El 7 de febrero de este año, el presidente de la república anunció en su conferencia matutina que cancelaría los apoyos que el gobierno federal entrega cada año a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el marco de su lucha contra la corrupción. En la misma conferencia expresó que el mismo gobierno entregaría directamente los apoyos destinados a poblaciones específicas, ello con la finalidad de evitar casos de corrupción y desvío de dinero público. Esta medida afectó en particular a los programas de reducción de daños que se llevan a cabo en la frontera norte de México, la mayoría de ellos implementados por OSC que reciben financiamiento del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), entre otros.

Esta medida trastocó las estrategias de operación de estas organizaciones, particularmente las más pequeñas, jóvenes y de carácter comunitario, pero lo cierto es que es una tendencia que viene de tiempo atrás. La desfinanciación de los programas destinados a la reducción de daños asociado al uso de drogas se debe a la ausencia de una política pública en el país y el resultado ha sido el énfasis en la abstinencia como única alternativa frente al uso de drogas.

La reducción de daños en México: entre el milagro y el malabar

Ilustración: Víctor Solís

Aunque la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de adicciones (NOM-028) establece que la reducción de daños es una estrategia que se articula con las actividades de prevención y tratamiento, esto no pasa de ser una formulación abstracta. No hay mecanismos vinculantes que obliguen a las entidades de la república a realizar actividades de esta índole, ni existe a la fecha presupuesto destinado a implementar planes, programas y proyectos dirigidos a la promoción de la salud de las personas que, por diversas circunstancias, usan drogas y no pueden o no quieren dejar de usarlas.1 En consecuencia, la articulación entre prevención-reducción de daños y tratamiento termina siendo sólo una formulación de la NOM-028 que, al no traducirse en una estrategia, desemboca en que la abstinencia sea la meta exclusiva de la política nacional frente al uso de drogas. Con la 4T el panorama no parece ser muy diferente, pues la reducción de daños ni siquiera se menciona en su “Programa Nacional Contra las Adicciones”.

La única institución pública que ofrecía financiamiento a proyectos de reducción de daños en México era el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida (CENSIDA). Sin embargo, la centralidad del VIH en las estrategias y programas de reducción de daños no deja de ser problemática. Primero, porque restringe la financiación de las estrategias, programas y proyectos dirigidos a personas usuarias de drogas no-inyectadas. Segundo, porque nos expone al riesgo de reducir la perspectiva de reducción de daños a las actividades de intercambio de jeringas y acceso a pruebas diagnósticas de VIH y Hepatitis C, sin que el mismo Estado garantice acceso a tratamiento, bajo el supuesto de que los “adictos” no son adherentes.

Pese al interés del CENSIDA por financiar estrategias de reducción de daños, la ausencia de una política pública en la materia se ha traducido en el estancamiento y drástica caída de algunos indicadores sobre el tema, entre ellos, número de jeringas distribuidas, número de instituciones que ofrecen tratamiento sustitutivo para opioides y número de organizaciones que implementan acciones de reducción de daños.

Así, aunque la distribución de jeringas ha sido una prioridad en las actividades de reducción de daños financiadas por CENSIDA, nunca nos hemos acercado a las 200 jeringas por persona que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, aun así las cosas han seguido empeorando. Entre 2013 y 2014 se logró el número más alto de distribución de jeringas (17), en el marco de la implementación del proyecto del Fondo Mundial para el fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH/SIDA. En 2015 el mismo CENSIDA reporta una reducción del 30% en el volumen de distribución de este insumo básico y en 2017 se distribuyeron sólo seis jeringas por persona al año, número que a todas luces no favorece la prevención del VIH.

Gráfica 1

El número de instituciones que ofrecen tratamiento sustitutivo con opioides también ha disminuido de manera importante. Mientras en 2013 CENSIDA registraba la existencia de 21 instituciones en todo el país, en 2017 Cofepris sólo da cuenta de 10. A ello hay que sumarle los cierres por desabasto de medicamento que se reportan al menos una vez al año y frente a lo cual no existe un registro oficial del número de días en que estas instituciones estuvieron cerradas y las consecuencias de estos cierres en los procesos de deshabituación de las personas usuarias de estos servicios.

Gráfica 2

Indudablemente, el corte de financiamiento de 2019 golpeará de manera más contundente estos indicadores y, con ello, es muy probable esperar un aumento en las epidemias de VIH y Hepatitis C en la población de personas que se inyectan drogas en el norte. Sólo por citar un ejemplo de la evidencia disponible, un estudio de Borquez y colaboradores (2018) de la Universidad de California en San Diego muestra que la referencia a tratamientos sustitutivos para opioides reduce hasta un 20% las nuevas infecciones de VIH entre personas que se inyectan drogas en Tijuana.

Por otro lado, la falta de una política pública de reducción de daños ha afectado también el número de organizaciones de base comunitaria que realizan este tipo de intervenciones en la frontera norte. De acuerdo a los números de CENSIDA, mientras en 2014 se registraban 38 organizaciones, en 2017 sólo ocho seguían realizando reducción de daños. Para finales de 2019 el panorama es mucho más incierto, pues el recorte de financiamiento público hacia las OSC ha afectado a las organizaciones pequeñas que no cuentan con apoyo internacional y en las que los usuarios de drogas fungen como parte integral de los equipos de trabajo.

¿Cómo sortean las organizaciones de base comunitaria de la frontera norte el corte de financiamiento público?

