El acelerado declive del gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con la gradual pero inexorable ocupación de la agenda pública por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, están creando un desfase de visiones y velocidades en torno al cambio de la realidad nacional que dificultan la comprensión de la naturaleza y perspectivas de la transición de un gobierno a otro. Esta discontinuidad es semejante a observar un objeto sólido evaporarse sin paso intermedio al estado líquido, sublimarse, si bien las cortesías políticas entre figuras presidenciales disimulan la transformación de lo palpable a lo etéreo.

En lo económico, la administración del presidente Peña está dejando peligrosos vacíos con tal de rescatar la estabilidad que le heredó su antecesor, mientras se envuelve en una visión distorsionada de su legado histórico. AMLO y su “gabinete en la sombra” están ocupando el espacio mediático con propuestas de política económica y social insuficientemente definidas, y en consecuencia poco explicadas, que lo mismo causan entusiasmo que desconcierto o desgaste político. Mientras tanto, los ciudadanos nos dividimos entre la esperanza de un futuro mejor, el temor al regreso de un pasado autoritario y la confusión.

Las dificultades para entender la inédita mutación económica que se avecina son entonces atribuibles tanto al extravío del régimen actual como a los enigmáticos designios del gobierno entrante. Sin embargo, a ello habrá que agregar el equívoco ciudadano de juzgar con información incompleta, lo que lleva a optimismos infundados o extrapolaciones de un pasado irrepetible. Comencemos con el declive definitivo de la presente administración en el manejo de los asuntos públicos.

Ilustración: Víctor Solís

El contraste entre el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto y el de su antecesor, el presidente Felipe Calderón, no puede ser más claro e ilustrativo. En 2012, Calderón, habiendo perdido su partido las elecciones por amplio margen y a escasos tres meses de terminar su periodo de gobierno, hacía uso de su poder para sacar adelante la última reforma económica, la laboral, promulgándola a escasos dos días de la toma de protesta de su sucesor. Hoy, en una circunstancia con ciertas similitudes, Peña Nieto no sólo ha dejado de avanzar en su proyecto reformador, sino que se encuentra defendiendo aquellos cambios económicos que se daban por sentados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Se puede argumentar que la reciente derrota de Peña Nieto y su partido fue demoledora, que, así como en su tiempo la reforma laboral se ciñó a condiciones impuestas por el PRI (el cual dejó fuera de la ley la transparencia sindical) la agenda del actual presidente se está plegando a la del futuro gobierno, y que el entorno externo es mucho más adverso que en la transición pasada, pero esto sólo refuerza la idea de que la administración saliente es cada vez más débil. Esto se observa, por ejemplo, en la negociación del TLCAN, donde en vez de mantener un frente común con Canadá, se han dado negociaciones bilaterales con el gobierno de Trump que al menos dejan la impresión de una estrategia apresurada, si no es que de concesiones excesivas.

La debilidad con la que llega a su fin el actual gobierno se magnifica por su desconexión con el entorno que todavía gobierna. Hoy más que nunca sigue siendo cierta la célebre frase de la revista The Economist sobre el presidente Peña Nieto: no entiende que no entiende. En su último informe de gobierno ha presentado sus reformas económicas como el sólido legado para una economía bien encaminada. Sin embargo, ese legado es en varios aspectos frágil y la economía, más allá de la estabilidad económica, dista mucho de gozar un vigoroso e incluyente crecimiento. Esta visión optimista de su gestión contribuye a que no pueda montar una adecuada defensa de los cambios profundos que efectivamente realizó a la economía y la sociedad mexicana, lo que deja en el gobierno entrante la iniciativa completa de lo que habrá de conservarse y lo que no. Fuera de la reforma educativa, es incierto el esfuerzo, si alguno, que desplegará su partido en el congreso en la preservación de las reformas.

Mientras tanto, López Obrador llena los vacíos de poder gobernando, ya, a golpe de anuncios. La cuarta transformación aún no se instala formalmente como gobierno, pero eso no obsta para que vaya modificando la economía con información que afecta los planes de inversión y las expectativas de beneficios o costos sociales. El piso conocido de estabilidad sobre el que AMLO construye el resto de sus políticas es la preservación de la salud de las finanzas públicas y la libertad de comercio que se mantenga dentro del TLCAN, pero las más de las veces no son los datos proporcionados, sino la falta de detalles sobre los mismos, lo que empieza a tener efectos, particularmente a través del desconcierto causado.

