Tres ideas ayudan a entender el concepto de bienestar como guía para discernir lo que más conviene a una sociedad: la noción económica de clases sociales, la justicia distributiva como reductora de brechas en ciertos recursos y la teoría de la igualdad de oportunidades. Cada una de ellas juega un papel en la concepción de gobiernos democráticos que dan un lugar preponderante a los mercados competitivos, pero persiguen una noción de desarrollo que no se detiene en el respeto a la libertad individual, sino que aspira a ver realizados derechos sociales. También, pueden ser una guía práctica para saber dónde está situado y hacia dónde puede avanzar México mediante políticas públicas.

En el mundo contemporáneo, las clases sociales se han vuelto un asunto mucho más complejo que el de los economistas clásicos que sentaron las bases de su análisis riguroso (Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx). Esta complejidad frecuentemente se ha traducido en una débil concepción de lo que es una clase social en la economía contemporánea, a veces asociándola con niveles de ingreso, comportamientos de consumo o situaciones de “vulnerabilidad”. La concepción clásica es, sin embargo, relativamente simple: la clase social la define la riqueza. Fuera de esta concepción hay muchos fenómenos interesantes, pero no la continuación de las raíces más profundas de la noción económica de clase.

Ilustración: Víctor Solís

A diferencia de siglos anteriores, cuando la forma predominante de riqueza era la posesión de seres humanos o de su trabajo, de tierra o de medios productivos, desde el siglo XX el capital humano es una forma predominante de acumular riqueza. Así, quienes poseen elevadas calificaciones en el mercado laboral definen una clase que no era común encontrar tan difundida y tan afluente en el pasado. Junto con esta clase social, podemos identificar otras más tradicionales, como las de aquellos con una riqueza monetaria neta tan elevada que pueden financiar su propia actividad empresarial o la de otros, aquellos con niveles de riqueza monetaria intermedia que sólo podrían autoemplearse con tales recursos, y el grupo con baja riqueza que fundamentalmente ofrece su trabajo.

Es posible distinguir entonces, sin perderse en la complejidad de los tipos de ocupaciones y su remuneración, aquellos cuya riqueza monetaria es elevada para el capital humano que poseen (los de riqueza monetaria relativamente alta); los que tienen una riqueza monetaria intermedia, ya sea porque tanto el capital humano o la riqueza monetaria son cercanos al promedio o el primero es alto pero la segunda baja  (clases media), y aquellos con una muy limitada riqueza respecto a su capital humano (aquellos con una riqueza monetaria relativamente baja).

Un análisis a lo largo de estas líneas ha sido realizado para México por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ver El México del 2018 del CEEY). Los principales hallazgos muestran que cerca del 40% de la población mexicana pertenece a las clases medias, 18% a la relativamente rica y 42% a la de riqueza monetaria relativamente baja. Cabe resaltar que las clases medias, aunque han crecido en número de integrantes, han venido deteriorando su nivel de riqueza monetaria en los últimos años.  Junto con ello, las clases con riqueza relativamente alta y relativamente baja se han venido distanciando en niveles de riqueza. En otras palabras, la sociedad mexicana se ha venido polarizando.

En México, cerca del 24% de la persistencia en las desigualdades en esperanza de vida y 39% de las diferencias en logros educativos se deben a diferencias de clase. Esto apunta a procurar moderar la desigualdad en los factores definidores de clase, capital humano y riqueza material, pero hay razones más profundas para procurar esta igualdad. La posición de clase es un indicador aún crudo de las diferencias en condiciones de vida de las personas. Dentro de una misma clase social puede haber diferencias sustanciales en niveles de vida, y la convergencia a unas clases medias mayoritarias y afluentes deja aún sin atender otras desigualdades que difícilmente se pueden considerar como aceptables.

En último término, las diferencias en las posibilidades de llevar la vida que las personas consideran valiosas pueden ser aún sustanciales si no se toman en cuenta asuntos como las diferencias de género, étnicas, de edades, entre personas con discapacidades y sin ellas y muchas más ligadas a la condición de origen. Las diferencias en capital físico y humano pueden ser las que en mayor medida expliquen las desigualdades en cuanto a lo que pueden ser o hacer las personas, pero no son las únicas. La idea de igualar estas posibilidades de realización o florecimiento humano está detrás de una concepción objetiva no sólo del bienestar, sino también de la justicia distributiva.

