Por primera vez desde el gobierno de Lázaro Cárdenas miembros del equipo de un equipo entrante de gobierno se han manifestado a favor de un cambio en la política de drogas. Hemos escuchado, por ejemplo, diversas declaraciones de la nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en torno a la necesidad de regular la producción de amapola y de replantear el enfoque punitivo de los tratados prohibicionistas en las Naciones Unidas.  El pasado 31 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo recreativo de marihuana, subrayando el derecho al libre desarrollo de la personalidad que faculta a las personas mayores de edad a ejercer su autonomía para decidir si usan o no cannabis y recurrir a los canales institucionales para hacer efectivo ese derecho. Ocho días después, el 8 de noviembre la misma senadora Sánchez Cordero presentó la iniciativa de ley para regular el uso lúdico de marihuana.

Se respiran, pues, vientos de cambio, y es ya reparador que la palabra regulación aparezca con mayor frecuencia que la frase “combate al narcotráfico”. Sin embargo, es necesario legislar para que el fallo de la SCJN y la buena voluntad de la secretaria se traduzcan en un cambio de la cotidianidad que enfrentamos las personas que usamos drogas en México, en particular, de aquellas en mayores condiciones de vulnerabilidad.

¿Pero qué significa regular?, ¿qué impacto tendría en la vida de las personas que usamos drogas el cambio de una política de drogas punitiva a una basada en la regulación?

Regular significa que el Estado establece reglas claras sobre la producción, venta, compra y uso de las sustancias que entran en el marco de la regulación, decretando cómo y dónde se realizan cada una de estas actividades.

Ilustración: Víctor Solís

El temor difundido y administrado por quienes defienden el régimen prohibicionista es que al regular las drogas nuestros niños y jóvenes van a exponerse a ellas sin restricción alguna. La mala noticia es que nuestros niños y jóvenes ya están expuestos a las drogas sin restricción alguna, en los parques, en sus escuelas, dentro de sus grupos de amigos. Por ejemplo, la edad promedio del uso de la primera droga se ha venido acelerando, pasando de 18.8 años en 2011 a 17.8 en 2017 y el régimen de prohibición no ha brindado alternativas eficaces al respecto.

Nuestros jóvenes se inician en el uso de drogas sin tener información adecuada sobre los efectos de las sustancias que van a usar, las consecuencias del consumo y, peor aún, sin tener certeza de que la sustancia que quieren probar es efectivamente la que van a usar, dada las cantidades cada vez más altas de sustancias adulteradas, lo que pone en riesgo sus vidas.

En los países que han regulado el uso de cannabis se ha documentado la disminución del número de nuevos usuarios y la postergación de las edades de inicio.1 Ello porque, a diferencia de lo que sucede actualmente en México, bajo en régimen de regulación no cualquiera puede acceder a las sustancias. Adicionalmente, al quitar el tabú nos obligamos a hablar abiertamente con nuestros niños y jóvenes sobre el tema de las drogas; por ejemplo, discutir por qué queremos usarlas y cómo disminuir riesgos y daños asociados a ellas. Evidentemente, la regulación de la marihuana no evitará que menores eventualmente puedan acceder a ella: lo mismo sucede con el alcohol y el tabaco; sin embargo, habrá mucha más información disponible, lo cual es ya una ganancia. Al igual que con la sexualidad, la mejor manera de proteger a nuestros jóvenes de consecuencias no deseadas del uso de drogas, así como de embarazos y de adquirir VIH e ITS, es brindar información, pertinente, fehaciente y relevante sobre el tema. Las oportunidades y los riesgos vienen juntos y es el momento de enfrentar los riesgos.

Un segundo comentario que salta siempre en la discusión es que “México no está preparado para regular, pues no somos Holanda” y frente a ello la pregunta es: ¿Cuántas más muertes evitables estamos dispuestos a tolerar mientras nos “preparamos” para la regulación? Mueren jóvenes a causa de sustancias adulteradas, a causa de tratamientos para el uso problemático que violan los derechos humanos, a causa de la violencia letal desencadenada por las luchas fratricidas por territorios y mercados. ¿Cuántas vidas más estamos dispuestos a sacrificar mientras?

