Desde su triunfo el pasado 1 de julio de 2018, el plan del nuevo gobierno de López Obrador ponía al centro el fin de los privilegios para la alta burocracia. Conocida como austeridad republicana, este eje fundacional de la cuarta gran transformación que ha prometido López Obrador como presidente parte de una premisa básica: no es necesario aumentar la recaudación porque los ingresos federales actuales son suficientes, solamente que están mal distribuidos. Debido a lo anterior, y ante la necesidad de promover una agenda social caracterizada por grandes montos de transferencias monetarias directas, en la forma de subsidios y ayudas, dicha política ha venido acompañada de recortes presupuestarios en programas relacionados con el medio ambiente, la cultura y el cierre de las brechas de género.

Durante las últimas dos décadas, se ha construido un Estado mexicano con un andamiaje institucional y normativo que no ha sido acompañado por una reforma profunda en la forma en que se recauda y redistribuye el dinero público en nuestro país. Es decir, se cambiaron las reglas del juego, pero no cómo se utiliza el dinero que las debería hacer posibles. Esto ha provocado que la agenda de derechos, cuyo ejercicio efectivo se debería garantizar con el presupuesto público, haya quedado rezagada: lo que protege la Constitución simplemente no coincide con la realidad del día a día, en buena parte porque no se cuenta con los recursos suficientes para ello.

Irónicamente, en México hablar sobre impuestos es casi un tabú. Esto ha hecho que se refuercen diversos mitos sobre las finanzas públicas, que se han sostenido en el imaginario colectivo durante décadas y han debilitado la capacidad del Estado mexicano. Por ello, es momento de revisar al menos tres de estos mitos —más allá de los prejuicios— con datos y hechos.

Mitos

Ilustración: Patricio Betteo

Mito 1. El dinero público sí alcanza, pero se lo roban

Contrario a lo que se escucha de manera habitual, aun si erradicáramos toda forma de corrupción, lo que recauda el gobierno federal resulta a todas luces insuficiente para cumplir con sus obligaciones. Los ingresos públicos federales —es decir, lo que se obtiene por impuestos, derechos, aprovechamientos y otras figuras, así como por la venta de petróleo y gas— son muy bajos para el nivel de desarrollo de nuestro país. Cuando se miden los ingresos públicos federales respecto al tamaño de nuestra economía, por cada peso que se produce en México, el Estado recauda apenas poco menos de 13 centavos por impuestos, frente a ocho por otros ingresos, incluidos los ingresos petroleros.1

Con esto, a pesar de ser la decimosegunda economía más grande del mundo, México se encuentra en el último lugar por recaudación entre los países industrializados que forman parte de la OCDE —el llamado “club de los países ricos”— y en los últimos lugares de las economías de América Latina y el Caribe. Nuestro cobro de impuestos se encuentra en niveles similares a los de El Salvador, uno de los países más pobres de Latinoamérica, y Malí, una de las diez economías más pobres del mundo.

Una de las consecuencias directas de esto es la reducción del espacio fiscal; es decir, del margen de maniobra con que cuenta el gobierno federal para impulsar una agenda propia, una vez que ha cumplido con sus obligaciones impostergables, como el servicio de la deuda, el pago de pensiones, las transferencias a estados y municipios, o los gastos del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE. Ante el fuerte aumento de la deuda pública y del pago de pensiones, entre 2013 y 2018, el espacio fiscal pasó de 4.9 a apenas 3.1 por ciento del PIB; en parte tanto por el aumento de los ingresos en 1.1 puntos porcentuales, como en una caída de los ingresos —sobre todo los petroleros— de casi tres puntos porcentuales del PIB.

Mito 2. El petróleo puede volver a ser el motor del desarrollo de nuestro país

Durante décadas, los ingresos provenientes del petróleo y el gas permitieron sostener las endebles finanzas públicas mexicanas. Hasta el sexenio de Calderón Hinojosa, los ingresos petroleros representaron uno de cada tres pesos que ingresaban a las arcas federales. Esto se debía a que tanto la plataforma petrolera —es decir, el nivel de producción diario— como el precio internacional del crudo permitieron ingresos considerablemente altos, lo que llevó a la sobre explotación de nuestras reservas. La mala administración de los recursos derivados del petróleo no se tradujo en desarrollo y, prácticamente, se despilfarró la abundancia petrolera.

