Durante las últimas semanas, en las que tanto se ha dicho sobre los excesivos sueldos de los funcionarios públicos, he recordado aquella discusión pública sobre la reforma educativa y la eliminación de privilegios que gozaba el magisterio, o una parte de él. Tengo amigos y familiares egresados de las escuelas normales y, aunque cada quien habla como le va en la feria, es verdad que el estigma de ser maestro es muy parecido al de ser servidor público.

Pienso que hay una irritación natural al notar que otros gozan de privilegios, especialmente cuando la desigualdad es tan pronunciada. Entiendo el descontento. Me digo que, en efecto, se puede vivir con menos y es lo justo considerando el país en el que vivimos. Quiero tener esperanza en que el sacrificio de los que ahora tenemos algunos privilegios valdrá la pena y lo veremos reflejado en el sexenio que viene en menor desigualdad, mayores oportunidades para los que menos tienen y mejores servicios públicos. Tal vez con esto último asegurado, no necesitemos pagar una hipoteca tan costosa para gozar de seguridad, ni llevar a nuestros hijos a escuelas y hospitales privados.

En este país, todo aquel que puede paga por mejor educación y mejor salud. Los villanos de hoy, los funcionarios públicos de medio pelo, no somos diferentes. No somos ricos, ni somos, en general, como dicta el imaginario colectivo, abusivos con los recursos públicos. Los funcionarios de hoy trabajamos en el marco de la transparencia y el acceso a la información pública, del servicio profesional de carrera y, en el mejor de los casos, de la autonomía técnica y presupuestal de nuestras instituciones. Esto asegura que el servicio público que desempeñamos esté a la altura de los estándares internacionales.

Somos privilegiados y lo sabemos. Tenemos buenos sueldos que corresponden a nuestro nivel educativo y experiencia. Tenemos prestaciones de ley y la organización colectiva nos permite asegurar contratos ventajosos en materia de seguros privados. En mi caso, incluso, desempeño exactamente el tipo de trabajo que prefiero hacer. Somos privilegiados y lo sabemos. Pero no debería darnos vergüenza tener lo que tenemos. Lo vergonzoso es que como país no podamos asegurar todo ello para todos.

Ilustración: Patricio Betteo

Si bien la propuesta de reducción salarial a los altos funcionarios es simple y popular, y hace mucho sentido a la mayoría de la gente, no parece haber sido analizada con detalle en sus implicaciones. Si no hay marcha atrás, entonces hablemos del detalle.

Según lo que se ha planteado, el ajuste no impactará exclusivamente a los altos funcionarios, sino que muy probablemente afectará también el ingreso del resto del personal de mando y enlace, en tanto que nadie puede ganar más que su superior (salvo casos excepcionales). Actualmente, los sueldos del personal de enlace y de los mandos medios no distan mucho de los sueldos que un profesionista o un técnico gana fuera del sector público, sin embargo, serán penalizados por el simple hecho de ser servidores públicos en el contexto de la cuarta transformación. El ajuste, para ser progresivo, debería aplicarse en menores proporciones conforme se desciende en la estructura de niveles de puestos.

En todo caso, la ventaja del servidor público de enlace o mando medio, respecto a quienes con su talento y experiencia se emplean en la iniciativa privada, está dada por las condiciones de trabajo y, particularmente, por las prestaciones. Las cifras publicadas en algunos medios, aunque referidas a las percepciones netas, integran el monto de las prestaciones. En otros medios se presentan cuadros que implican que el tope de 108 mil pesos está referido a las percepciones antes de impuestos, aunque no queda claro si se trata exclusivamente del monto de la percepción mensual sin considerar prestaciones. En suma, destaco la falta de claridad de la propuesta. La cifra por sí sola causa mucha incertidumbre y lo que sí ha quedado muy claro es que el mensaje que se quiere dar es el de los montos escandalosos. No hay necesidad de distorsionar la imagen así, cuando los tabuladores son información pública. Públicos deberían ser también los detalles de la propuesta. Desde cómo se determina el monto máximo de percepciones hasta a qué se refiere tal. ¿Es el ingreso neto después de impuestos sin considerar prestaciones? De ser así, el reporte que se ha hecho de los salarios de los altos funcionarios no ha sido del todo preciso.

