social, pues tienen más dificultades para ocultar el uso de drogas, lo que hace que el peso del estigma recaiga con más fuerza sobre ellos. No sorprende, en ese sentido, que sean justamente los jóvenes varones pobres quienes terminan judicializados por posesión menor de drogas o por delitos menores, quienes conforman el principal segmento de muertes violentas en el país y quienes se encuentran recluidos en anexos. 

La expulsión de las personas que usan drogas de espacios de socialización con otros no-usuarios conlleva a la formación de comunidades de “parias” sociales entre quienes se refuerza la práctica estigmatizada. Por otro lado, negarle el derecho a la educación y al trabajo a las personas que usan drogas conlleva a quitarles los medios legítimos para sobrevivir y adquirir lo que necesitan y/o desean, orillándolos a recurrir a estrategias no legítimas de sobrevivencia, agudizando con ello la desvinculación social, que tanto preocupa a los “integrados”.

Aunque mi énfasis de reflexión son específicamente las personas que usan drogas, no hay que perder de vista que los efectos del estigma de “adicto” recaen no sólo sobre esta población, sino sobre aquellos que lo parecen según los estereotipos construidos en torno a cómo se ven las personas usuarias, casi siempre varones pobres urbanos y las corporalidades que portan. Y aún más, el estigma construido en torno a las drogas en general, afecta también a aquellos involucrados por distintas razones en la producción de las plantas prohibidas, casi siempre campesinos empobrecidos, que por razones de violencia estructural tienen pocas opciones de sobrevivencia distintas al cultivo de estas plantas. El estigma legitima las violencias que enfrentan y promueve la indiferencia generalizada frente a la violación continua de sus derechos por parte de diversos actores armados, frente a los despojos y la criminalización que padecen.

La lucha contra el estigma y la estereotipación de las personas que usan drogas, pasa por reconocer que no todo uso es abuso. Que no todo joven que experimenta con marihuana se convertirá automáticamente en un usuario problemático1 y terminará viviendo en la calle. Es importante reconocer que la mayoría de personas que usan drogas, no tienen un uso problemático, y aquellas que sí lo tienen necesitan atención de calidad, con estrategias basadas en evidencia y en pleno respeto por sus derechos fundamentales, lo que hace necesario que el estado aumente la oferta de tratamiento, regule de manera efectiva los centros de tratamiento privados y no gubernamentales y promueva la profesionalización de los servicios que se prestan en estos establecimientos.

El principal problema al que nos enfrentamos cotidianamente las personas que usamos drogas es la violación de nuestros derechos fundamentales. El poli que nos extorsiona o nos violenta porque nos encuentra un churro o una pipa en la mochila, un poco de coca en la cartera, una jeringa oculta en el zapato; el juez del ministerio público que nos envía a prisión por portar una cantidad mayor de drogas de lo que establece la ley. El señalamiento cotidiano de nuestros familiares y colegas… Quizá por eso a muchos nos cuesta salir del closet psicoactivo y aceptar públicamente que usamos drogas. Un churro de vez en cuando o cada noche después de la jornada de trabajo, una línea en una fiesta, una pastilla para dormir o bien para no dormir y terminar ese informe.

La política de tolerancia cero hacia las drogas ha probado que no tiene el efecto esperado de disuasión de nuevos consumidores, como bien lo muestran las tendencias de aumento en la prevalencia e incidencia de uso de drogas ilegales en México. En su lugar, estas políticas han creado un tabú en torno a las drogas ilegales, en consecuencia, las personas, y especialmente los jóvenes, que sienten curiosidad por estas sustancias no tienen con quien hablar de ello, más que con los distribuidores, por lo que la información a la que acceden es limitada. Adicionalmente, estas políticas de tolerancia cero han instituido el estigma del “adicto”, convirtiéndonos a los usuarios en el enemigo público, los inmorales que financian al narco, lo que a su vez ha facilitado la vulneración de nuestros derechos fundamentales, incluido el derecho a la justicia, a la libertad, a la salud y a la vida.

Por todas estas razones cada 26 de junio, desde la sociedad civil, decimos “Apoye, no castigue”. Lo contrario a la adicción no es la abstinencia, es la conexión. Si quieres que disminuya el volumen de personas con uso problemático de drogas, promueve la vinculación social de aquellos que apenas inician su uso, permite un debate abierto y honesto frente a las drogas y sus riesgos, impulsa políticas y programas que reduzcan efectivamente los riesgos y daños relacionados con el uso de drogas.

La búsqueda del placer es algo intrínseco de nuestra naturaleza humana. Las drogas legales e ilegales nos acercan a estas experiencias, por lo que pensar en un mundo sin drogas es un sinsentido. Pensar en un mundo donde las personas que usan drogas ilegales puedan hacerlo sin ser excluidas, patologizadas y vulneradas en sus derechos es posible y está en nuestras manos. Las personas que usamos drogas somos ciudadanos, no enfermos ni criminales, tenemos derechos y estamos aquí, haciéndonos cada vez más visibles para exigirlos y garantizarle a las generaciones siguientes unas políticas de drogas centradas en las personas y sus derechos, no en las sustancias y las leyes.

 

Angélica Ospina-Escobar es doctora en Estudios de Población, investigadora posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).


1 La idea que la marihuana es droga de puerta de entrada es una hipótesis que ha sido debatida ampliamente. La literatura muestra que este efecto del uso de marihuana en las trayectorias de uso de drogas depende del contexto socioeconómico en el que se desarrolla el sujeto. Es decir, que es el contexto lo que aumenta o reduce los riesgos de transitar de un uso de drogas no problemático a un uso problemático, y no la droga de inicio per se. Veáse por ejemplo Bretteville-Jensen, A.L., Melberg, H.O., & Jones, A.M. (2008). Sequential patterns of drug use initiation, Can we believe in the gateway theory? The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 8(2), 1-29; Chen, X., Yu, B., Lasopa, S., y Cottler, L. (2016). Current patterns of marijuana use initiation by age among US adolescents and emerging adults: implications for intervention. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 0(Iss. 0,0), 1-10. Choo, T., Roh, S., & Robinson, M. (2008). Assessing the “gateway hypothesis” among middle and high school students in Tennessee. Journal of Drug Issues, 38(2), 467-492; Duncan, S.C., Duncan, T.E., Biglan, A., & Ary, D (1998). Contributions of the social context to the development of adolescent substance use: a multivariate latent growth modeling approach. Drug and Alcohol Dependence, 50(1), 57–71; Durant, R. H., Smith, J. A., Kreiter, S. R., & Krowchuck, D. P. (1999). The relationship between age of onset of initial substance use and engaging in multiple health risk behaviors among young adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 153(3), 286−291.



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