“Si el dinero es el vínculo que me liga a la vida humana,
que me liga a la sociedad, que me liga con la naturaleza
y con el hombre, ¿no es el dinero el vínculo de todos los vínculos?
¿No puede él atar y desatar todas las ataduras?”
—Karl Marx

El uso de los servicios financieros nos puede dar una idea de qué tan desarrollada está una sociedad. El diagnóstico común suele enfocarse en lo más simple y, generalmente, destacan variables como el número de personas que tienen una cuenta bancaria, el acceso a crédito o contrataciones de seguros u otros productos financieros. En el siguiente texto, trataremos de profundizar en las razones que dieron origen a la exclusión financiera que vive la mayoría de la población mexicana.

En nuestro país, recientemente se ha sometido a examen el cobro de las comisiones bancarias, el espíritu de este esfuerzo radica en reducir el costo del uso de diversos productos financieros, sobre todo, para el sector poblacional de bajos ingresos. Sin embargo, es importante reconocer la complejidad del problema: una política efectiva de inclusión financiera debe orientarse a promover incentivos para que el sector financiero ofrezca soluciones cotidianas a la población en general.

Ilustración: Patricio Betteo

Para darnos una idea de la magnitud del reto, es necesario considerar los siguientes datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2018) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de la población mayor de 18 años que cuenta con al menos un producto financiero —entendido como cuentas, créditos, seguros o ahorro para el retiro— pasó del 56% (39.4 millones) en 2012 al 68% (54 millones) para 2018, lo que representa un incremento del 37%. Aunado a ello, el 45% de los encuestados (35.4 millones) reportó contar con más de un producto de este tipo.

En cuanto a los productos empleados como medios de pago, se observa que el 34% de los mexicanos (26.9 millones) cuenta con una tarjeta de crédito, mientras que alrededor del 47% (37.3 millones) posee una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria. En este punto, resulta imprescindible tener en cuenta que 6.5 millones de adultos reciben por este medio algún tipo de apoyo gubernamental.

La ENIF 2018 también arroja otros indicadores interesantes sobre la población adulta con cuentas formales, la cual asciende a 37.3 millones.1 Al respecto, cabe señalar que el principal producto de captación es la cuenta de nómina, ya que el 52% de los informantes reporta tener una; seguido de las cuentas de ahorro, que suman un 36%, y de aquellas utilizadas para recibir subsidios o pensiones, las cuales representan el 26% en conjunto.

Todo parece indicar que en los últimos seis años se han dado importantes avances en materia de inclusión financiera, puesto que el número de personas que cuenta con algún producto de este tipo creció a tasas de dos dígitos. No obstante, al analizar cómo las personas integran los servicios financieros a sus actividades cotidianas, se evidencia un enorme rezago: hasta ahora la llamada “inclusión financiera” únicamente ha servido como un medio por el cual la gente accede al efectivo.

Utilizando de nueva cuenta los datos de la ENIF 2018, se observa que, para todos los tipos de transacciones, el efectivo es el medio predominante de pago. A nivel nacional, el 87% de las personas lo utiliza para realizar compras mayores a 500 pesos, e incluso en la Ciudad de México, la región más bancarizada del país, este indicador se ubica en 79%.

Por otra parte, de acuerdo con información del Global Findex Database,2 en 2017 tan sólo el 10% de los adultos3 efectuó pagos de bienes y servicios mediante su cuenta bancaria y apenas el 2.7% lo hizo a través de su teléfono móvil aun cuando, según datos del INEGI,4 el 72.2% de los mexicanos (65 millones de personas) dispone de un teléfono celular inteligente.

Al considerar este panorama, preocupa que, pese a existir más de 70 millones de usuarios5 de internet en nuestro país, esto no ha impulsado la masificación de los pagos electrónicos; ya que, en 2017, apenas el 7% de los mexicanos lo usó para realizar alguna compra. Esta cifra se ve disminuida cuando se considera a los sectores más desfavorecidos, en donde sólo el 4% de los hogares más pobres efectuó algún tipo de compra online.

