Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene ante sí la oportunidad de reconfigurar la siempre tensa relación entre globalización y democracia, entre Estado, mercados y sociedad.

Quizá el mejor ejemplo reciente en México de las tensiones entre fuerzas políticas y económicas sean la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto y, en general, la forma de tomar decisiones (mediante consultas improvisadas) como elementos internos que impactaron en el tipo de cambio, mostró la preocupación de las calificadoras y constituyó un factor de riesgo e incertidumbre.

Vale la pena dar un paso atrás para identificar las tensiones en la relación Estado-mercados-sociedad que se han presentado desde el surgimiento del capitalismo. La expansión de los mercados ha transformado no sólo las relaciones económicas, sino también las sociales y las políticas.

Para los individuos, el capitalismo significó el fin de una era en la que su posición y sustento estaban definidos principalmente por su pertenencia a un determinado grupo o comunidad, y la transición a un sistema donde la identidad y sustento dependían de su posición en el mercado. Con la transición al capitalismo, el interés personal dominó sobre el colectivo, mientras que relaciones cambiantes y temporales determinaron el tipo de vínculos entre los ciudadanos.

Suele pasar inadvertido en nuestro tiempo, pero el capitalismo fue un momento verdaderamente revolucionario. De él han surgido críticos, adeptos y diferentes intentos por interpretar la realidad.

Ilustración: Víctor Solís

Una primera corriente es el liberalismo: el supuesto de que el mercado puede generar el mayor bienestar para el mayor número y la convicción de que el gobierno debe interferir lo menos posible. En la corriente liberal, desde J.S. Mill hasta Friedrich Hayek pasando por Alexis de Tocqueville, existieron temores de las “amenazas igualitarias” de la sociedad de masas y políticas democráticas que, según ellos, llevarían invariablemente a la tiranía de “legislación de clase” por una mayoría poco preparada.

Los primeros retos del capitalismo –especialmente inequidades, dislocación social y atomización– llevó a la búsqueda de alternativas. La más poderosa fue el marxismo, con su versión determinista de la historia, que planteó una revisión basada en el materialismo histórico y la lucha de clases: son las condiciones materiales las que resultan en cambios en las relaciones sociales. Con el tiempo el marxismo ortodoxo perdió vigor, en parte porque no pudo dotar a su doctrina de elementos prácticos, y en parte porque algunos Estados capitalistas lograron algunas reformas exitosas después de un largo periodo de recesión que se dio tras la caída del patrón oro. Sin embargo, a pesar del florecimiento del capitalismo, persistían notorias injusticias económicas y fragmentación social.

Algunos movimientos en el periodo de entreguerras del siglo xx en Europa plantearon el renacimiento de comunidades y narrativas nacionales como solución a la ruptura del tejido social —falta de sentimiento de solidaridad, pertenencia y de propósito colectivo. Es en este contexto que el trabajo de Eduard Bernstein y su crítica al marxismo ortodoxo dio fruto a un nuevo enfoque en la primacía de la política y la cooperación entre clases (comunitarismo). La propuesta era una “tercera vía” entre el laissez-faire del liberalismo y el comunismo soviético, basado en la premisa de que las fuerzas políticas deben triunfar sobre las económicas. Además, la reforma del sistema sería por la vía democrática.

Después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente las tensiones entre Estado-mercados-sociedad se pusieron de manifiesto. El consenso, primero en Europa, fue que el Estado tenía el derecho —y la obligación— de intervenir en la economía y en la sociedad para proteger el interés “común” o “público”. El resultado, al menos en algunos países de Europa, fue la reconciliación de elementos por mucho tiempo vistos como incompatibles: un buen funcionamiento del sistema capitalista, democracia y estabilidad social.

México ha tenido procesos históricos únicos que marcan una dinámica diferente con la tríada gobierno, sistema económico y sociedad. Vivió la experiencia singular de la primera revolución social del siglo xx en América Latina, seguida de una larga lucha armada.

López Obrador ha manifestado abiertamente su admiración por el cardenismo. Sea que quiera o no emular el nacional-estatismo de Lázaro Cárdenas, lo cierto es que este periodo (1934-1940) transformó la relación de fuerzas: concretó reformas sociales, se hizo responsable de la independencia económica de México y dio forma definitiva al Estado unipartito capaz de perpetuarse en el poder.

El desarrollo estabilizador del periodo 1941-1970 es resaltado hoy por algunos analistas para mostrar el fracaso del “neoliberalismo” y la necesidad de volver a una posición más activa del Estado sobre los mercados. Pero poco se hace por explicar el fracaso de dos sexenios intermedios hasta 1982, más allá de un agotamiento general de la política económica existente y la drástica caída de los precios internacionales del petróleo.

Luego se vino una etapa de modernización del país a partir del sexenio de Salinas. El neoliberalismo en este país, y en otros de América Latina, se obsesionó desde entonces con el funcionamiento de los mercados, el libre movimiento de capital y lo transmitió como la vía de desarrollo. La sumisión ante el poder económico era a la vez lícito y prudente, pues los mercados castigaban la indisciplina y una política económica poco ortodoxa. Fugas de capital, devaluaciones, alzas inflacionarias, escasez de bienes y servicios, desempleo y crisis llenaban de perplejidad los años anteriores, y los gobiernos pensaban que sólo una sumisión cada vez mayor a los mercados apartaría estas calamidades.