En el caso del país, El México del 2018 del CEEY muestra el enorme peso que tiene la riqueza, en términos materiales y de capital humano, sobre los logros en salud, educativos, ocupacionales y en general en la movilidad socioeconómica de una generación respecto a la anterior. La riqueza material es el segundo determinante de los logros de una generación, después de las condiciones de origen reflejadas en la esperanza de vida y escolaridad de sus padres. Sin embargo, desigualdades en el acceso a servicios de salud, a educación pública de calidad y a programas compensatorios y remediales de las condiciones de pobreza, también son de gran importancia.

Lo anterior lleva a considerar a la igualdad de oportunidades como un elemento clave para concretar una noción de justicia amplia. Desde un punto de vista no especializado, oportunidad es la circunstancia conveniente para algo. En el caso de una persona, consiste en un entorno provechoso para alcanzar aquello que valora. De esta idea tan sencilla es posible plantear que es preferible tener más y no menos oportunidades para las personas, y si estas últimas son valoradas igualmente, conviene que tales oportunidades no sean muy diferentes entre los individuos.

En el debate filosófico-político (ver Stanford Encyclopedia of Philosophy), la igualdad de oportunidades ha servido para introducir en la noción de bienestar el papel que juegan las opciones abiertas a las personas y su responsabilidad al elegir. De esta forma se habla de una posición inicial (cierto conjunto de oportunidades) desde la cual se puede identificar cierto mérito (atribución de resultados por el curso de acción elegido), además de factores fortuitos (suerte).

Este planteamiento claramente distingue la igualdad de resultados (mismos logros para todos sin importar su posición de origen o elecciones), la desigualdad de trato (mismo respeto o protección a la posibilidad de elegir sin importar punto de partida o resultados), de la igualdad de oportunidades. También aquí, es claro que gozar de un más amplio conjunto de opciones entre las cuales elegir es valioso, y que procurar igualar este conjunto de posibilidades de elección entre personas le da sentido al mérito.

Desde el punto de vista especializado de la economía, la teoría de la igualdad de oportunidades distingue las circunstancias que enfrentan las personas (factores fuera de su control) de aquellas que dependen de su elección (genéricamente llamadas “esfuerzo”) en la conformación de los resultados que cada uno obtiene (además de la suerte). En el caso de México, al menos 30% de las diferencias en resultados socioeconómicos de las personas provienen de factores fuera de su control, es decir, de la desigualdad de oportunidades (ver Igualar las oportunidades) aunque esto puede llegar a ser superior a 50% en regiones y países y específicos. Con lo anterior, se relativiza enormemente aquello de que la movilidad social es una mera cuestión de esfuerzo, de “echarle ganas”.

La implicación del enfoque económico de la igualdad de oportunidades es que es necesario diseñar políticas públicas que “nivelen el campo de juego” para procurar un mayor bienestar y una mayor justicia. Esto implica, en el largo plazo, procurar la seguridad social universal, la educación pública gratuita en todos los niveles y un ingreso básico universal, pero también ensayar en el corto plazo transferencias de ingreso compensatorias a grupos específicos mientras se alcanza la igualdad de oportunidades en su sentido más permanente y amplio.

Por lo anterior es lamentable que un documento como el Plan Nacional de Desarrollo afirme que “…el Estado no será un gestor de oportunidades… Será en cambio un garante de derechos. La diferencia entre unos y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos, y que pueden ser aprovechadas o no…” (p.36). Esta visión claramente muestra un desconocimiento de la acepción básica de lo que es una oportunidad y su valor, ignora la rica discusión político-filosófica que le da sustento a la idea de igualar oportunidades, y que permite elevar a la categoría de derechos algunas de ellas, y desperdicia la guía de política pública del análisis económico de la desigualdad de las circunstancias que enfrentan las personas.

Clases sociales, justicia distributiva e igualdad de oportunidades están ligadas en el plano más general por el análisis del filósofo-economista John E. Roemer, pionero en el estudio contemporáneo de cada tema. En lo más concreto e inmediato, para México, su factor común es la subutilización del potencial de estas ideas.

 

Rodolfo de la Torre
Coordinador de investigación sobre desarrollo social en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.