El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió desde su campaña presidencial a no incrementar las tasas impositivas vigentes ni a generar nuevos impuestos. Adicionalmente prometió que no se iba a contratar más deuda. Ello tuvo dos grandes reacciones en el espectro social; la primera fue de franco apoyo, y la segunda de zozobra. Zozobra porque se estaban comprometiendo grandes obras de infraestructura, se prometía emprender importantes programas sociales para atender a grandes sectores de la población, todo lo anterior, se presuponía, sin dejar de atender aquello que el Estado ya hacía. En pocas palabras, se vislumbraba un ambicioso proyecto de gasto público.

La incertidumbre surgía justamente de la ambición de las aspiraciones y lo limitado de los recursos fiscales (con los que, vale decir, México históricamente ha lidiado). ¿Cómo lo haría el que a la postre se convertiría en presidente? Ésa fue la gran incógnita. Él sostenía, y aún lo hace, que los recursos se obtendrían del combate a la corrupción y de acabar con los lujos en el gobierno; esto es, de emprender una política que denominó de austeridad republicana.

Ilustración: Patricio Betteo

Sin embargo, tan sólo unos meses después de iniciado el sexenio y el año fiscal (2019), los recursos ya mostraban señales de no ser suficientes. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó al Congreso de la Unión que, de enero a abril de 2019, los ingresos presupuestarios disminuyeron en 0.1% en términos reales respecto al mismo periodo de 2018.  Y, a pesar de que los ingresos tributarios crecieron 4.5% en términos reales, esto no ha sido suficiente para cumplir cabalmente con las obligaciones del Estado. Menos dinero y más responsabilidades públicas que cubrir son incompatibles. Definitivamente no se puede hacer más, (si se quiere hacer bien) con menos dinero.

Esta encrucijada nos recuerda que México ha postergado año con año, y sexenio tras sexenio, una auténtica reforma fiscal que dote al Estado de los recursos suficientes para atender sus funciones. Prueba de lo anterior es que, de acuerdo con la SHCP, de 1990 a 2018 el promedio de recaudación tributaria como porcentaje del PIB fue de 9.4% y al cierre de 2018 fue de 13% (ver gráfica 1); sin embargo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de la región de América Latina fue de 23.1%, el promedio de los miembros de la OCDE fue de 34% y la media del continente africano fue de 19.1%. Es decir, nuestras tasas de recaudación tributaria son de las más bajas del mundo y sólo son comparables con las tasas que registran países con ingresos per cápita inferiores a nosotros, como por ejemplo, la República Democrática del Congo, Uganda, Indonesia, Guatemala y República Dominicana.

De acuerdo con Ros (2015), aun cuando se incluyeran en los ingresos tributarios las regalías y los derechos pagados por Pemex, la carga fiscal subiría (ver gráfica 2), pero sin superar los ingresos tributarios que corresponderían al nivel de desarrollo económico con el que contamos. La pregunta es, por tanto, ¿por qué deberíamos preocuparnos por recaudar tan poco? Sencillo, porque al tener tan bajas tasas de recaudación, el Estado tiene menos margen de acción para proveer bienes y servicios públicos, menos capacidad para generar y acumular capital, y  menos capacidad de fomentar el crecimiento económico de largo plazo. Es decir, estamos en una situación donde no cobrar más impuestos tiene un costo de oportunidad altísimo en términos de crecimiento y desarrollo.

El ejemplo más palpable de no recaudar más han sido los constantes y considerables recortes en el gasto público que se han experimentado desde años atrás y que han limitado considerablemente la provisión de bienes y servicios públicos para la población.

Hoy, confluyen dos cosas: 1) la ya de por sí raquítica carga tributaria, y 2) la promesa del presidente de la república de no cobrar ni crear nuevos impuestos en por lo menos los primeros tres años de su gobierno. La combinación de estos dos elementos sólo significará que seguiremos dependiendo de los ingresos que puedan provenir de PEMEX en épocas de abundancia petrolera o que, inevitablemente, seguiremos experimentando considerables recortes en el gasto público. Es decir, estamos en una situación de austeridad presupuestal que nos recuerda que no cobrar impuestos sale caro, carísimo, en términos de la calidad y cantidad de los bienes y servicios públicos que la población puede recibir a cambio de contribuir a la Hacienda Pública.

