El 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano de miembros de su gabinete y los representantes de las instituciones financieras HSBC, JP Morgan y Mizuho, anunció un decreto por el cual Pemex obtiene 8,000 millones de dólares; 2,500 para refinanciar su deuda y otros 5,500 para extender sus líneas de crédito en el corto plazo, de tres a cinco años.

De acuerdo con el anuncio, son recursos que se consiguen a una tasa de interés significativamente menor a la que Pemex usualmente tiene acceso en los mercados internacionales, una tasa próxima al 4.85 por ciento (libor + 235 puntos base) comparada con tasas de entre seis y nueve por ciento que dominan la colocación de deuda de Pemex. Con esta negociación, se le da a Pemex la posibilidad de resolver sus obligaciones de corto plazo y ganar tiempo para fortalecer sus finanzas.

Ilustración: Jonathan Rosas

La noticia es, sin duda, positiva: aunque 8,000 millones de dólares apenas rondan el siete por ciento de toda la deuda de Pemex, es suficiente para salir de los vencimientos próximos. Además envía un mensaje positivo en general: ese tipo de respaldo a Pemex por parte de las instituciones financieras detrás del crédito sindicado hace pensar que es viable fortalecer a Pemex en el corto plazo y debe ser tomado como buenas noticias entre calificadoras y analistas. No obstante, también es importante hacer una distinción en estas noticias, esto es meramente una solución temporal, es ganar tiempo para poner en acción medidas para soluciones que resuelvan los problemas que la empresa tiene en el largo plazo.

Pensando más en el largo plazo, el anuncio que realizó el secretario de Hacienda sobre la reducción de los derechos de utilidad compartida (DUC) de Pemex —es decir, la disminución de su carga fiscal— es una buena señal para el futuro. Disminuir de forma gradual la carga fiscal de Pemex debería permitirle invertir más recursos en la producción y exploración de pozos. Igualmente, para elevar la rentabilidad de Pemex es necesario que incremente su plataforma de producción y que los recursos que obtenga de la extracción se inviertan en la empresa.

Pemex dentro de los campos de aguas someras y terrestres es de las empresas más eficientes del mundo, siendo uno de los líderes en costo; sin embargo, muchas de las actividades en este tipo de pozos han dejado de ser rentables por la carga fiscal que los derechos de utilidad compartida generan a Pemex. El anuncio de permitir una mayor migración de contratos a otros mecanismos, como asociaciones que disminuyan el pago de esos derechos, es una buena señal y, aunque los críticos del interés en rescatar a Pemex no gusten de estas acciones, se debe reconocer que es un uso apropiado de uno de los mecanismos que introdujo la reforma energética.

Estas medidas apuntan en la dirección correcta pero no son suficientes: sanear las finanzas de Pemex requiere incrementar su eficiencia de forma sustancial y una verdadera capacidad de invertir en nueva producción. Un punto notable del anuncio, y relacionado con el uso de la posibilidad de migrar contratos, es que esto, además de aligerar la carga fiscal, puede tener repercusiones positivas en incrementar la plataforma de producción, aunque sea de forma marginal. Permitir que haga migraciones para una producción de hasta 400 mil barriles de producción debería tener el efecto de reactivar esos pozos que ya no era rentable explotar e incrementar la plataforma de producción. Para lograr el objetivo de recuperar la plataforma de producción a niveles de 2.5 o 2.6 millones de barriles diarios se necesitan muchos esfuerzos y ellos incluyen la realidad de que esas migraciones y la participación de los privados que hoy están en el mercado petrolero en México pueden aportar algo aunque sea menor, el anuncio del 13 de mayo, hay que decirlo, tiene implícito ese reconocimiento.

Saliendo de esta coyuntura y dejando con puntos suspensivos el futuro de más largo plazo de Pemex es importante recordar algunos sucesos de ya varios años que han creado esta difícil situación. La debilidad fiscal del país no es una novedad, ha sido una constante a lo largo de los últimos 198 años. Durante gran parte del siglo XX se optó por no hacer reformas fiscales que el país necesitaba. En su lugar, ha sido la venta de materias primas y sobre todo de petróleo lo que ha suplido esta necesidad en el país. La enorme expansión de funciones que ha tenido el Estado durante las últimas décadas ha sido financiada casi de forma entera por la renta petrolera. Una renta petrolera que durante casi toda la primera década de este siglo y unos años de la siguiente fue entre las más altas del mundo. ¿Qué gobernante pensaría en una reforma fiscal cuando tiene petróleo caro? Ninguno. Y en las tres administraciones anteriores no se asumió la responsabilidad de pensar en el futuro. Era más fácil gastar y esperar lo mejor.

Esa terrible irresponsabilidad llevó a que la carga fiscal de Pemex creciera a niveles insostenibles, transfiriendo todo lo que podía a la tesorería para financiar uno de los gastos públicos más ineficientes y no redistributivos que podemos encontrar en el mundo. Ahora bien, las consecuencias de esas decisiones son evidentes y repararlas tomará mucho tiempo. Pensando en el mediano y largo plazo, la apuesta por salvar a Pemex, y con ello las finanzas del país, inevitablemente llevará a la necesidad de una reforma fiscal que genere los recursos para atender éste y otros problemas. Esto también es algo positivo que parece quedar entre líneas en el anuncio del 13 de mayo.

Es una medida positiva de corto plazo, sí, pero que puede servir para abrir espacios para las decisiones de largo plazo que debemos tomar pronto.

 

Diego Castañeda
Economista por la University of London.