La Secretaría de Bienestar en su comunicado del 18 de febrero de 2019 sostiene que las reformas que se implementaron sobre las estancias infantiles buscan compaginar el cumplimiento de los estándares de honestidad y de transparencia de la nueva administración con una mejora en la vida de los niños y niñas del país, una población que es prioridad para el gobierno de México. Este artículo cuestiona esa aseveración al traer al debate tanto narrativas de encargadas, padres beneficiarios y niños de estancias infantiles de Oaxaca como ciertas teorías políticas de género y de gentrificación. Basta aclarar que hacemos una evaluación de cómo se generaron los discursos y las decisiones de la nueva administración federal sobre estancias infantiles y que se escribe con la esperanza de que la situación cambie. Así, este texto se debe leer como un llamado a mejorar el sistema de estancias infantiles y como una advertencia que las opciones actuales no contemplan. La receta es simple: más trabajo en conjunto y diálogos más complejos. No es un debate partidista, es un debate sobre la mejor atención de la infancia mexicana.

Se sostiene que las reformas al sistema de estancias infantiles sistemáticamente eliminan las posibilidades de supervivencia de ciertas estancias infantiles en zonas marginadas del país que viven bajo las extenuantes demandas administrativas planteadas desde el centro del país, lo que tiene como resultado que sólo una élite de estancias sobreviva y que se fortifique el esquema de guarderías privadas y de seguridad social. En consecuencia, no sólo la población vulnerable del país empeora su calidad de vida, sino que el gobierno fortifica esquemas centralizados que no cuestionan los problemas administrativos que crearon los problemas de deshonestidad y de falta de transparencia.

Ilustración: Estelí Meza

El análisis se divide en tres secciones. En la primera se replantea la discusión para incorporar una narrativa interseccional que incluya el género. Después se propone el concepto de gentrificación para explicar cómo funcionan las políticas públicas actuales en esta materia. Por último, se reflexiona sobre las consecuencias inmediatas de la gentrificación en el desarrollo educativo de niños que se encuentran en un contexto de marginación.

¿Qué son las estancias infantiles? Un proyecto de género

Uno de los silencios del debate actual sobre los cambios a la normatividad de las estancias infantiles es el reconocimiento de la historia del proyecto, su relación con políticas de género y su interseccionalidad con temas de pobreza, de educación y de trabajo. Las estancias infantiles se crearon en 2007 con el propósito de ayudar a las madres y los padres solos que no contaban con el servicio de guarderías del ISSSTE, del IMSS o de los Centros Asistenciales del DIF (CADI o CAIC). De manera concreta, las Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2008, establecen: “el servicio de Estancias Infantiles es un instrumento para dar respuesta oportuna y efectiva a la población femenina trabajadora, estudiante o que busca emplearse, y que demanda opciones para el cuidado de sus hijos, así como a otros hogares que presentan la misma vulnerabilidad laboral, tal como aquellos hogares con un hombre jefe de familia solo, quien es responsable del cuidado de sus hijos”.

Poner y mantener una estancia no es sencillo, ni barato. A diferencia del discurso gubernamental actual que posiciona a las estancias como inseguras, irregulares y corruptas, el proceso intersectorial de doble certificación y el régimen de monitoreo y de evaluación constante multinivel al que se somete cada estancia sugiere que el problema no está en la ardua labor de los trabajadores y de los beneficiarios de las estancias, sino en el aparato de la administración pública. Los siguientes párrafos revelan los detalles de esa historia.

Para abrir una estancia primero se deben sacar los permisos (como el de uso de suelo) con los municipios que exigen pagos año con año y que son requisito para poder firmar el convenio con la secretaría federal (en años anteriores con Sedesol). Una primera certificación la dan los municipios por medio de protección civil, esta instancia verifica que la infraestructura del inmueble de la estancia esté en condiciones óptimas. De manera complementaria, una segunda evaluación la hacía Sedesol por medio de supervisores. Esos supervisores evaluaban con un semáforo de colores. Los colores del semáforo dependían del cumplimiento de todos los requisitos administrativos, que van desde la comprobación de la preparación del personal, la limpieza del lugar, los detectores de humo, los señalamientos de rutas de evacuación y la práctica de simulacros hasta las bitácoras con fotografía de cada estudiante con un registro diario de entrada que firma el responsable autorizado (si no había firma, no se pagaba ese día). Cualquier falla que se consideraba que ponía a los niños en peligro implicaba una llamada de atención y se daban entre 15 y 20 días para mejorarse a costo del encargado de la estancia; si no se cumplía, se daba una segunda llamada de atención. Si las anomalías se mantenían, se suspendían los beneficios (con posibilidad de apelación). Sorprende que este semáforo se movilice por el gobierno para decir que las estancias son inseguras, sin tomar en cuenta las consecuencias de la evaluación.

