En circular emitida el 29 de abril de este año, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruía a todas las dependencias federales que toda persona “contratada a partir del 1 de diciembre de 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberá ser separada de su cargo”.

Al mismo tiempo, se habían instalado ya en las distintas entidades federativas los coordinadores estatales de los programas de desarrollo, que eventualmente comenzaron a llamar “superdelegados” en los distintos medios; mientras que en las áreas educativa y laboral, empezaban ya a distribuir los apoyos económicos o “becas mensuales” dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los objetivos de dichas medidas parecen obedecer objetivos tan dispares como la redistribución, la centralización y la austeridad. Y esta misma disparidad entre objetivos ha comenzado a causar ciertas fricciones y ajustes no sólo entre los diversos programas de la llamada “4T”, sino entre las atribuciones de los titulares del gabinete del gobierno federal. Una de las consecuencias más recientes de dichas fricciones fue la salida de Carlos Urzúa como Secretario de Hacienda y Crédito Público, declarando que “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Ilustración: Víctor Solís

El gobierno de la 4T ha gritado a los cuatro vientos que lo que busca es un “cambio de régimen”, más que un mero cambio de gobierno. Tal parece que, gradualmente, la 4T ha caído en cuenta que cambiar de régimen no es cosa sencilla, ni siquiera cambiar de gobierno a pesar de la cuasi-mayoría que tiene Morena en el congreso y de las declaraciones sobre lo sencillo que es gobernar de parte del presidente.

Evidencia de ello ha sido el desabasto de gasolina y de medicamentos a nivel nacional. Las licitaciones desiertas en el sector energético. Las contradicciones entre declaraciones de los miembros del gabinete y del presidente, entre otros casos. La 4T está descubriendo a tropiezos que el poder puede tener distintas aristas. Según el sociólogo Michael Mann (1984), todo Estado cuenta, en distintos grados, con dos tipos de poder (autonomía de poder y poder infraestructural), los cuales debe balancear para cumplir con sus cometidos. La autonomía de poder se refiere a la capacidad de tomar decisiones por encima de cualquier otro grupo político o social, mientras que el poder infraestructural contempla las cualidades operativas y de penetración en la sociedad.

En otras palabras, la autonomía de poder representa aplicarlo por encima de la sociedad; mientras que el poder infraestructural se aplica a través de la sociedad. Así, idealmente, todo Estado debe llegar a ese equilibrio entre ambos, procurando que el Estado esté libre de las manipulaciones de grupos fácticos o de capturas estatales y que, al mismo tiempo, tenga esa capacidad de penetrar en la sociedad para implementar sus objetivos a través de ella.  De las combinaciones que puedan darse entre estos dos poderes surgen cuatro tipos de Estado:

 

Poder infraestructural

Nivel bajo

Nivel alto

Autonomía de poder

Nivel bajo

Feudal

Burocrático

Nivel alto

Imperial

Autoritario

Fuente: Adaptado de Mann, 1984

De las combinaciones posibles entre estos dos poderes, el estado feudal es el más débil al contar con deficiencias tanto en autonomía de poder como en nivel de operatividad o infraestructura –el cual viene a ser representado históricamente por los Estados europeos medievales. Una vez que el Estado adquiere mayor autonomía de poder sin necesidad de coordinarse con otros grupos fácticos o poderosos, ya sean lores o señores feudales, se transita hacia un modelo imperial de Estado, cristalizado en los Estados persas y en el Imperio Romano. Sin embargo, el Estado imperial seguía sin las capacidades técnicas (la división de labores y la centralización administrativa) necesaria para operar de manera eficiente a lo largo y ancho de su territorio.

Ya en tiempos contemporáneos, el Estado moderno ha logrado combinar ambos tipos de poderes, y cuando tiene ambos en un nivel muy alto genera un Estado autoritario —como lo es actualmente China—. O bien, cuando ha promovido una mayor participación de la sociedad, se tiene un alto grado de operatividad con una mayor participación ciudadana y criterios técnicos para implementar las políticas públicas —el Estado burocrático, que actualmente pudiera ser representado por países como Suiza, Estados Unidos y, teóricamente, por países democráticos en general—.

Por lo pronto, en México, ya se ha vuelto evidente que el “mandato” que tanto se ha presumido entre los voceros de la Cuarta Transformación, y que quieren asemejar a esa “autonomía de poder”, no es suficiente para aterrizar la operatividad necesaria en un país de más de 120 millones y una extensión territorial de 1.973 millones de kilómetros cuadrados.

Tal vez el tipo de poder más relevante que debe construir o consolidar el Estado contemporáneo no es el de autonomía, sino el poder infraestructural. De acuerdo a Mann, este poder infraestructural representa la capacidad del Estado para implementar o ejecutar sus políticas públicas en la totalidad de su territorio. Para consolidar este poder, se requieren al menos cuatro elementos esenciales: a) la capacidad de proveer servicios públicos de manera centralizada y especializada, a través de una división de labores (haciendo eco con esa división de labores que Adam Smith ejemplificó magistralmente con la manufactura de los alfileres); b) garantizar la alfabetización de la población, para informarle de las leyes y objetivos del propio Estado y tener una “conciencia colectiva” sobre el poder del Estado y cómo éste lo emplea; c) tener un sistema armonizado de pesos y medidas al igual que un tipo de cambio estandarizado, y d) tener sistemas efectivos de comunicación y transporte.

De los anteriores elementos, es el primero el que más se ha puesto en riesgo en los primeros meses de gobierno de López Obrador debido, sí, a los habituales problemas del cambio de estafeta de una administración a otra, pero también debido a la compaginación de los objetivos de austeridad y cambio de régimen que han redundado en un recorte, hasta el momento, del 8.6% de servidores públicos de la Administración Pública Federal.

Ante este panorama, un grupo de expertos —compuesto por académicos, servidores públicos y ex servidores públicos— alertaron al presidente López Obrador sobre las consecuencias negativas de estos recortes: “Bajo el supuesto de un recorte drástico como el que nos ocupa, es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para, en su caso, ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública” (Navarro, 2019). Algo que se ha problematizado aún más en el gobierno federal con la reciente salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda.

A pesar de las connotaciones negativas que la “burocracia” o el “Estado burocrático” ha tenido en épocas recientes, dicho modelo auspiciado primeramente por Max Weber representa la conjunción ideal de criterios gubernamentales eficientes, técnicos y meritocráticos al mismo tiempo que se propicia la participación ciudadana. Para llegar entonces a cristalizar estos criterios en nuestro gobierno es que se requiere hacer énfasis en ese otro poder que siempre queda relegado al segundo plano: el poder infraestructural.

 

Walid Tijerina
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de York, Inglaterra, y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su libro Industrial Development in Mexico: Policy Transformation from Below fue publicado por Routledge.

Referencias
Mann, M., “The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results”, European Journal of Sociology/Archives européennes de sociologie, 25 (2), 185-213, 1984.
Navarro, M.F., “Las sufridas salidas de empleados especializados y de confianza del gobierno actual”, Forbes, julio 8, 2019.