El próximo cambio de administración llega con la promesa de relanzar la política social desde nuevas coordenadas. La cuarta transformación anuncia la instauración de un nuevo modelo de país centrado en recuperar el control del Estado sobre las directrices del bienestar, partiendo esencialmente del territorio y del impulso de los que vienen desde más atrás.

La definición de las prioridades nacionales que acompañarán al nuevo gobierno, es decir, la planeación nacional de desarrollo para el periodo 2018-2024, reclama un conocimiento profundo del país que se pretende gobernar. Sabemos, a grandes números, que la pobreza es persistente y mantiene cautiva a la mitad de la población en México. Sabemos que la desigualdad atraviesa a la sociedad y al territorio, y que los grupos de mayor vulnerabilidad se ven doblemente expuestos ante riesgos medioambientales o desplazamientos forzados por el crimen organizado.

No obstante, la planeación nacional requiere de respuestas concretas a cuestionamientos como qué tanto logramos avanzar y con qué rumbo. La orientación de la administración pública hacia la medición de sus resultados y la creciente demanda ciudadana de información sobre las acciones del gobierno hacen posible que contemos hoy con mecanismos de seguimiento del avance en el cumplimiento de los objetivos nacionales.1

En este escenario, ante la inminencia del cambio de administración y la transición hacia un nuevo modelo de país, resulta oportuno preguntarnos: ¿cuáles fueron las prioridades de gobierno en materia de desarrollo y cuáles son sus principales resultados?

Ilustración: Víctor Solís

El 20 de mayo de 2013, bajo la visión de “Un México donde cada quien pueda escribir su propia historia de éxito y sea feliz”, Enrique Peña Nieto (EPN) presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). El plan centra sus objetivos en alcanzar un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global, e incorpora estrategias transversales para democratizar la productividad, modernizar y acercar el gobierno a la población e incorporar la perspectiva de género.

De este plan, rector de los ejes de desarrollo, se derivaron programas sectoriales, especiales e institucionales: hojas de ruta para las entidades y dependencias del gobierno federal en las cuales se establecían los objetivos específicos para el combate a la problemática de cada sector de desarrollo.

Al terminar el primer año de gobierno de la actual administración, el país contaba con un conjunto intrincado de cientos de objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores para el seguimiento del cumplimiento de las metas y objetivos nacionales. Las metas, en el mejor de los casos, se establecieron con base en el diagnóstico de la problemática social y ponderando el nivel de complejidad, las trayectorias del problema, así como los recursos humanos y materiales destinados a su atención. El rumbo del país se encontraba definido, no quedaba más que seguir meticulosamente el programa trazado con detenimiento.

La reciente publicación del CONEVAL sobre los Avances de las prioridades nacionales al quinto año de la administración nos brinda un panorama general sobre el desempeño de la política social respecto a los objetivos y metas que el actual gobierno se planteó al inicio de su administración.

Resalta que, del total de indicadores definidos para el seguimiento de los principales objetivos de desarrollo (salud, educación, bienestar económico, productividad y competitividad, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad, urbanización y vivienda, seguridad social y equidad de género), sólo cuatro de cada diez lograrán alcanzar su meta al final de este sexenio.

Según el mismo informe, los indicadores relacionados con seguridad social, seguridad alimentaria y educación reportaron el mayor avance promedio al quinto año de gobierno. En tanto que los indicadores asociados a bienestar económico, productividad, competitividad, urbanización y vivienda alcanzaron un desempeño rezagado respecto al valor esperado al cierre de esta administración.

De las metas establecidas para los distintos objetivos de desarrollo, los indicadores alcanzaron en promedio un 60% de cumplimiento. Avanzamos, pero no lo suficiente para alcanzar el máximo potencial del país que profetizaba el PND en sus páginas inaugurales.

Aunado a ello, el avance no se dio en piso parejo. Como menciona el informe del CONEVAL, los indicadores orientados a medir los objetivos del gobierno en seguridad social tuvieron un avance adecuado en su conjunto; no obstante, indicadores como el porcentaje de población en situación de pobreza sin acceso a la seguridad social muy probablemente no alcanzará la meta del 30 por ciento a finalizar del sexenio: de 2012 a 2016 sólo se lograron reducir dos puntos porcentuales, pasando de 38 a 36 por ciento en cuatro años.

Seguridad alimentaria es otro de los objetivos donde se logró avanzar conforme a lo planeado: el porcentaje de población con seguridad alimentaria se encuentra a un paso de alcanzar la meta estimada para 2018 de 60 por ciento de la población con acceso a alimentos seguros, nutritivos, con calidad y en cantidad suficiente para una vida sana. 

De manera contrastante, la estrategia de combate al hambre en el país, objetivo central de la política social que buscaba erradicar el hambre en el transcurso de seis años, reporta resultados desalentadores: la población en pobreza extrema de alimentación, que se encuentra en la intersección del hambre y el abandono social, sumará cerca de cinco millones de personas al finalizar este gobierno.