Ante tantas promesas, requisitos y verificaciones, se esperaría que el trabajo en las estancias fuera digno y bien remunerado. Esto no es así. El intenso trabajo de calidad que otorgan las estancias está infravalorado y es muestra de una vocación y amor solidario de las trabajadoras. Inicialmente, el gobierno otorgó un subsidio de 700 pesos mexicanos que sólo incluía una colación y una comida caliente; posteriormente, en 2013 aumentó a $850 y en 2014 a 900 pesos; finalmente, en 2018 llegaron a los 950 pesos mensuales con derecho a un almuerzo, una colación y una comida. Las prestaciones aumentaron, pero también las responsabilidades. Los ingresos de las estancias se complementan con una cuota de corresponsabilidad mensual que tienen que pagar los padres de familia. En el caso de la estancia Angellus de Trinidad de Viguera, en Oaxaca, por ejemplo, esta cuota es de 550 pesos, con lo que se obtiene en total 1500 pesos entre las contribuciones gubernamentales y las de los padres.

A manera de comparación, una guardería del IMSS recibe aproximadamente 3000 pesos por niño, ese dinero lo obtienen de manera íntegra de los impuestos de los trabajadores con seguro social. Más aún, la cantidad de dinero que se recibe por niño es independiente del mantenimiento y de la renta del lugar, pues eso lo paga aparte el IMSS. A nivel de las trabajadoras, el personal de las estancias no está asegurado, pues los 1500 pesos por niño (alrededor de 50 pesos diarios) no alcanzan para dar tres comidas a los niños, para pagar luz, teléfono, agua, sueldos del personal (que según las reglas de operación que rigen este programa deberá ser una maestra por cada ocho niños), para darle mantenimiento al inmueble y para renovar los juegos y material didáctico. La diferencia abismal que justo atiende a la población más vulnerable del país. Las estancias infantiles atienden a toda la población que no está asegurada, a las mujeres que tienen trabajos de tortilleras, empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, vendedoras de comida, vendedoras de catálogo de ropa de zapatos, etcétera.

Gentrificación en la seguridad social de las y los mexicanos

Gentrificación es un concepto de los estudios urbanos que caracteriza a las ciudades actuales en un contexto neoliberal. De manera simplificada, consiste en el desplazamiento sistemático de la población (usualmente en condiciones de vulnerabilidad y de debilidad) de cierto lugar como resultado de supuestas políticas de revitalización de los espacios públicos y de las viviendas. Este resultado paradójico surge porque estas políticas (neoliberales) aparentemente progresistas tienen como resultado, entre otras cosas, el aumento del costo de vida, de los servicios públicos y de las rentas que vuelve imposible la vida para las personas que habitaban esos espacios en primer lugar. Esta sección muestra cómo este concepto es útil para analizar las políticas de las estancias infantiles de la administración actual. Sorprende que un gobierno que se eligió bajo los estandartes de apoyo a las poblaciones vulnerables aplique políticas públicas que busquen desplazar a las personas sin seguridad social a posiciones aún más precarias.

Se describirán cuatro formas en las que la administración federal debilita el sistema de las estancias infantiles, mientras sostiene que quieren mantener y mejorar el sistema. 1) Se crean discursos de que las estancias son inseguras, corruptas y tramposas para perder la confianza de los usuarios. 2) Concentran la culpa en los trabajadores de las estancias para liberar de la responsabilidad a las autoridades encargadas de supervisar las estancias, con lo que crean incentivos políticos para mantener la infamia. 3) Inflan los indicadores de transferencias directas a los hogares de las personas que necesitan de este servicio y que usualmente son las personas más vulnerables, en un movimiento político sobre la reducción de la pobreza en sentido estadístico sin consideraciones de bienestar. 4) Ligan un tema de educación pública con uno de familia (con discursos como que los familiares son los que mejor pueden cuidar a las infancias) para apelar a los sentimientos de culpa, más que a una preocupación por el desarrollo integral del niño.

