En los últimos años han aumentado los cuestionamientos al argumento del limitado papel del Estado como condición necesaria para motivar el crecimiento económico. Algunos de estos cuestionamientos giran en torno a la creciente evidencia del activo papel del gobierno proporcionando beneficios económicos a las empresas del sector privado. Los beneficios otorgados a las empresas, ya sean subsidios, ayudas estatales, estímulos fiscales u otros beneficios en especie, no son necesariamente perjudiciales pues se asume que promueven el crecimiento económico y la creación de empleo. 

Algunos autores han categorizado el conjunto de dichos beneficios como parte de una nueva institución económica, lo que algunos autores han denominado “corporate welfare”, estado de bienestar corporativo, asistencia pública corporativa o asistencialismo corporativo.1 Dicho concepto se entiende como un conjunto de políticas institucionalizadas encaminadas a satisfacer ciertas necesidades del sector privado subsidiando, apoyando o rescatando industrias o empresas, socializando los costos que éstos representan.

Ilustración: Víctor Solís

Un estado de bienestar corporativo no sólo subsiste con el estado de bienestar social, sino que lo complementa. Siguiendo a Kevin Farnsworth, estudioso de políticas sociales de la Universidad de York, podemos encontrar en un lado del espectro al estado de bienestar social (“social welfare”) que busca satisfacer necesidades de los ciudadanos; por el otro lado, al estado de bienestar corporativo (“corporate welfare”) que busca satisfacer las necesidades de las empresas.2

El término no deja de ser problemático, por supuesto, pero permite entender el papel del Estado contemporáneo, exponiendo la dependencia que tiene el sector privado al apoyo gubernamental en diferentes etapas de su vida productiva: motivando su génesis o evitando su desaparición. Estas necesidades se han agudizado con las crisis económicas y la incertidumbre política a nivel global, y en el caso de países como México, también por las bajas expectativas de crecimiento económico.

A partir de la crisis económica de 2008, algunos gobiernos han respondido con un diverso rango de apoyos ya sea para incentivar la inversión o evitar el quiebre de industrias enteras. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno federal no dudó en gastar 700 mil millones de dólares para rescatar a la industria financiera.3 En Reino Unido la respuesta del gobierno fue similar otorgando cerca de 400 billones de libras para rescatar a los bancos.4 En México la estrategia fue distinta. Pudiendo contener la crisis manteniendo el balance de las finanzas públicas, México apostó por la atracción de capital extranjero para reactivar la economía. Surgieron entonces organismos como ProMéxico y oficinas representativas de algunas entidades federativas en el extranjero,5 que ofrecen servicios y atención a inversionistas potenciales, así como capacitaciones y asesoría a empresarios nacionales.

Este tipo de beneficios corporativos surgen a raíz de políticas económicas que favorecen una dinámica de mercado en la que el Estado facilita el ambiente de negocios, esperando que los beneficios se socialicen a través de la generación de empleos, mayor inversión y consumo. Ya otros textos en este mismo espacio han dado cuenta de la prevalencia de la lógica de goteo en la política económica en México,6 cuestionando la capacidad de generar beneficios para la sociedad en general.

En este sentido, varios puntos nos hacen cuestionar la asistencia pública corporativa en las condiciones bajo las cuales operan hoy en día, como la alta discrecionalidad de su asignación, los pocos indicadores que existen para medir su impacto, la temporalidad de los mismos y la forma en la que las empresas regresan su parte a la sociedad. 

Si bien es cierto que algunos beneficios se entregan en el marco de programas sujetos a reglas de operación,7 la mayoría de los recursos se otorgan bajo requerimientos discrecionales a grandes empresas. Esto se debe, en parte, al secreto corporativo bajo el cual se negocian.

En entrevistas con funcionarios guanajuatenses para analizar el caso de la industria automotriz en la entidad, se comentó que se guarda confidencialidad sobre los esquemas bajo los cuales se entregan los apoyos para tener mayor margen de maniobra en futuras negociaciones. La publicación de los detalles de cuánto y cómo se le entregó a cada empresa representaría un riesgo para los estados que buscan fomentar la inversión privada. Por ello, rara vez se publican montos de forma desagregada en los presupuestos de egresos y en los portales de transparencia.