De tal manera que, a grandes rasgos, los medios de pago digital, tarjetas virtuales, transferencias interbancarias, así como pagos con el teléfono inteligente6 continúan sin posicionarse como una alternativa fiable para sustituir al efectivo, debido a que sólo el 32% de los mexicanos realizó o reportó algún tipo de transacción por un medio digital. Lo anterior, en contraste con países como Chile (65%) o Brasil (58%) e incluso muy por debajo del promedio observado en América Latina y el Caribe (46%) y los países de ingreso medio alto (62%).

Tal situación no es excluyente de los jóvenes, aquel sector de la población que mejor se adapta a las innovaciones tecnológicas, pues mientras que en los países de la OCDE cerca del 79% de las transacciones realizadas por usuarios de 15 a 24 años se hacen de forma digital, en México sólo se efectúan el 29%.

Esta tendencia indica que, lejos de que el incremento de personas que cuentan con algún producto financiero impulse el establecimiento de un ecosistema que facilite las transacciones digitales, estos productos han sido asimilados como meras herramientas para la provisión de efectivo, hecho que en sí mismo es contrario a la inclusión financiera.

¿Qué dio origen a esta circunstancia? En primer lugar, se observa que los principales productos financieros son otorgados a un segmento muy reducido de la población. En el caso de las personas que poseen una cuenta bancaria (37.3 millones), el 56% corresponde a individuos con ingresos fijos, el 63% a los que cuentan con un trabajo formal, el 71% a aquellos que habitan en localidades urbanas, el 77% a los que cuentan con más de un producto financiero y el 55% a los que tienen, al menos, educación media superior.

En relación con las personas que poseen un crédito formal (24.6 millones),7 se caracterizan por tener historial crediticio, ya que el 86% reporta manejar más de un producto financiero, el 75% habita en localidades urbanas, el 58% cuenta con trabajo formal, el 57% tiene al menos educación nivel preparatoria y el 53% cuenta con ingresos fijos.

Vale la pena destacar que para ambos casos se reporta, en promedio, ingresos mensuales superiores a tres salarios mínimos,8 y que las tarjetas departamentales y de crédito bancarias permanecen como la principal fuente de crédito formal. Por ello, no sorprende que, ante tales restricciones, para 2018 alrededor de 10 millones de personas se hayan visto forzadas a recurrir a mecanismos informales de crédito, con todo y los excesivos costos financieros que ello puede representar.

En segundo término destaca la baja promoción que se ha dado a las alternativas de cobro más eficientes y económicas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),9 el número de transacciones por cada 10 mil habitantes mediante Terminales Punto de Venta (TPVs) es apenas similar al que refiere las transacciones ejecutadas en cajeros automáticos. Esto se debe, en gran medida, a que a las unidades económicas que las requieren les resulta engorroso, y a veces costoso, cumplir los lineamientos para su obtención.

Este escenario instaura un círculo vicioso debido a que no existen los incentivos para que los agentes económicos, tanto consumidores como oferentes de bienes y servicios, abandonen el efectivo y migren hacia mecanismos más eficientes de pago. Por ello, resulta preciso poner en marcha una estrategia integral y nacional de inclusión financiera que combata de raíz los conflictos referidos.

Desde esta perspectiva, surge un fuerte cuestionamiento sobre cuáles son las implicaciones de fomentar el uso de efectivo. De inicio, el costo monetario de transportación de efectivo, por ejemplo, para los programas sociales del Gobierno Federal, alcanza los 1,200 mdp. Por otra parte, también hay que considerar el tiempo que una persona invierte en acudir a un punto de disposición de efectivo: aproximadamente 30 minutos, si tiene automóvil y se encuentra en zonas urbanas, mientras que en zonas muy marginadas el trayecto puede prolongarse hasta por dos horas. Un factor que no se debe omitir en este análisis son las ventajas que el uso de efectivo genera para el lavado de dinero y las actividades ilícitas.

Actualmente, las tiendas de conveniencia y la banca tienen convenios de corresponsabilidad que permiten a los usuarios realizar retiros en las tiendas y almacenes con un costo que llega hasta los 30 pesos por operación o, en algunos casos, de forma gratuita (siempre y cuando se consuma en el establecimiento). Sin embargo, el hecho de proveer mayores puntos de disposición de efectivo resulta una mitigación onerosa al problema de inclusión financiera.