Hacia el fortalecimiento de las y los mexicanos: ¡Alto a la gentrificación elitista!

En el 2019, no se afiliaron a los padres de familia. Durante enero y febrero, los padres que querían mantener el servicio de estancias tuvieron que pagar la cuota completa sin subsidio del gobierno (1500 pesos en lugar de 550 pesos). Al tener que asumir completo el pago, algunos padres de familia ya no pudieron pagar el servicio y se llevaron a sus hijos a su trabajo, algunas madres a vender a las calles, otros padres tejen cobijas artesanales y los deben tener al lado sin la suficiente supervisión.

El impacto en la preocupación de los padres es sustantivo. La estancia les daba seguridad y tranquilidad, al tiempo que podían ver el avance en el desarrollo de los niños: desde la constatación que al año dejaran el pañal hasta la verificación que a los cuatro años ya eran capaces de reconocer los colores, del conteo numérico, de la ubicación espacial y de un lenguaje claro y fluido. Más aún, por los mismos 550 pesos, los alumnos ya tenían una alimentación balanceada.

Hoy la preocupación de los padres es saber quién cuidará de sus hijos sin ponerlos en riesgo, basta recordar que los abusos en niños pequeños se dan con mayor frecuencia por familiares cercanos a ellos. Además, en la estancia, los niños cuentan con dos seguros de vida, uno que daba Sedesol y otro que la encargada de la estancia paga por cualquier situación que llegara a pasar.

A lo anterior hay que agregar consideraciones de movilidad y de capacidad. Las guarderías del IMSS, del ISSSTE y del DIF son pocas y en su mayoría se encuentran en las ciudades, alejadas de los espacios donde usualmente viven las personas beneficiadas. Además, las guarderías atienden a niños con discapacidad desde que tienen un año hasta un día antes de que cumplan los seis. Cada niño tiene su propia maestra y se busca que se fortalezca su seguridad, que logren interactuar con los demás niños y que aprenda a valerse por sí mismo.

Ante las quejas, la solución que ahora propone el gobierno implica que el subsidio que era de 950 pesos bajará 150 pesos y quedará en 800 pesos mensuales. Ese dinero lo recibirán directamente los padres de familia y ellos decidirán si quieren traer a sus hijos a la estancia o se quedan con sus $800 pesos. Esto crea otros dos mecanismos de gentrificación. Por un lado, el costo de mantener una estancia aumenta (ya sea para el encargado de la estancia si puede asumir el costo o para los familiares si se les pide pagar la cuota completa). Por otro lado, crea incentivos para creer sin cuestionar las narrativas de desacreditación del sistema de estancias infantiles. El resultado de la gentrificación es la imposibilidad de una evaluación real de qué son, cómo funcionan, cuáles son los beneficios y qué se puede hacer para mejorar la institución de las estancias infantiles.

Las madres y los padres solos, viudos o jóvenes perdieron la seguridad de tener a sus hijos en una estancia donde estaban bien atendidos, donde comían y donde se les educaba, todo bajo altos estándares de calidad. El sistema de las estancias infantiles se debe reforzar para cumplir cabalmente con sus objetivos, no debilitarse. La infancia, no importa los recursos de sus padres o si están afiliados al IMSS o al ISSSTE, debería tener derecho a una educación y a una estimulación intelectual y social en los primeros años de su vida. Las niñas y los niños mexicanos deben ser primero. El análisis sugiere que en los primeros dos meses de esta administración las prioridades están en otro lugar.

 

Carolina Ávila Merlín
Encargada de la Estancia Infantil Angellus en Trinidad de Viguera, Oaxaca.

Julio César Díaz Calderón
Investigador en el Centro de Estudios Alonso Lujambio (CEAL) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).