El ejercicio indebido del servicio público y, particularmente, el mal uso de los recursos públicos son, sin duda, motivos de indignación y enojo para cualquier ciudadano. Ahora, supongamos que estos recursos estaban dirigidos a combatir la pobreza que enfrentan día a día alrededor de 55 millones de personas. Digamos, también, que se nos promete que esos mismos recursos serán utilizados, entre otras buenas y benevolentes acciones, para un proyecto histórico y sin precedentes que va a ayudar a poco más de siete millones de personas a superar el hambre y la pobreza extrema. Finalmente, imaginemos que, pasados los años, resulta que no ocurrió nada de lo antes prometido, además de que cinco mil millones de pesos simplemente desaparecieron. La indignación y el enojo, por supuesto, explotan.

Ilustración: Víctor Solís

Eso es justamente lo que ocurrió durante la administración de Rosario Robles Berlanga al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) entre diciembre de 2012 y agosto de 2015. El gran proyecto que le fue encomendado por Enrique Peña Nieto, desde la presidencia, fue la llamada y fallida “Cruzada contra el Hambre”. El 22 de enero de 2013 se publicó el Decreto de creación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre que lo definía como una estrategia de inclusión y bienestar que, a través de esquemas de coordinación de toda la Administración Pública Federal y de la sociedad civil, debía combatir la condición conjunta de carencia por acceso a la alimentación y pobreza extrema.

En 2017, investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y de la organización civil Tojil A.C. revelaron que la Cruzada contra el Hambre fue la fachada ideal para una de las estafas más polémicas de los últimos años: la Estafa Maestra.

So pretexto de un proyecto que consideraba no sólo a actores del gobierno federal, sino también a la sociedad civil y a la academia, se firmaron múltiples contratos con universidades públicas que dieron lugar a los potenciales desvíos de recursos. Esto se llevó a cabo bajo un esquema de contratación establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 1) que permite una excepción a las entidades públicas sobre llevar a cabo los procedimientos de contratación de dicha ley. Es decir, en estos casos no es necesario hacer licitaciones y se pueden realizar convenios a través de adjudicaciones directas. 

Fue así como la SEDESOL, representada por Rosario Robles, celebró convenios con universidades públicas que, además de no cumplir con los entregables establecidos o con las condiciones mínimas señaladas en los convenios, dieron lugar a desvíos de 5,073,358,846 pesos a empresas fantasmas e ilegales. Por tal motivo, el pasado 13 de agosto, Rosario Robles fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y, como medida de precaución ante riesgos que pudiera presentar el proceso, fue enviada a prisión preventiva en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. 

En un país donde los escándalos de corrupción son comunes y cotidianos, Rosario Robles es la primera secretaria de estado en la historia de México en dormir en una prisión, lo cual pudiera resarcir un poco la indignación y el enojo. Sin embargo, el proceso apenas comienza y las características del sistema de justicia en México desatan una serie de preocupaciones al respecto que no debemos perder de vista en torno a la Estafa Maestra.

En principio, la Estafa Maestra involucra a muchos más actores y servidores públicos que Rosario Robles. Entre los nombres más relevantes se encuentran el de Emilio Zebadúa, Oficial Mayor en SEDESOL en el mismo periodo que Robles y quien supone ser su principal operador; Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México y quien estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Emilio Lozoya quien estaba al frente de Petróleos Mexicanos y cuyo actual paradero se desconoce; los representantes de las universidades públicas también involucradas; y desde luego, José Antonio Meade, quien no dio seguimiento o resolución al problema previamente advertido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni como receptor de la batuta de Rosario Robles en la SEDESOL, ni como Secretario de Hacienda y Crédito Público en el mismo sexenio. Lo anterior debería dar lugar a que las investigaciones continúen con cada uno de ellos (y los que deriven de las mismas) y no quedarse sólo con Rosario Robles como mensaje, sin duda contundente, pero político.