La política de austeridad debería aplicarse exclusivamente en la dimensión salarial y no en las prestaciones. Las prestaciones son motivo de orgullo, no de vergüenza. Que las instituciones del sector público aseguren prestaciones de ley y otras ventajas resultado de los contratos colectivos de trabajo marca la pauta para lo que debería ocurrir en el sector privado. En redes sociales se lee precisamente el argumento opuesto: cuestionan por qué los servidores públicos deben tener derechos que no tienen quienes trabajan en la iniciativa privada. La respuesta es que todos deberíamos tener esos derechos, que quienes los tienen deban renunciar a ellos no parece conducir a una mejor situación en conjunto. Habría que analizar seriamente si las prestaciones con las que contamos implican necesariamente un abuso de los recursos públicos, o si son el resultado de la capacidad de concertar colectivamente acuerdos preferenciales con instituciones privadas.

Evidentemente, los servicios públicos en México no son suficientes para cubrir la demanda con la calidad requerida y las posibilidades de un retiro digno son cada vez más escasas. Éstas son las razones detrás del Seguro de Gastos Médicos Mayores y del Seguro de Separación Individual. El primero no se usa, como algunos creen, para atender la salud en general, sino para atender padecimientos o lesiones graves y partos, por ejemplo. El segundo es un esquema de ahorro que nos permite conjuntamente obtener mayores tasas de interés y contar con un fondo para el retiro. En ambos casos, no sólo se asegura que parte de la población tenga acceso a mejores servicios de salud y seguridad social, sino que se desahoga, al menos un poco, el sistema de servicios públicos.

Otra iniciativa preocupante por miope, de la que poco se ha hablado, es la relacionada con los horarios de trabajo —de nueva cuenta, partiendo de la falacia de que el servidor público es poco eficiente. La productividad en el trabajo no se relaciona directamente con el número de horas y la cantidad de días o en la oficina. Este planteamiento de trabajar mínimo 8 horas (cosa que ya ocurre) e incluir los sábados, va completamente contracorriente respecto a lo que se propone en países con muy alta productividad. Hay vasto material en México y el mundo sobre las ventajas de implementar políticas proclives a conciliar de mejor manera la vida familiar y el trabajo.

Por último, habría que considerar también el impacto sobre la recaudación fiscal. Percibir menos del 60% de lo percibido actualmente va a impactar no sólo el nivel de consumo y la capacidad de ahorro e inversión de un grupo privilegiado, sino que va a disminuir también de manera importante el monto que ese grupo entrega directamente al fisco, más del 30% de lo que en papel se dice que gana. Cada uno de esos altos funcionarios contribuye con 34% de sus ingresos al gasto social. Algo así como 850 mil pesos cada año. Sí. Nosotros también pagamos impuestos. Posiblemente más que nadie.

Nos cuesta, es cierto. Creemos que nuestro nivel de ingresos corresponde a nuestro nivel de preparación, competencia técnica y experiencia. Pero es cierto también que podemos ser solidarios en este proyecto de nación. Muchos estamos listos para ajustarnos y seguir trabajando como hemos venido haciéndolo, porque hasta ahora además del estímulo económico hemos tenido el profesional. Otros quizá tengan mejores alternativas. Lo único que nos queda, al parecer es esperar, a ver cómo viene el ajuste, y que los efectos agregados no comprometan la buena marcha de nuestras instituciones.

 

Olinca Páez
Investigadora especializada en temas económicos y demográficos. Actualmente es subdirectora de Investigación de Información Econométrica en el INEGI. Las opiniones aquí expresadas son personales y no representan la postura institucional.



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