Además de la muerte física, los jóvenes en situación de pobreza enfrentan en México la muerte simbólica de la criminalización, pues, como es por todos sabido, tener un antecedente criminal constituye una marca que mina el ya de por sí escaso capital social de los jóvenes más vulnerabilizados y va tejiendo una suerte de profecía autocumplida donde drogas y delincuencia se refuerzan mutuamente en una red de la que es difícil escapar. Según el Censo Nacional de procuración de justicia estatal, de los presuntos de narcomenudeo, el 82.9% de los casos en los que estaban presuntamente inculpados adolescentes correspondieron a posesión simple y el 62.4% en el caso de adultos. Los datos muestran de manera contundente que, bajo la ley de narcomenudeo lejos de perseguir a quienes venden drogas, se están criminalizando a las personas que usan drogas y en especial a los usuarios más pobres que no tienen cómo pagar sobornos o buenos abogados. 

Regular supone entonces descriminalizar y acabar con el estigma y la discriminación hacia las personas que usan drogas. Con ello garantizamos el derecho de las personas que usan drogas a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia y la vida misma. Con la regulación, la característica de uso/no-uso de drogas deja de ser una razón condicionante para el goce de nuestros derechos fundamentales y pasa a ser una particularidad más que no nos define ni marca nuestros destinos.

Aún más, regular las drogas abre una ventana de oportunidad para hablar sobre el tema de los tratamientos para el uso problemático, que contemple el universo diverso de usuarios y la interseccionalidad entre las características de género, las trayectorias de uso de drogas y la intensidad y severidad del uso problemático. Necesitamos abrir el debate en torno a los tratamientos disponibles en México: cómo operan, cuánto cuestan, cómo se evalúan y cuál es su efectividad. La calidad de los tratamientos para el uso problemático de drogas debe ser universal y es deber del Estado velar porque este problema no se traduzca en un factor adicional de empobrecimiento de los hogares. En el marco de la regulación, el acceso a tratamientos de calidad, respetuosos de los derechos humanos, voluntarios, con perspectiva de género, basados en evidencia y supervisados por el Estado tiene la posibilidad de convertirse en eje fundamental de la política de salud. Dado que el uso problemático de drogas no es generalizado en México, una política de drogas enfocada en la regulación brindaría además los recursos necesarios para diseñar modelos integrales de tratamiento subvencionados por el Estado.

Finalmente, pero no menos importante, regular supone que el Estado asuma la responsabilidad de poner a disposición estrategias de reducción de daños de amplio espectro con miras, como su nombre lo dice, a mitigar los riesgos y daños asociados al uso de drogas. Ello incluye programas de análisis de sustancias en antros y festivales, para que los usuarios, pero también el Estado, puedan conocer a cabalidad la composición de las drogas disponibles en el mercado y monitorear la aparición de nuevas sustancias y/o nuevos adulterantes. Incluye, además, espacios de consumo supervisado para aquellas personas que no cuentan con espacios privados para el uso de drogas y se ven obligados a usar en la calle, lo que disminuye los impactos negativos del consumo en los espacios de convivencia colectiva. Y por supuesto contiene programas de intercambio de jeringas y material seguro de inyección, fumado e inhalado de sustancias, con lo que se reducen las epidemias de VIH y Hepatitis C que han crecido de manera importante en los últimos 19 años en México.

Es indudable que asistimos a tiempos de importantes transformaciones sociales. Por primera vez en décadas el tema de la regulación se ha puesto de moda en los medios, en la plática cotidiana y hasta en las telenovelas, pero necesitamos trascender el debate, vencer los prejuicios y aprovechar el momentum para pasar a la legislación y para ello se requiere la reformulación de la política de drogas centrada en los derechos de las personas y no en la prohibición de las sustancias. Apelando a los principios de reparación y no-repetición la formulación de una política de drogas para México tiene que plantearse necesariamente desde un diálogo amplio que incluya entre otros actores, a los usuarios mismos, vistos como ciudadanos, no como enfermos ni criminales, para que desde nuestras experiencias se fortalezca esa ciudadanía, se reivindique nuestro derecho al placer y podamos decir de una vez y para siempre: nada sin nosotros.

 

Angélica Ospina Escobar
Doctora en Estudios de Población. Investigadora posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).


1 Véase por ejemplo, Ammerman, Ryan y Adelmman (2015). The Impact of Marijuana Policies on Youth: Clinical, Research, and Legal Update. PEDIATRICS, 135 (3); Cervený, J., van Ours, J. C., Chomynova, P., & Mravcik, V. (2015) Cannabis Decriminalization and the Age of Onset of Cannabis Use. (CentER Discussion Paper; Vol. 2015-007). Tilburg: CentER, Center for Economic Research.



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