Hay una importante diferencia entre lo que se proponen hacer las políticas públicas en la presente administración respecto a la manera en la que se justifican, las acciones que avanzarían en mayor medida sus objetivos y en lo que terminan materializándose. Esta distancia es distinta en los diferentes ámbitos de lo económico y lo social. En el mejor de los casos, esta discrepancia conduce a medidas de alcance limitado y a un importante riesgo de fracaso. En el peor, dan resultados francamente contraproducentes.

En materia socioeconómica, desde un punto de vista distributivo, el gobierno actual pretende reducir la agobiante desigualdad que ha venido sufriendo el país por generaciones.  Baste recordar lo que apuntaba el Informe sobre Desarrollo Humano México 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “…hoy se estima que las diferencias de ingreso entre las personas son al menos tan grandes como lo eran en la Nueva España…” situación que no es inevitable, pues “…la distribución del ingreso en Suecia era 38% más desigual que la nacional al comienzo de la Revolución Mexicana. No obstante, esta situación se revirtió a finales del siglo XX…”

Ilustración: Víctor Solís

Las políticas contra la desigualdad de la presente administración comienzan presentándose como el combate a la concentración del poder económico en muy pocas manos y en compensar las desventajas de las grandes mayorías. Esto también tiene una base factual: aquellos relativamente ricos representan cada vez menos de la población (15.7%), pero aumentan en cerca de 10% per cápita al año su riqueza en términos reales (diez veces más rápido de lo que en promedio crece el país), mientras siete de cada diez personas que nacen en condiciones de pobreza permanecen en ella de una generación a otra (ver El México del 2018 del CEEY ).

 Al comenzar a concretarse, desconcertantemente, las políticas públicas que atienden el tema de concentración del poder económico se hacen más difusas. En vez de enfrentar directamente el problema, atacan sus consecuencias, si bien algunas de las más importantes. Por ejemplo, la política de aumentos al salario mínimo y la reimplantación de los precios de garantía para el maíz, frijol, trigo, arroz y la leche, se entienden mejor como una forma de reducir la presencia de poder de manipulación de precios a nivel local que como el ataque frontal a la concentración de la riqueza.

Ciertamente, hay razones para pensar que limitar el poder monopsónico en el mercado de trabajo o de productos agropecuarios reduce el poder económico de algunos empleadores o intermediarios y promueve mejores condiciones para los oferentes de trabajo o alimentos. En el caso del salario mínimo, ha sido claro el beneficio de su notable aumento para los trabajadores que percibían los menores salarios, esto sin efectos adversos notables, incluso en el caso de su duplicación en la frontera norte (ver el análisis de un caso emblemático hecho por David Kaplan).

Pese a lo anterior, las políticas de control de precios tienen efectos limitados. No es posible acrecentar el ingreso de los trabajadores indefinidamente mediante aumentos en el salario mínimo. Eventualmente, llegará un momento en que esta vía se traduzca en efectos adversos en la forma de inflación, desempleo, informalidad o combinaciones de estos problemas. De forma similar, existe evidencia, incluso en economías desarrolladas, de que los precios de garantía pueden tener sentido como formas de mejorar el poder de negociación de pequeños agricultores, siempre y cuando estén cuidadosamente fijados. Sin embargo, esta forma de intervención también tiene límites, pues no es efectiva como estímulo continuo de una mayor producción y puede llegar a distorsionar severamente las prioridades agropecuarias dando incentivos a una actividad que en sí misma es poco rentable.

Adicionalmente, ninguna de las anteriores medidas es sustituto de un régimen fiscal que redistribuya efectivamente la riqueza ni de una Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) fortalecida que esté combatiendo el poder de manipulación de precios. Paradójicamente, el presente gobierno ha renunciado temporalmente a una reforma fiscal e incluso ha implantado medidas claramente a favor de los grupos de mayores ingresos, como la reducción de impuestos en la franja fronteriza norte y la contención fiscal del precio de la gasolina. No sólo eso, se han cuestionado a órganos autónomos como la propia COFECE que ha identificado sobreprecios de 98.2% en alimentos y otros productos básicos (ver su informe Poder de Mercado y Bienestar Social).