En segundo lugar, el delito por el que se le acusa es el ejercicio indebido del servicio público, mismo que no es catalogado como delito grave. Al mismo tiempo, la prisión preventiva es considerada, en muchos casos, como una potencial violación a los derechos humanos al permitir el encarcelamiento indiscriminado y violar el principio de presunción de la inocencia. Pese a todo lo anterior, el juez dictó prisión preventiva bajo el argumento constitucional de que las medidas cautelares no eran suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación.

Esta situación ha dado lugar a críticas y cuestionamientos de todo tipo. Tan sólo un par de días después de que Rosario Robles llegara a Santa Martha, se desató la polémica al respecto, cuestionando la objetividad del juez y desviando la atención de lo más relevante del caso, que es el delito que se está investigando y, sobre todo, la red de corrupción que hay detrás.

Otra de las preocupaciones que deberían surgir y no perderse de vista es la excepción que permite la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a sí misma. Como ya se señaló, los contratos bajo este esquema no están obligadas a hacer licitaciones públicas y pueden realizarse como adjudicaciones directas y, en realidad, se conciben como convenios de colaboración que, pueden o no, considerar penas y deducciones ante el incumplimiento del servicio convenido. Esto fue precisamente lo que dio lugar a la participación de, al menos, 20 universidades públicas, involucradas por la subcontratación de otras empresas para la prestación de los servicios establecidos en el convenio, al no tener la capacidad para cumplir con los mismos. El principal problema fue que estas instituciones educativas excedieron el porcentaje permitido para la subcontratación además de que, ante las observaciones de la ASF, no lograron acreditar que las empresas subcontratadas hayan cumplido con los trabajos y compromisos definidos en los convenios. Es preciso señalar que ya se han presentado iniciativas de reformas al respecto ante el Congreso, pero, hasta el día de hoy, la excepción a licitar sigue siendo posible para cualquier entidad pública.

Por otro lado, la desconfianza en el sistema de justicia en México ha generado opiniones públicas como que se trata de una cortina de humo, que es un chivo expiatorio, que será la “Elba Esther” de este sexenio, o que simplemente se trata de un montaje y que en un par de semanas estará libre bajo fianza y sin mayor repercusión por el delito del que se le acusa. Aquí lo importante será que las investigaciones se desarrollen de manera transparente y certera a fin de no caer en prácticas de impunidad; mucho menos, que se permita la reproducción del ciclo de corrupción. En tanto eso se cumpla, el propio sistema de justicia se verá beneficiado.

Por último, y quizá la preocupación más importante, es cómo evitar que esto se repita y, peor aún, que se convierta en una práctica recurrente entre entidades públicas. Como también se sabe, el mismo esquema de contratación de servicios (y desvíos) se replicó cuando Rosario Robles tomó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con exactamente el mismo mecanismo de operación e incluso con los mismos protagonistas, como Zebadúa de nuevo en la Oficialía Mayor. Esto fue posible gracias a varios factores empezando por la consolidación que ya tenía la red de corrupción en la que se basó la Estafa Maestra y que permitió que ésta se ampliara. Se dio también gracias a que la Ley de Adquisiciones permitió que la base de dicha consolidación se diera en un marco de total legalidad, pues las adjudicaciones directas eliminan cualquier requisito y criterio de selección de las universidades contratadas.

La Estafa Maestra ha evidenciado las múltiples áreas de mejora que hoy presentan los esquemas de contrataciones públicas, la falta de transparencia en estos procedimientos, las redes de corrupción que operan desde los puestos de más alto nivel en la APF, y de nuevo, las deficiencias del sistema de justicia. Pero también representa una oportunidad de oro para la nueva administración, al ser el primer caso tangible de aplicación efectiva de la justicia y de los principios que se han venido vanagloriando desde el periodo de la campaña electoral; entre ellos “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

 

Ariadna Díaz
Economista por la Facultad de Economía de la UNAM y por The University of York en el Reino Unido.