En 2006, en su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador acuñó el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”. En nuestros días, ya al frente del gobierno federal lo ha reafirmado: “Todo lo que ahorramos, todo, todo se destina al pueblo y de manera especial a la gente humilde”.1 Sin embargo, la carta de renuncia del ahora exdirector del IMSS, Germán Martínez, —donde dijo que el recorte presupuestal afectaba la cobertura y la calidad de los servicios del Seguro Social— mostró, entre otras cosas, que el gobierno federal carece de una concepción clara de la pobreza: el discurso y la práctica no parecen ser compatibles.

Vale la pena tratar de dilucidar qué entiende el actual gobierno por pobreza y mostrar las consecuencias que se derivan de ello, más aún cuando la solución a este problema es uno de sus distintivos respecto a las administraciones anteriores.

AMLO

Ilustración: Víctor Solís

La pobreza como un problema de ingresos

La concepción más extendida de la pobreza es la de una situación económica en la que un individuo carece del ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de salud, alimentación, educación, vestido, transporte y vivienda. El combate a la pobreza consistiría, entonces, en distribuir recursos a la mayor parte de la población vulnerable, no tanto para generar una sociedad igualitaria, sino una sin pobres.

Desde esa perspectiva, los pobres constituyen un verdadero problema económico: su situación los lleva a consumir poco, no cuentan con las habilidades laborales necesarias y la intromisión del Estado para que salgan de su precaria condición produce distorsiones en el mercado (se considera que alienta la pereza, la falta de iniciativa y crea una masa de gente dependiente que no quiere trabajar, entre otras cosas); a la postre, terminará afectando el crecimiento de la economía.

La solución neoliberal2 es conocida: un sistema de subvenciones sociales mínimas que compensen a quienes están relegados de la economía de mercado y les permitan aumentar su capital humano, mientras esperan que los frutos del crecimiento económico se distribuyan para todos gracias a una suerte de efecto cascada.3

Esa concepción y forma de combatir a la pobreza fue impulsada hace muchas décadas en América Latina, cuando varios gobiernos de la región aplicaron medidas de ajuste estructural que incluyeron, entre otras cosas, una política de austeridad que llevó al recorte del gasto social.4 Su mayor riesgo es que el Estado deja de lado la construcción y el robustecimiento de un aparato institucional que garantice servicios de calidad y oportunidades para todos.

La pobreza: una injusticia social

Existen otras formas de abordar la pobreza; entre ellas, la que considera que es una falta de justicia social que debe ser remediada por el Estado. En gran medida, esta concepción es deudora de las contribuciones teóricas de John Rawls y de Amartya Sen. Para el primero, la sociedad constituye un sistema de cooperación en el que los individuos se han puesto de acuerdo sobre los bienes primarios5 a los que todas las personas deben tener acceso, reguladas por las principales instituciones de la sociedad. Por tanto, en una sociedad justa no hay razón alguna para que alguien sufra la privación de esos bienes.6

Sen acepta la justicia distributiva de Rawls, pero difiere en un punto central: no son los bienes primarios los que deben estar garantizados para cualquier individuo, sino las capacidades (oportunidades reales) para alcanzar aquellas cosas que una persona puede valorar hacer o ser (functionings).7 Por ejemplo, comer suficientemente todos los días, acceder a los servicios de salud o asistir a la universidad. Así, lo importante es lo que se puede hacer con los medios disponibles. El problema es que las capacidades están desigualmente distribuidas en la sociedad y ese hecho constituye un dique que limita el libre desarrollo y las decisiones de los individuos.

No es extraño, entonces, que Sen considere a la pobreza como una carencia de capacidades básicas,8 la cual terminaría anulando la libertad. Para evitarlo el Estado debe garantizar que las personas —como sujetos activos y no como receptores de simples dádivas— tengan servicios de salud, de educación, de alimentación, etcétera. Por ello, esta aproximación pone el énfasis en las diferentes circunstancias de vida de los individuos que los colocan en situación de pobreza.

Gracias a la influencia de estos planteamientos, a nivel mundial se han desarrollado tanto mediciones como definiciones de pobreza multidimensionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas señala que la pobreza es un asunto de derechos humanos, que “va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles”.9

AMLO contra la pobreza

Al asumir el cargo de presidente de la República, al frente del primer gobierno de izquierda en México, AMLO pronunció un discurso en el que señaló: “El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales, no se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres”.10 Así, discursivamente el nuevo gobierno se posicionó del lado de quienes conciben a la pobreza como una injusticia social.