Igualmente, se ha expuesto como una práctica común entre entidades federativas el ofrecer paquetes de beneficios para las empresas, que van desde asesorías, terrenos subsidiados para empresas ancla, cubrir costos para capacitación de empleados en el extranjero o incentivos fiscales por períodos determinados. Hacer pública la información de los beneficios representaría, en la opinión de los funcionarios entrevistados, un “disparo en el pie” para las entidades frente a la competencia por la inversión de empresas extranjeras que buscan el esquema más generoso. 

Además, se expuso que los beneficios no sólo se otorgan en una primera etapa cuando se busca atraer la inversión, también se abre la puerta para que las empresas busquen apoyo estatal cuando se enfrentan a nuevos riesgos de inversión, por ejemplo, si desean ampliar sus líneas de producción.

Como mencioné en un inicio, las políticas de asistencia corporativa no son perjudiciales per se, pero hoy en día las empresas acumulan mayores beneficios de los que éstas regresan a la sociedad. La concentración de la riqueza y la desigualdad en el país dan cuenta de la necesidad de repensar los apoyos y servicios que reciben las empresas, no para eliminarlos necesariamente, sino para reenfocar su alcance.

Hoy en día hay interesantes propuestas que plantean una intervención estatal mejor dirigida que socialice los beneficios tanto como los costos de la ayuda estatal para incentivar la innovación. Particularmente, los economistas Mariana Mazzucato y William Lazonick han señalado la necesidad de diseñar políticas económicas entendiendo la innovación como un proceso colectivo y apartadas de la idea de que el sector privado asume todo el riesgo de la inversión o que las fuerzas del mercado derramarán los beneficios al resto de la sociedad.8 Desde este enfoque, la asistencia pública corporativa podría reformularse, usando el diferente rango de beneficios, para premiar a aquellas empresas con políticas laborales más justas, que cumplan con sus obligaciones fiscales, que fomenten la investigación y desarrollo, o que implementen acciones concretas contra el cambio climático. 

Para ello sería necesario repensar qué nivel de opacidad es deseable mantener para cada paquete de beneficios, seguido de un mayor seguimiento al impacto de estos instrumentos y al retorno de los beneficios a la sociedad. Para México, esta visión de la inversión pública podría resultar en una mayor capacidad de innovación y una salida al estancamiento económico que vivimos, asegurando que las ganancias regresen efectivamente a la sociedad, sin dejarlo únicamente a las fuerzas del mercado.

 

E. Fernanda Barreto Pérez
Maestra en Sociología y Gestión por la Universidad de Essex, licenciada en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato.


1 Glasberg, D.S. and Skidmore, D. (1997) Corporate Welfare Policy and the Welfare State. Bankderegulation and the savings and loan bailout. New York: Aldine de Gruyter; Whitfield, D. (2001) Public Services or Corporate Welfare: Rethinking the Nation State in the Global Economy. London: Pluto Press ; Farnsworth, K. (2012) Social versus Corporate Welfare: Competing needs and interests within the Welfare State; Stiglitz, J.E.(2010) Caída libre:  el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. España: Taurus.

2 Farnsworth, Kevin, op. cit. p. 3.

3 Esta ha sido la cifra oficial, aunque algunos señalan que el plan de rescate financiero estadounidense se extendió hasta hace un par de años y asciende a los 16.8 trillones de dólares. Collins, M. (2015, julio 14) “The Big Bank Bailout” Forbes.  Consultado el 22 de abril de 2019.

4 BBC (2008, octubre 8) “Rescue Plan for UK Banks unveiled”. Consultado el 22 de abril de 2019.

5 Esta práctica es replicada por muchos países y entidades. Guanajuato por ejemplo, cuenta con una oficina de atención a los inversionistas con sede en Chicago. Para dimensionar, Alemania cuenta con 125 oficinas de este tipo en el extranjero.

6 Brown, Carlos (septiembre 8, 2016), “El romance mexicano con la economía del goteo”, nexos (consultado el 22 de abril de 2019); Vázquez, Dalia (marzo 21, 2019), “El mito de la economía de goteo y sus dañinas consecuencias”, nexos (consultado el 22 de abril de 2019).

7 Entre ellos se encuentran el Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI), el Fondo Nacional Emprendedor, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), y el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación.

8 Lazonick, W. y Mazzucato, M. (2013) “The Risk-Reward Nexus in the Innovation-Inequality Relationship: Who Takes the Risk? Who Takes the Rewards?”, Industrial and Corporate Change, 22(4), pp. 1093-1128.