Todos los estudiantes de economía están familiarizados con el triángulo de la imposibilidad de Robert Mundell (1962), que afirma que es imposible tener al mismo tiempo una política monetaria autónoma, libre flujo de capital y un tipo de cambio fijo: dos y sólo dos de estos objetivos se podrían cumplir. Esta trinidad imposible llegó a dominar los debates políticos en Europa en el período previo a la unión monetaria en la década de 1990.

La narrativa que se desprendió del rescate de ideas y conceptos de economistas clásicos se centró en la eficiencia de los mercados, los bajos riesgos de la innovación financiera, la viabilidad de la autorregulación y la intervención gubernamental como poco efectiva y dañina. Tal narrativa no permitió predecir crisis como la asiática de 1997 o la financiera global de 2008.

Aunque no desarrolla un modelo formal, Dani Rodrik (2011) —a quien muchos señalan como el gurú económico del equipo de AMLO— ofrece su propia versión del triángulo de imposibilidad. El «trilema de la gobernanza global», como él la llama, es que no podemos tener al mismo tiempo una integración económica profunda ("hiperglobalización"), soberanía nacional y políticas democráticas. Tenemos que sacrificar uno de los lados del triángulo. Esta interpretación supone que la relación entre globalización y soberanía es una de sustitución: cuanto mayor la exposición internacional de las economías nacionales, menor es la capacidad de esas sociedades para gobernarse democráticamente y de manera autónoma.

En todo caso, mercados y gobiernos son complementos, no sustitutos. Los mercados funcionan mejor no donde los estados son débiles, sino donde son fuertes. Más aún, como nos recuerda el propio Rodrik, el capitalismo no es un modelo unitario: la prosperidad económica y la estabilidad se pueden alcanzar a través de diferentes combinaciones de arreglos institucionales en los mercados laborales y financiero, política industrial, bienestar social y otras áreas. Los gobiernos tienen la posibilidad de escoger el arreglo que mejor se adapte a sus necesidades y valores.

Hoy el nuevo gobierno tiene un mandato para encontrar un nuevo modelo de desarrollo y para que la integración creciente al orden económico internacional no sustituya la soberanía nacional y la capacidad interna de responder a los intereses democráticos. Un modelo que logre conjuntar las fuerzas políticas y económicas para favorecer elementos como la sociedad abierta y el desarrollo inclusivo.

Por eso el modelo político es crucial. El nuevo gobierno puede optar por la desmesurada concentración del poder en el ejecutivo y la construcción de relaciones clientelares, o bien por mecanismos democráticos que fortalezcan el tejido social y permitan la creación de vínculos entre el Estado, los mercados y todos los integrantes de la sociedad.

Es preciso evitar la desviación del modelo hacia uno de corte autoritario. El gobierno debe ser predecible para generar confianza. Al nuevo poder ejecutivo le tenemos que exigir previsibilidad, eficiencia y transparencia. Que sea previsible en su proceso de toma de decisiones, con unas reglas de juego permanentes y que se reforman mediante el diálogo. Confianza para evitar que la inversión sea depredadora, para que sea de largo plazo y consistente con la vocación de desarrollo socioeconómico sostenible.Por otro lado, es verdad que la lógica primaria de los mercados y de la iniciativa privada es crear capital. Pero un Estado moderno, que ya superó la narrativa de las recetas económicas inamovibles, debe entender el mundo de posibilidades que ofrece el triángulo Estado-mercados-sociedad y lograr una “coexistencia virtuosa” –o triángulo de posibilidad–, para construir una dimensión social rumbo al desarrollo. Entonces, la nueva narrativa establece que el gobierno tiene el derecho a proteger su arreglo social (“el derecho a no fallar”) y, cuando este derecho entra en conflicto con el modelo económico establecido, el poder político debe imponerse.

Si AMLO es hábil políticamente, como ha demostrado serlo, y si su compromiso con la población marginada es genuino, como él lo ha asegurado, deberá tener una relación estratégica con los empresarios y con los mercados de capital. No es el poder absoluto de ninguno de ambos, sino la enorme mancha gris de posibilidades de elección para crear condiciones de crecimiento inclusivo y sostenible.

La llamada “cuarta transformación” bien puede tratarse de un nuevo equilibrio en la relación Estado-mercados-sociedad. En este nuevo equilibrio es válido que las fuerzas políticas estén por encima de las económicas, siempre que se favorezca una renovada narrativa de comunidad, donde mercados, empresarios y sociedad en general son partes integrales de la misma, y donde el estado tiene la facultad de dirigirlas en nombre del interés público.

Estado, entonces, ¿para qué? Un Estado que pueda hacer frente a los desafíos de la globalización, del cambio tecnológico. El Estado que en su relación con el poder económico sea capaz de crear capital físico y humano. El primero relativo a la infraestructura: de comunicaciones, de telecomunicaciones, de energía, y toda aquella infraestructura material que facilite el desarrollo. El segundo en torno a tres pilares: educación, salud y protección social.

Domar al capitalismo, ¿para qué entonces? Primero, para evitar que colapse. Después, no para reemplazar una oligarquía con otra ni para el conflicto entre fuerzas ni para la autarquía o el estatismo, sino para la legitimación social de la política, brindando una razonable igualdad de oportunidades, haciendo una buena administración de los recursos y atendiendo los derechos básicos de los ciudadanos.

 

Ramón Peña-Franco
Maestro en Administración Pública, Finanzas Internacionales y Política Económica por la Universidad de Columbia, Nueva York.