Por otro lado, el documento de CONEVAL señala que la recuperación del ingreso de la población constituye uno de los principales retos para la consecución de los objetivos de desarrollo. Si bien se identificaron avances en la creación de empleos para jóvenes y la inclusión laboral de personas con discapacidad, el ingreso de los grupos vulnerables no alcanza un nivel que contribuya al abatimiento de la pobreza desde la dimensión del bienestar económico. La tasa de variación real del ingreso promedio de los hogares en pobreza extrema de alimentación, por citar un ejemplo, se encuentra a mitad del camino respecto a la meta esperada al finalizar el sexenio.

Adicionalmente, el informe ofrece un análisis detallado sobre el avance de los objetivos de la planeación nacional vinculados a sectores específicos de población en situación de vulnerabilidad, rezago o exclusión. Se destaca un adecuado avance en el cumplimiento de las metas nacionales sobre el bienestar de la población indígena, adultos mayores y personas con discapacidad, y la persistencia de desafíos a la inclusión de las mujeres, jóvenes y niños al desarrollo.

El progreso de las mujeres en diversos ámbitos de desarrollo fue un aspecto especialmente monitoreado durante esta administración. Al quinto año de gobierno se reportan avances importantes en indicadores relacionados con la salud (reducción en la tasa de mortalidad por cáncer de mama o cérvicouterino), así como la permanencia de obstáculos para su inclusión laboral y remuneración igualitaria.

La perspectiva de protección de niñas, niños y adolescentes se formalizó durante este gobierno a través de la creación de un sistema nacional para su atención y seguimiento. Si bien se redujo de forma importante la carencia por acceso a la alimentación en este grupo de población, se documentó un incremento en los niveles de obesidad y sobrepeso infantil. Estos resultados nos llevan a un punto de suma cero.

El análisis sobre el cumplimiento de los objetivos de planeación nacional del gobierno de EPN podría extenderse otras tantas páginas, desagregarse o agruparse para ahondar en su estudio. Aun así, sería complejo emitir un fallo sobre el éxito o fracaso de la política social con base en los resultados contrastantes que arrojan sus indicadores. No obstante, podemos decir que el país que deja EPN se parece a aquel que recibió en los albores de su investidura. Los retos para la superación de la pobreza, la desigualdad y la inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad persisten y, en muchos casos, han visto aparecer nuevos desafíos al desarrollo.1

A fin de cuentas, el veredicto sobre el desempeño de la administración que concluye se emitió de manera tajante e irrevocable, recientemente, ante las urnas. En el mismo sentido, el reto que tiene frente a sí Andrés Manuel López Obrador es casi tan grande como la urgencia de los más de 30 millones de personas que lo votaron el pasado primero de julio y que reclaman una vida digna y en paz.

A unos meses de iniciar el proceso de definición de las nuevas prioridades nacionales y de construcción del plan nacional de desarrollo 2018-2024, resulta crucial hacer una pausa y considerar el tamaño de este desafío. Si bien la definición de un proyecto de nación no es novedad, existen valiosos aprendizajes que se desprenden del ejercicio de planeación para el desarrollo de la actual administración. Es posible mencionar, en estas breves líneas, algunos de ellos.

Las prioridades nacionales deberán responder a la realidad del país, sin matices ni atenuantes, e ir de la mano con el sentir de la comunidad que la padece. Deberá considerar la complejidad del sistema de actores y mecanismos que se entretejen, refuerzan y, algunas veces, se contraponen en el camino por el desarrollo social inclusivo. 

Se requiere una visión transversal y estratégica del desarrollo, una perspectiva desde todos los sectores: la pobreza emana desde todos los ámbitos y requiere la suma de esfuerzos coordinados. El enfoque sectorizado de combate a la pobreza podría estar ya superado.

Habrá que valorar con detenimiento las estrategias de política social de la actual administración e identificar cuidadosamente no sólo los programas que no alcanzaron sus objetivos, sino aquellos que valdría la pena conservar e incluso fortalecer a fin de garantizar la continuidad de sus resultados.

Finalmente, el énfasis de la política social habrá de definirse a partir de las necesidades prioritarias de los grupos de mayor vulnerabilidad, los de más atrás, los que no sobrevivirían otros seis años en el olvido.

 

Silvia Elena Meza
Economista por El Colegio de México y la Universidad de Sonora.


1 El Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 incorporó por vez primera una sección de indicadores para el seguimiento de cada uno de los objetivos nacionales de desarrollo. Estos indicadores tienen como fin reflejar “… la situación del país en relación con los temas considerados como prioritarios para darles puntual seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento” (http://pnd.gob.mx).

2 Resulta particularmente alarmante la caída experimentada en la cobertura de vacunación en menores de un año, que pasó de 93 por ciento en 2016 a 79 por ciento en 2017, lo cual abre las puertas a un retroceso en el combate a enfermedades infecciosas en niños en este rango de edad.



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