Son de agradecer la anticipación con la que López Obrador ha definido su gabinete, incluso en posiciones de tercer nivel, y el aviso de múltiples medidas que habrá de tomar. En las tres transiciones anteriores, los meses entre la elección y la toma de protesta del nuevo presidente eran verdaderas cajas negras en donde uno podía suponer el empate del engranaje de las administraciones entrante y saliente, pero no la dirección de salida del nuevo gobierno. Ahora, sin descartar sorpresas, ya se sabe mucho de lo que pretende hacerse a partir del primero de diciembre de 2018, lo cual permite un debate público que antes se concentraba en adivinar el nuevo gabinete. Desafortunadamente, lo anunciado no siempre despeja la incertidumbre.

Tómese como ejemplo el anuncio de reducir las remuneraciones de servidores del sector público federal. Hay argumentos para reducir las remuneraciones de los mandos superiores que ganan más de 85 mil pesos al mes. De acuerdo al Banco Mundial, México tiene una burocracia tan funcional como la de las islas caribeñas de St. Kitts y Nevis, pero con un costo de sus mandos superiores semejante al de Noruega, de acuerdo a la OCDE.  Sin embargo, en vez de apoyarse en argumentos tales como que la remuneración bruta promedio de los mandos superiores en México es más de doce veces el PIB per cápita nacional (cuando el promedio de los países de la OCDE es alrededor de seis veces), y explorar la necesidad de que los salarios para los servidores públicos estén ligados formalmente a su desempeño, López Obrador anuncia un recorte salarial sin diagnóstico claro que despierta preocupaciones respecto a una posible fuga de cerebros del gobierno.

Algo semejante ocurre con la reasignación regional del gasto público, la reubicación de dependencias del gobierno federal, la seguridad alimentaria, la construcción de una nueva refinería, el proyecto de un tren turístico en el sureste o la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los ejemplos se multiplican y puede haber argumentos que justifiquen o no tales acciones, pero la explicación proporcionada por lo general dista de aclarar lo necesario para despejar la incertidumbre, lo que facilita la especulación.

En ocasiones, el ejercicio de adivinación que acompaña la interpretación de los anuncios del futuro gobierno lo favorece. Quizás, por ejemplo, el señalamiento de la próxima secretaria del bienestar, María Luisa Albores, respecto a que la futura política social deba ser participativa, incluyente y democrática puede interpretarse como el arribo de un enfoque de derechos de la política social, en el cual es indispensable que las personas se asuman como ciudadanos para que pueden reclamar acciones del estado para atender sus necesidades, debiendo involucrarse en ellas. En otras, la exégesis es francamente condenatoria, como en el caso de los delegados únicos del gobierno federal, que diversos comentaristas han tachado de “procónsules”, “virreyes” o “maximatos”, sin dejarse impresionar por el supuesto ahorro de recursos y la concentración de puntos a vigilar para la rendición de cuentas.

Ante los anuncios que dividen las expectativas, tanto hacia el advenimiento de la cuarta transformación sin mayores problemas, como hacia el regreso a un pasado autoritario, habrá que advertir que ninguna de estas posibilidades es clara. Los ciudadanos nos encontramos no sólo sin un mapa de ruta de la transición sino también sin un traductor adecuado de las señales que podrían estar en ese mapa. Lo que eran signos de éxito para el gobierno pasado no pueden leerse como tales, según el futuro.

Por otra parte, el entorno no es propicio para el cumplimiento de las promesas lopezobradoristas, ni tampoco para el regreso de un poder hegemónico como el que en su momento tuvo el PRI.  La sola polarización social que hizo posible el triunfo de AMLO lo limita para satisfacer las muy dispersas demandas que ya se vierten sobre él y trae consigo un contrapeso de poder económico concentrado que se opondría a su posible autoritarismo, y eso sin mencionar las restricciones presupuestales de hoy y el avance democrático de las últimas décadas.

En suma, la transición actual es cuando menos paradójica, con un derrotado y un vencedor claros, pero con una avalancha de información distorsionada o incompleta ante una ciudadanía ilusionada o temerosa, pero sobre todo perpleja.

 

Rodolfo de la Torre
Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.



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