La primera medida de austeridad que toman estas organizaciones pequeñas de base comunitaria es dejar de pagar sueldos y trabajar sólo con voluntarios, lo que afecta especialmente a los pares usuarios que apoyan las actividades de campo, ya que los profesionistas normalmente tienen un segundo trabajo que les permite acceder a ingresos estables. En la mayoría de los casos, los pares usuarios y ex usuarios de drogas que cuentan con apoyos familiares pueden seguir apoyando las actividades, mientras que aquellos que son cabeza de familia ven mucho más restringida su participación en las organizaciones.

La segunda medida ha sido disminuir las horas y días de atención, además, el número de insumos distribuidos se ha recortado a la mitad, con la idea de aguantar lo máximo posible la crisis, esperando una salida que hoy, tres meses después, no se vislumbra. Con estas medidas son las poblaciones de personas que se inyectan drogas quienes quedan a su suerte, pues no hay quien realice curaciones, los acompañe a servicios de salud y les distribuya jeringas nuevas.

Otras organizaciones han recurrido a pedir una cuota de recuperación por los servicios que presta, lo que levanta sospechas en algunos usuarios y otros simplemente dejan de acudir, porque no pueden acceder a dichos servicios. También se realizan fiestas, rifas, venta de pósters y materiales promocionales para financiar algunas de sus actividades, pero el dinero recogido es insuficiente, en comparación con los esfuerzos logísticos que estas actividades demandan. Esta situación es insostenible y pone en riesgo las Metas de Desarrollo Sostenible, que México, “país de rápida pluma y lento cumplimiento”, suscribió y donde se incluye poner fin a la epidemia de VIH en 2030.

La experiencia de trabajo en campo de las organizaciones y personas que conformamos la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex), y que implementamos acciones en los lugares más recónditos de la república, nos ha enseñado que, contrario a los prejuicios que se sostienen desde los consultorios médicos, psicológicos y psiquiátricos, las personas que usan drogas, incluso aquellas que se inyectan heroína y cristal diariamente y viven en los “yongos”, quieren cuidar su salud, quieren hacerse la prueba de VIH y acceder a tratamiento para controlar su situación serológica y de hepatitis. Sin embargo, no encuentran el apoyo para lograr adherencia a tratamientos ni acceso a insumos para tener prácticas más seguras de uso de drogas. Nuestra experiencia nos ha mostrado que es el acompañamiento cotidiano, desde la solidaridad y la empatía, el trato informal y horizontal, la sonrisa y el abrazo lo que lleva a la adherencia, y no sólo un esquema de medicamentos o el internamiento en los centros.  Son las organizaciones comunitarias y los pares, quienes han construido por cerca de tres décadas un saber, para acudir a los picaderos, hablar con las personas que se inyectan drogas y engancharlas en el cuidado de su salud. Esa experiencia acumulada hoy está en riesgo y, por ello, necesitamos una política pública de reducción de daños. 

La crisis de financiamiento que genera el fin de la era VIH en materia de reducción de daños nos pone de cara a la urgencia de pugnar por una política de reducción de daños a nivel federal que ponga en el centro el tema del acceso a la salud de las personas que usan drogas inyectadas y no inyectadas. La condición de uso de drogas no debe seguir siendo una barrera de acceso a derechos como lo es ahora. Antes de llegar a tratamiento para la dependencia, las personas usuarias necesitan información veraz sobre las drogas que usan y cómo reducir los riesgos asociados a su consumo, así como tecnologías para probar sus drogas y medicamentos para no morir de sobredosis. Claramente falta un enlace entre la prevención y el tratamiento y podemos encontrarlo en la reducción de daños.

Si de verdad la 4T quiere darle un giro a la narrativa que ha dominado el tema de drogas en México, es momento de poner en el centro a las personas usuarias, escuchar sus necesidades, sus expectativas y las barreras que experimentan para el goce de sus derechos fundamentales. Las personas que usan drogas, y especialmente aquellos que vive en condiciones de pobreza, han sido convertidos en material desechable, han sido criminalizados y exterminados, es momento de revertir eso desde la construcción de ciudadanía, reconociendo nuestro derecho al placer y a la autonomía sobre nuestros cuerpos.

Quizás esta crisis de financiamiento nos permita entender que, más allá del VIH, está la vida, la dignidad y la capacidad de agencia de las personas que usamos drogas, que la condición de uso de drogas no nos hace menos ciudadanos y que hoy más que nunca tenemos el conocimiento y la experiencia para aportar a la construcción de una nación justa para todas y todos. 

 

Angélica Ospina-Escobar
Profesora–Investigadora del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Región Centro. Miembro de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex).

Referencias

Borquez, A., Beletsky, L., Nosyk, B., Strathdee, S.A., Madrazo, A., Abramovitz, D., Rafful, C., Morales, M., Cepeda, J., Panagiotoglou, D., Krebs, E., Vickerman, P., Boily,M.C., Thomson, N., Martin, N.C. (2018). “The effect of public health-oriented drug law reform on HIV incidence in people who inject drugs in Tijuana, Mexico: an epidemic modelling study”, The Lancet, 3:e429-437

Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA) (2015). Informe Nacional de Avances en la respuesta al VIH y el Sida. México, 2014.

Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA) (2016). Informe Nacional de Avances en la respuesta al VIH y el Sida. México, 2015.

Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA) (2017). Informe Nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al Sida (Informe GAM). Periodo Enero – Diciembre 2016.

Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA (CENSIDA) (2018). Informe Nacional del monitoreo de compromisos y objetivos ampliados para poner fin al Sida (Informe GAM). Periodo Enero – Diciembre 2017.


1 La excepción son las dos clínicas de metadona ubicadas en Tijuana y Ciudad Juárez, pertenecientes a los Centros de Integración Juvenil que ofrecen terapia sustitutiva a las personas dependientes a la heroína.