Necesidad de una reforma fiscal

En tiempos de austeridad, la recomendación hecha por Nicolás Kaldor en 1960 sobre una reforma fiscal en México continúa vigente y toma el carácter de urgente. De acuerdo con Tello (2015) para Kaldor existían dos razones fundamentales para emprender una reforma fiscal en México:

1. Porque los ingresos corrientes provenientes de los impuestos resultaban inadecuados para solventar las necesidades de una comunidad dinámica con rápido crecimiento de población y necesidad de desarrollo acelerado.

2. Por la creciente desigualdad económica entre las diferentes clases, junto con el carácter regresivo del sistema impositivo que amenazaba con minar el edificio social, poniendo en peligro las perspectivas de una evolución pacífica y constitucional de la sociedad.

Sus palabras, a la luz de los años, resultan petrificantes pues la exigencia de una reforma fiscal está presente desde hace por lo menos cincuenta años y, al contrario de lo que se promueve hoy, ninguna política de austeridad en el gasto dotará de los recursos suficientes para atender (completa y eficientemente) las funciones esenciales del Estado; por el contrario, disminuir el gasto público para ahorrar lo único que acentúa es el carácter procíclico del recorte. Para emprender una auténtica transformación se necesita abordar una reforma fiscal que dote de mayor equidad, eficiencia y capacidad recaudatoria al sistema fiscal mexicano.

Para Tello (2015) es necesaria una reforma fiscal que logre un sistema impositivo más equitativo, eficiente y con una capacidad recaudatoria que permita duplicar la carga fiscal en el mediano plazo. Para el economista mexicano, al contrario de lo que actualmente se promueve, la necesaria reforma fiscal debe ponderar cuidadosamente la introducción de nuevos impuestos, la modificación de gravámenes existentes (en particular el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), la simplificación administrativa en materia tributaria, la eliminación de muchas exenciones y gastos fiscales, al igual que los tratamientos especiales.

Reflexiones finales

En definitiva a nadie le gusta pagar más impuestos, pero el no hacerlo día con día nos cuesta mucho más caro a todos, pues no recibimos los bienes y servicios públicos de la calidad y en la cantidad necesaria, no se contribuye al crecimiento de largo plazo mediante inversiones de infraestructura física y social, ni tampoco se cumple con la función de redistribución, orientada a reducir la concentración del ingreso y la riqueza mediante un sistema de impuestos progresivo y una estructura de gasto que atienda las necesidades de los deciles de menores ingresos.  En definitiva, no cobrar impuestos parece una buena idea, pero no lo es.

 

Daniela Vianey García Pureco
Maestra en Economía por la UNAM.

 

Referencias

Jaime Ros, “La trampa fiscal: la baja carga tributaria como obstáculo al crecimeinto y distribución”, Grandes problemas ¿cómo salir de la trampa de lento crecimiento y alta desigualdad? (págs. 47-67), COLMEX-UNAM, Ciudad de México, 2015.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Enero-abril de 2019. Ciudad de México, 2019.
Joseph Stiglitz, “Los impuestos: introducción”, La economía del sector público (págs. 475-510), Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2016.
Carlos Tello M., “Sobre la baja y estable carga fiscal en México”, CEPAL-Serie Estudios y perspectivas, 1-29, CEPAL, México, 2015.


1 Los ingresos presupuestarios consisten en la suma de los Ingresos Petroleros y los No petroleros.  En estos últimos están incluidos los ingresos tributarios, los no tributarios, los ingresos de los organismos de control presupuestario directo y los ingresos de las empresas productivas del Estado.

2 Cuando se habla de cobrar más impuestos se entiende que éstos deben cumplir con las cinco propiedades que establece Stiglitz: 1) eficiencia, 2) sencillez administrativa, 3) flexibilidad, 4) responsabilidad política y 5) justicia.