Probablemente, Andrés Manuel López Obrador entiende mejor el funcionamiento de los mercados que lo que los economistas ortodoxos quisieran reconocer. Paradójicamente, la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIM) puede ser testimonio de ello, pese a que el día en que se anunció la cancelación el tipo de cambio peso dólar registró una depreciación de casi 5%, la bolsa se contrajo cerca de 4%, días después la tasa de interés de los bonos a diez años del gobierno mexicano subió más de medio punto porcentual, y las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y HR Ratings rebajaron de estable a negativa la perspectiva económica del país. La clave para dar sentido a este golpe a los mercados financieros, como parte del entendimiento que de ellos tiene el presidente electo, es incluir entre los mercados al mercado político.

Así como hay un encuentro entre empresas y consumidores para vender y comprar bienes y servicios en un mercado económico, hay un intercambio de promesas de acción pública y de apoyo electoral entre posibles gobernantes y los ciudadanos en un mercado político. El mercado económico asigna recursos entre quienes participan en él, el mercado político distribuye poder entre oferentes de políticas públicas y el beneficio de la acción gubernamental entre los votantes. La recurrencia de las transacciones económicas en un entorno estable permite anticipar una trayectoria de los precios y las cantidades de las mercancías intercambiadas. En el mercado político, la necesidad de preservar y expandir la base ciudadana que permite gobernar ayuda a dar sentido a las acciones de gobierno.

Ilustración: Víctor Solís

En el caso del NAIM, López Obrador parece haber actuado en función del mercado político. La sesgada y deficiente "consulta ciudadana", que privilegió la instalación de mesas de votación en bastiones de MORENA y tuvo escasa supervisión para identificar irregularidades, estuvo dirigida a complacer a sus simpatizantes y dar la impresión de acercarlos a una democracia participativa. Su resultado, en términos de rendimientos políticos es claro: el porcentaje de votantes potenciales que tiene una opinión buena o muy buena de AMLO aumentó de 67.5% a 77.9% , según el sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica. Además, de acuerdo con la misma fuente, más de la mitad de los ciudadanos percibieron el ejercicio de consulta como limpio y transparente. López Obrador satisfizo las expectativas de sus bases y ganó adeptos entre quienes nunca habían tenido voz en decisiones de política pública

Este resultado puede ser leído como un “populismo” rampante o una jugada política maestra, pero lo que no está sujeto a interpretaciones es que tiene un costo económico significativo. Aunque las cifras pueden variar, se calcula que en el NAIM ya se habían gastado entre 3000 y 5000 millones de dólares y que el costo total de cancelar la construcción podría alcanzar entre los 120 mil y los 400 mil millones de pesos. A esto habría que agregar las afectaciones a los precios, la actividad económica, la inversión y el presupuesto público que podría derivarse de las señales que se mandan a los mercados, y de las que acusan recibo en el tipo de cambio, la cotización bursátil, las tasas de interés y la calificación de las perspectivas económicas del país. Ante este panorama cabe preguntar: ¿Acaso López Obrador ignora el funcionamiento de los mercados económicos?

Un buen número de comentaristas, que depositan una gran confianza en el análisis económico que supone agentes racionales haciendo el mejor uso de la información disponible, paradójicamente le niegan este rasgo distintivo a Andrés Manuel López Obrador. Al caracterizarlo como necio o ignorante, cierran las puertas para entenderlo haciendo cálculos en el mercado político con información de los costos económicos de sus acciones. Desde otra perspectiva, no es que AMLO desconozca el funcionamiento de los mercados, sino que escoge dar mayor peso a la preservación y expansión de su poder en el mercado político que a los costos que le imponen los otros mercados.

La cancelación del aeropuerto de Texcoco también puede interpretarse como el debilitamiento de intereses económicos que podrían desafiar la autoridad política de AMLO, cuando uno de sus objetivos es mantener el control sobre la forma como quiere incidir en los asuntos públicos. En este último sentido, hay distintos ejemplos en donde el criterio político se impone sobre otras consideraciones. El que el equipo de transición del nuevo gobierno esté levantando un oneroso Censo del Bienestar para registrar a los beneficiarios de los futuros programas sociales es un caso destacado. El Censo del Bienestar es redundante en la medida en que la SEDESOL, el CONEVAL y el INEGI cuentan con amplia información sobre la población que ve incumplidos sus derechos sociales y existe un Sistema de Información Social Integral, que puede monitorear la política pública que atiende el cumplimiento de tales derechos. Sin embargo, usar información propia fortalece el vínculo directo entre el proveedor de política pública, en este caso transferencias de dinero, y su clientela. Cuando el objetivo primordial es proteger el mercado político, lo de menos es la transparencia, la eficiencia y el ahorro de recursos.

Por otra parte, el entendimiento de los mercados económicos por parte de López Obrador se muestra en que hay decisiones que no está dispuesto a tomar por su alto costo en relación con el beneficio político que podrían aportar.  Así, cuando el senador Ricardo Monreal planteó una iniciativa de ley para desaparecer las comisiones bancarias, y la bolsa de valores tuvo una caída de casi 6% en un solo día, no sólo el futuro secretario de hacienda sino el propio AMLO salieron a anunciar que no habría cambios a la regulación en la materia.  Adicionalmente, esta disposición a no causar un problema mayúsculo a los mercados se manifiesta en su reiterada promesa de mantener las finanzas públicas sanas. Cuando habló de que el país se encontraba en “bancarrota”, más allá del sentido figurado de su expresión, estaba moderando las expectativas de sus apoyadores para justificar el balance financiero del sector público al que se ha comprometido.

Por supuesto que puede haber otras razones por las cuales López Obrador evita incurrir en afectaciones a los mercados más allá de cierto límite: aliados políticos, como ciertos banqueros o magnates, pueden salir afectados; los efectos acumulativos de distintas medidas que está dispuesto a tomar deben ser espaciados en el tiempo; asimismo, los grupos que alimentan su base de apoyo pueden salir severamente lastimados, por ejemplo. Esto no obsta para que aplique un principio básico: el costo de afectar los mercados sólo se justifica si hay un mayor beneficio, incluyendo el político. Evidentemente, en esta regla tan sencilla la clave está en cuánto valora López Obrador lo político sobre lo económico.

El que AMLO entienda que sus acciones para preservar su mercado político tienen un costo económico no quiere decir que no se pueda equivocar. Tampoco que su disposición a poner en riesgo la economía por alcanzar otras metas sea invariable. Más importante es que el conocimiento que tiene de los mercados no significa que los vaya a impulsar, pues en ellos, puede imaginar, podrían cobrar fuerza los desafíos a su poder. Finalmente, para quienes lo apoyan no es necesariamente una buena noticia que López Obrador pueda mantener en el corto plazo una base política sólida incurriendo en elevados costos económicos. Los mercados no son meros instrumentos de los poderosos, son, también, los medios para que los individuos prosperen en un clima de libertad.  Esto es lo que a la larga podría perderse.

 

Rodolfo de la Torre
Coordinador de investigación sobre desarrollo social en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.



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