Este martes 9 de julio, Carlos Urzúa presentó su renuncia al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Apenas unos minutos después de la renuncia, López Obrador anunciaba que el hasta ahora subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reemplazaría a Urzúa al frente de la SHCP, a reserva de la necesaria pero segura ratificación en el Congreso. No es la primera vez que se presencia este relevo: en el año 2004, Herrera sucedió a Urzúa —aunque con la breve gestión de Gustavo Ponce de por medio–— tras su salida como Secretario de Finanzas del Gobierno del entonces Distrito Federal en el año 2003, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la ciudad.

Estas decisiones deben leerse tanto desde la forma como desde el fondo. En la forma, contrasta el tono de la renuncia de Urzúa con el de la respuesta de López Obrador. Urzúa renunció por medio de una dura carta —que parece una advertencia de su parte— donde pone en el centro los conflictos entre las distintas corrientes políticas dentro del gobierno de López Obrador y la manera en que se está decidiendo y ejecutando la política fiscal de esta administración. La difícil relación entre Urzúa y la oficial mayor de la secretaría, Raquel Buenrostro, quien controla el uso de los recursos federales en toda la administración pública federal, podría ser una de las explicaciones detrás de esta decisión.

Renuncia

Ilustración: Víctor Solís

Frente a dicha carta, el presidente anunció por medio de un video en sus redes sociales que aceptaba la renuncia de Urzúa y nombraba a Arturo Herrera como subsecretario. Reiteró su creencia (equivocada) de que la austeridad republicana —es decir, tanto la eliminación de los privilegios de la alta burocracia como el combate frontal a la corrupción desde su concepción clásica— es suficiente para la adecuada operación del gobierno federal, así como para el combate de la pobreza y de las extremas desigualdades en México.

En el fondo, las señales de estos cambios parecen claras. El presidente quiere mantener una fuerte injerencia en las decisiones sobre el origen y uso de los recursos públicos federales, independientemente de quién encabece la SHCP. Además, quedó latente que, a su parecer, quienes deciden no formar parte de su gobierno no están del lado de la transformación del país que él encabeza. Así, poco parecen importar la experiencia y sensibilidad de quien ocupa el puesto, sino su capacidad para lograr operar de manera exitosa el mandato de austeridad republicana que pronto estará consolidado en su propia ley.

Hasta el momento en que se escriben estas líneas, la reacción negativa de los mercados financieros no se ha hecho esperar: en lo que va de la jornada, el peso se ha depreciado en casi uno por ciento y el IPC cae 1.7 por ciento en el mismo período; aunque seguramente con el reemplazo de Herrera, esta caída se amortiguará en mayor o menor medida. Pero las implicaciones de esta decisión van mucho más allá que la mera reacción inmediata, sino en las consecuencias que podría tener en el corto y mediano plazo.

Estos cambios vienen en un momento político y económico complicado. Por un lado, en apenas dos meses se presentará el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020, en una coyuntura donde la implementación de los lineamientos de la austeridad republicana tiene los recortes y ajustes presupuestarios en medio del debate público cada semana desde el inicio de esta administración.

Por el otro, en el curso de este mes Pemex presentará su nuevo plan de negocios —tras las amenazas de una baja de calificación para retirar el grado de inversión por parte de Moody’s, tras la decisión de Fitch en el mismo sentido— donde se planteará tanto la recuperación de la producción de crudo como el plan para la viabilidad financiera de la empresa. Aquí, se tambalearía la certidumbre que representaba la presencia y peso de Urzúa en las decisiones de política económica.

Las decisiones económicas de esta administración no pueden recaer en unas cuantas personas, deben escucharse y contrastarse opiniones y visiones sobre el uso de los recursos públicos. Por ello, no importa quién esté al frente de la SHCP mientras no se entienda la necesidad de que las finanzas públicas deben operar con contrapesos políticos efectivos y adecuados, tanto al interior del Ejecutivo como desde el Legislativo federal.

 

Carlos Brown Solà
Economista e internacionalista.