En lo que corresponde a las medidas para mejorar las condiciones de grupos pobres o vulnerables, la política pública ha sido menos clara y más riesgosa. Por una parte, con el argumento de que existía corrupción en las acciones de política social de administraciones pasadas se han sustituido programas como PROSPERA o se ha modificado profundamente la modalidad de otros, como el de Estancias Infantiles, hasta el punto de prácticamente extinguirlos. Esto se ha hecho con escasa evidencia, principalmente anecdótica, pues ni la Auditoría Superior de la Federación ni el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, han encontrado corrupción o fallas extendidas y sistemáticas en estos programas (ver análisis de México Evalúa).

Como nuevos elementos centrales de la nueva política social se han planteado  las «Becas para el Bienestar Benito Juárez en la educación media superior» de la Secretaría de Educación Pública, que proporcionarán un incentivo monetario de 800 pesos mensuales para la permanencia en la educación media superior y su consecuente conclusión, y el programa «Jóvenes Construyendo el Futuro» de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que otorgará becas de 3,600 pesos mensuales a los jóvenes que reciban capacitación en el trabajo.

Estos programas tienen un diagnóstico parcialmente correcto (la desventaja económica de sus beneficiarios) y podrían mejorar las posibilidades de los jóvenes para continuar estudiando o para obtener un empleo estable y bien remunerado. Sin embargo, las becas para capacitación laboral, al ser más elevadas que las educativas, proporcionan un incentivo para abandonar los estudios en edades críticas. Además, las transferencias monetarias no resuelven el problema del deficiente desempeño escolar que obstaculiza el aprovechamiento de la capacitación laboral o el proseguir con estudios de educación superior. Esto significa que las becas podrían acentuar el abandono escolar de jóvenes próximos a cumplir 18 años, pues se recompensa más el trabajo que el estudio y no se atiende la calidad de este último (ver Nota de Política Pública del CEEY).

Los riesgos de estos programas aumentan exponencialmente si se considera que la dispersión de sus recursos estará basada en un poco transparente registro de beneficiarios con el denominado Censo del Bienestar, no tendrán reglas de operación que delimiten claramente la acción de los servidores públicos y fortalecerán al banco privado de uno de los hombres más ricos de México como intermediario entre el gobierno y los receptores de las transferencias monetarias (ver posición de la titular de la COFECE). Con todo ello se logra exactamente lo opuesto a lo que se pretendía: se concentra el poder económico, se debilita el apoyo no monetario a los que más desventajas tienen y se incurre en los riesgos de una política clientelar.

Por supuesto, estas políticas y programas pueden modularse y mejorarse: se pueden calibrar los salarios mínimos y los precios de garantía para evitar sus efectos nocivos y es posible replantear los montos de las becas para incentivar más el estudio que la inserción temprana al mercado de trabajo. También es posible construir un sistema de información de los programas y sus beneficiarios transparente, abrir a la competencia la intermediación financiera en el reparto de los recursos e institucionalizar las acciones gubernamentales con la especificación de derechos y reglas para hacer cumplir estos últimos sin sesgos partidistas.

Sin embargo, los programas sociales requieren mucho más que ser afinados, pues lo que están perdiendo de vista es que se requiere un estado de bienestar fuerte basado en un sistema de seguridad social universal, en una educación de calidad para todos y como mecanismo útil, aunque limitado, transferencias monetarias que gradualmente conduzcan a un ingreso básico universal. Todo lo anterior a partir de una reforma fiscal que tenga un importante impacto distributivo y capacidad para financiar lo necesario. En vez de ello hay una dispersión de acciones, entre controles de precios y otorgamiento de dinero, que no llevará suficientemente lejos al país en el ataque a su problema de desigualdad.

Hay otra causa de preocupación. El Estado mexicano ha sido históricamente débil frente a los grupos de interés que lo han conducido a políticas públicas en el mejor de los casos apenas atenuadoras y, en el peor, potenciadoras de la desigualdad. Sin contrapesos que reviertan la presión a servir los intereses de sus aliados, un Estado fuerte es una maquinaria autoritaria ligada a un capitalismo de cuates. Si el Estado se fortalece frente a grupos particulares, pero es guiado por una vigorosa, plural e incluyente participación ciudadana, puede dar lugar a un estado de bienestar democrático. Sin embargo, la política social basada en arrojar dinero y contener precios no fortalece duraderamente el Estado. Si además se debilitan los contrapesos democráticos, este Estado débil se convierte en una autocracia que a la larga mina la libertad y el bienestar. Éstas son las aristas por las que transita el país.

 

Rodolfo de la Torre
Coordinador de investigación sobre desarrollo social en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.