En 2019, el gobierno federal se enfrenta a un escenario preocupante. Por un lado, tanto la producción petrolera nacional como su precio internacional han caído a niveles históricamente bajos desde el gobierno de Peña Nieto,2 aunque se han recuperado en los últimos dos años, lo que ha llevado a que los ingresos petroleros representaran apenas 1 de cada 10 pesos que obtuvo el gobierno federal en 2018. Por el otro, el mercado energético internacional comienza su viraje hacia las energías renovables, con una caída histórica de los costos de producción de los energéticos derivados de fuentes limpias, acompañado de una agenda política global que empuja cada vez más por el combate frontal al cambio climático.

Esto parece implicar que estamos en un punto de no retorno para los combustibles fósiles, lo que volvería cada vez más costoso y menos rentable la producción de éstos. Dicha situación obligará al Estado mexicano, tarde o temprano, a replantear el peso de las energías convencionales tanto en su matriz energética como en sus finanzas públicas.

Mito 3. Las personas ricas sostienen al país con sus impuestos

Éste es el mito más difícil de romper debido a la opacidad de la información fiscal en México hasta fechas recientes. Contrario a la opinión popular, las grandes empresas pagan muchos menos impuestos de lo que se cree. Por un lado, existe una enorme brecha entre lo que las grandes fortunas deberían pagar por concepto de impuesto sobre la renta —el principal impuesto que, en teoría, debería servir para reducir las desigualdades en México— y lo que efectivamente pagan: según las bases del programa SAT más abierto, aunque la tasa nominal de ISR para los mayores ingresos en México debería ser de 32 por ciento, la tasa efectiva —es decir, la que en realidad se cobra— que se les cobra es de apenas 11 por ciento. Esto se debe a que nuestro sistema fiscal cuenta con una multiplicidad de resquicios y vacíos que permiten eludir de manera legal las obligaciones fiscales, especialmente a quienes tienen mayores ingresos.

A lo anterior se suman las repetidas amnistías fiscales de las que se han beneficiado, sobre todo, los grandes contribuyentes. Según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el programa Ponte al Corriente de 2013 permitió que a un grupo de apenas 46 contribuyentes se les perdonaran 81,209 millones de pesos en impuestos; frente a otros 110,525 contribuyentes a quienes se perdonaron 85,242 millones en total. Es decir, 0.04 por ciento de los beneficiados concentraron casi la mitad del total perdonado.3

¿Por qué han persistido durante lustros estos mitos sobre las finanzas públicas mexicanas? En buena parte, por la injusticia que sostiene a nuestro sistema fiscal. La extrema desigualdad económica que se mantiene en nuestro país es tanto una causa como un producto de esta injusticia, y sirve como recordatorio de que nuestro sistema fiscal no sirve para reducir la desigualdad económica, sino para sostenerla e, incluso, promoverla. De acuerdo con datos de la OCDE, el Estado mexicano es el que menos impacto tiene en la reducción de la desigualdad económica entre los países más industrializados del mundo,4 y la reciente evidencia muestra que incluso aumenta la pobreza por la acción fiscal.5

La coyuntura de la austeridad republicana debe impulsar el inicio de una verdadera discusión sobre las finanzas públicas del Estado mexicano. Si queremos un país con servicios y bienes públicos —como seguridad, educación, salud, transporte público o carreteras— de calidad, donde se garantice el ejercicio efectivo de los derechos humanos, debemos reconocer que estos derechos para todas las personas cuestan y cuestan mucho, pero vale la pena financiarlos.

Por ello, es necesaria una verdadera reforma fiscal a profundidad, que promueva un sistema fiscal con mayores ingresos, más justo y progresivo, que esté a la altura de las necesidades del Estado mexicano, y que privilegie los derechos de todas y todos por encima de los privilegios de unas cuantas personas.

 

Carlos Brown Solà
Internacionalista y economista.


1 Para ilustrar la dimensión de este problema, podemos compararnos con tres economías con niveles de desarrollo similares al mexicano: de acuerdo con datos de la OCDE, Colombia, Turquía y Hungría recaudan sólo por impuestos el 25, 18 y 38 por ciento de su PIB, respectivamente. Para ver más, consultar la Base de Datos Global de Estadísticas Tributarias de la OCDE.

2 De hecho, el promedio mensual de la producción diaria de petróleo se encuentra en sus niveles más bajos desde 1990, cuando se iniciaron los registros públicos de producción nacional.

3 El caso de la batalla judicial de Fundar a favor de la transparencia tributaria sobre condonaciones y cancelaciones ofrece un ejemplo de libro de texto al respecto. Para saber más, se puede consultar su micrositio Privilegios Fiscales.

4 OCDE (2019), "Income distribution Database", OECD Social and Welfare Statistics.

5 Scott, J., de la Rosa, E. & Aranda, R. (2017). Inequality and fiscal redistribution in Mexico: 1992–2015. WIDER Working Paper 2017/194. UNU-WIDER.