Hoy, sin embargo, hay una grave disonancia entre el discurso de AMLO y la manera en que combate la pobreza: por una parte, impulsa una serie de programas sociales que buscan redistribuir el ingreso y capacitar a poblaciones específicas, como Jóvenes Construyendo el Futuro; por otra, no obstante, la manera en que se ha puesto en práctica su política de austeridad y de combate a la corrupción debilita la capacidad del Estado para proveer servicios básicos de calidad y dotar de capacidades a los individuos.

El confuso camino que sigue AMLO para acabar con la pobreza quizá sea resultado de la incapacidad o de pugnas internas entre las élites en el interior de la Administración Pública, lo cierto es que lo pone en riesgo de concebir el problema de la pobreza como una mera situación individual de falta de ingresos.

Así, se repetiría la receta de aumentar el nivel de ingresos a los individuos menos favorecidos a través de transferencias monetarias directas, mientras se les deja la responsabilidad de salir de su situación de pobreza. Por ejemplo, el gobierno retiró el apoyo al Programa de Estancias Infantiles, con el argumento de evitar la corrupción y ahorrar recursos, para entregar los apoyos de manera individual y directa. Pese a los beneficios que este tipo de acciones pueden acarrear, se deja de lado las demandas de la población basadas en sus condiciones de vida: tipo de localidad, género, situación laboral, infraestructura a la que tiene acceso, etcétera.  

Las consecuencias para la población pueden ser graves, más aún en un país donde la pobreza afecta a más del 40% de los mexicanos. En un caso hipotético, un anciano enfermo que vive en una localidad marginal en Oaxaca, aunque reciba ingresos a través del Programa de Pensión para Adultos Mayores, se encontrará con grandes dificultades cuando pretenda tratar su enfermedad: que no haya una clínica u hospital cercano que pueda atenderlo, que no cuente con especialistas que puedan brindarle un diagnóstico eficiente o que no disponga de medicamentos.

Quizá el gobierno de López Obrador debe reorientar sus acciones para que coincidan con la concepción de pobreza que maneja a nivel discursivo. Esto quiere decir que la austeridad no afecte el gasto destinado a la población pobre y que el combate a la corrupción no signifique la desaparición de infraestructura social sin que medie una cuidadosa evaluación. En otras palabras, es necesario que el gobierno federal siga impulsando una estrategia de redistribución del ingreso, pero acompañada del fortalecimiento de las instituciones encargadas de prestar los servicios básicos de salud, vivienda, educación, transporte, entre otros. Sólo así será cierto su atinado lema: “por el bien de todos, primero los pobres”.

 

Dalia Vázquez y Daniel Moreno
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.


1 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, México, Sitio oficial del Presidente de la República, 28 de mayo de 2019, [consulta: 31 de mayo, 2019].

2 Para una revisión de cómo ha pensado el neoliberalismo a la pobreza, véase: Lukasz, Czarnecki, “La concepción de la pobreza en el modelo neoliberal. ¿Cómo entender la lucha contra la pobreza en México?”, Frontera norte, núm. 49, vol. 25, México, enero-junio, 2013, pp. 179-191.

3 El Banco Mundial adoptó esta posición, como puede verse en el “Informe Anual 1991”, Washington DC, p. 51.

4 Un análisis de cómo se implementó el neoliberalismo en países latinoamericanos puede encontrarse en David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, Madrid, Akal, 2007, pp. 109-118.   

5 “Los bienes sociales primarios, presentados en amplias categorías, son derechos, libertades y oportunidades, así como ingresos y riquezas”. John Rawls, Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 114.

6 Para Rawls “una sociedad está bien ordenada no sólo cuando está diseñada para promover el bien de sus miembros, sino cuando también está efectivamente regulada por una concepción de justicia. Esto quiere decir que se trata de una sociedad en la que: 1) cada cual acepta y sabe que los otros aceptan los principios de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas satisfacen estos principios y se sabe generalmente que lo hacen”. Ibid., p. 21. 

7 Amartya Sen, Development as freedom, USA, Anchor Books, 2000, p. 75.

8 Amartya Sen, ibid., p. 87.

9 Naciones Unidas, Acabar con la pobreza, [consulta: 25 de mayo, 2019].

10 s/a, “Discurso íntegro de Andrés Manuel López Obrador al rendir protesta como presidente”, México, Animal Político, 1 de diciembre de 2018, [consulta: 25 de mayo, 2019].