La solución: utilizar la tecnología que ya está en manos de un enorme sector de la sociedad (60 millones de personas cuentan con un teléfono inteligente), de tal manera que haga sinergia con un sistema de pagos con enorme capacidad, como lo es el del Banco Central; lo que permitiría que las transacciones entre los individuos se realicen de manera confiable, segura y, un aspecto más que relevante, sin costo.

Recientemente el Banco de México anunció10 el uso masivo de un medio de pago a través de la tecnología de códigos QR y NFC, con el fin de que los usuarios realicen transacciones en los pequeños negocios e incluso de persona a persona para operaciones cotidianas; de modo que, paulatinamente, se pretende desplazar el efectivo debido a que los costos de transacción serían nulos, puesto que se trataría de un servicio público provisto por el Banco Central mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

 El hecho de que sea un servicio estándar y con acceso a todo el público que tenga una cuenta bancaria evitaría la creación de monopolios u oligopolios, pues las transacciones se realizarían en cualquier institución financiera. En este punto es evidente que la competencia entre instituciones no estaría en el precio sino en la calidad, así como en el servicio y en algún otro esquema de incentivos asociado al uso del medio.

Este esquema ayudaría a generar historial financiero en sectores de la población que actualmente no tienen acceso al sistema financiero. También permitiría a las instituciones bancarias realizar una mejor evaluación de sus cuentahabientes, lo que en principio tendría que mitigar el riesgo moral o riesgo contraparte en, por ejemplo, el otorgamiento de crédito o algún otro producto financiero como seguros. Asimismo, mejoraría el desempeño de los pequeños negocios que hasta ahora carecen de tales herramientas y podría crear un ecosistema en el que se democratice el uso de esta tecnología, no sólo en las tiendas de conveniencia y almacenes minoristas, sino que incluya a los pequeños comercios, muchos de ellos con cierto grado de informalidad, que no participan actualmente en el esquema por los altos costos de transacción.

Resulta deseable que el gobierno deje de manifiesto la no utilización de este mecanismo con fines recaudatorios, ya que, además de que el incremento en los ingresos públicos sería marginal, desincentivaría el uso de este medio entre la población.

Hablar de la generación de un ecosistema financiero no es una tarea sencilla, pues implica un cambio en los patrones de comportamiento de las empresas, las instituciones financieras y los individuos. Sin embargo, existen en el mundo países con un grado de desarrollo similar al de México (la India, por ejemplo) o incluso con un grado menor, como el caso de Kenia, en donde el modelo ha sido adoptado por más del 75% de la población.11

Actualmente nuestro país cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo esta tarea, debido a que posee tecnología e instituciones suficientemente robustas. En este sentido, resulta primordial realizarla no sólo por la justicia social y la democratización de los servicios financieros, sino también por un tema de eficiencia en el uso de los recursos y para que la derrama económica llegue a aquellas regiones donde, en pleno siglo XXI, siguen excluidas.

 

Omar Mejía-Castelazo
Economista por la UNAM.

Rodrigo Villegas Gómez
Economista por la UNAM.


1 La ENIF 2018 considera que la población adulta con cuenta formal son aquellos individuos que manejan alguno de los siguientes productos: cuenta de nómina, de ahorro, de pensión, de cheques, de plazo fijo, de inversión o en la que reciben apoyos del gobierno a través de algún banco o institución financiera.

2 Proyecto del Banco Mundial que agrupa datos en materia de inclusión financiera para 140 países.

3 Mayores de 15 años.

4 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2017).

6 De acuerdo con cifras del INEGI, existen 71.3 millones de usuarios de internet en México, de los cuales, 65 millones acceden mediante su teléfono celular.

6 Vía tecnologías NFC o códigos QR.

7 La ENIF 2018 considera crédito formal los siguientes productos: tarjeta de crédito departamental o bancaria, créditos de nómina, personal, automotriz, vivienda, así como el crédito grupal o solidario en algún banco o institución financiera. Los préstamos otorgados por casas de empeño no se inscriben en esta categoría.

8 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), sólo el 18% (9.5 millones de personas) de los trabajadores subordinados y remunerados, tienen una percepción mensual por arriba de los 3 salarios mínimos.

9 Base de Datos de Inclusión Financiera al mes de junio de 2018.

10 Comunicado de prensa.

11 De acuerdo con información del FINDEX, para 2017, el 75.31% de la población mayor a 15 años en Kenia, reportó haber realizado o recibido algún pago por medio digital.